Ariadna Molina Ambriz

Expediente 1872/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1872/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Ariadna Molina Ambriz y Otros.
  • Ariadna Molina Ambriz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de María Elena Navarrete Zúñiga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el nueve de noviembre de dos mil veinte, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; para los efectos siguientes: "(.) la protección constitucional que se concede es para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 1. Deje insubsistentes el oficio 193300EL353181 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; 2. En su lugar, emita otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto de los quejosos Ariadna Molina Ambriz, Raúl Arturo Pérez Yáñez y Mauricio Álvarez Castrejón, que implique una autorización a éstos para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368 en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa con plena autonomía deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido a los quejosos. Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata; sin embargo, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos; como se desprende de los numerales que a continuación se transcriben: (.) Finalmente, cabe señalar que la presente sentencia de amparo: I. No constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que debe dar cumplimiento a este fallo. II. No permite que se expida a favor de los quejosos autorización alguna para llevar a cabo el consumo personal de marihuana en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni para conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, ni tampoco permite que se expida autorización a favor de los promoventes del juicio para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana en espacios privados. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 6/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD". III. En el entendido que las diversas conductas que los quejosos realice en el contexto del consumo, producidas o no por los efectos de la marihuana, y que sí afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de violencia frente a terceros, delitos de robo, narcotráfico, el narcomenudeo, la corrupción de menores, conducir vehículos bajo los efectos de marihuana), lógicamente deban entenderse como acciones que desbordan y que están fuera de la protección de la presente sentencia y de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada de las personas, y por tanto deban sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables.". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R.A. 47/2021, de su índice, confirmó la citada sentencia. En auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio registrado con el folio 16043, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios remitió copia certificada del memorial COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-15797-2021, de tres de septiembre del presente año, signado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la referida comisión, en el que emitió la autorización sanitaria a los quejoso, para el uso regulado de las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", conocidos en conjunto comúnmente como marihuana. Esto es, el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, estableciendo los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, así como las restricciones correspondientes. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente la parte quejosa.

  3. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el cual establece: Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el nueve de noviembre de dos mil veinte, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; para los efectos siguientes: "(.) la protección constitucional que se concede es para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 1. Deje insubsistentes el oficio 193300EL353181 de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; 2. En su lugar, emita otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto de los quejosos Ariadna Molina Ambriz, Raúl Arturo Pérez Yáñez y Mauricio Álvarez Castrejón, que implique una autorización a éstos para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368 en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa con plena autonomía deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido a los quejosos. Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata; sin embargo, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos; como se desprende de los numerales que a continuación se transcriben: (.) Finalmente, cabe señalar que la presente sentencia de amparo: I. No constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que debe dar cumplimiento a este fallo. II. No permite que se expida a favor de los quejosos autorización alguna para llevar a cabo el consumo personal de marihuana en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni para conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, ni tampoco permite que se expida autorización a favor de los promoventes del juicio para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana en espacios privados. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 6/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD". III. En el entendido que las diversas conductas que los quejosos realice en el contexto del consumo, producidas o no por los efectos de la marihuana, y que sí afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de violencia frente a terceros, delitos de robo, narcotráfico, el narcomenudeo, la corrupción de menores, conducir vehículos bajo los efectos de marihuana), lógicamente deban entenderse como acciones que desbordan y que están fuera de la protección de la presente sentencia y de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada de las personas, y por tanto deban sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables.". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R.A. 47/2021, de su índice, confirmó la citada sentencia. En auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio registrado con el folio 16043, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios remitió copia certificada del memorial COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-15797-2021, de tres de septiembre del presente año, signado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la referida comisión, en el que emitió la autorización sanitaria a los quejoso, para el uso regulado de las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", conocidos en conjunto comúnmente como marihuana. Esto es, el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, estableciendo los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, así como las restricciones correspondientes. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de once de octubre de dos mil veintiuno, en la que la actuaria adscrita a este Juzgado, asienta los motivos por los que no pudo notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el domicilio señalado para tal efecto, toda vez que al acudir al mismo, le informaron que ya no se encontraban residiendo ahí. Dicho supuesto resulta equiparable a la falta de designación del domicilio por parte de la quejosa, en tanto que se impide el objetivo de lograr la práctica de notificaciones personales al interesado, por lo tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese la citada notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 20/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese y por lista el acuerdo de veintidós de septiembre del presente año.

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