Ariadna Landa| Montiel
Expediente 526/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Ariadna Landa| Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Archívese como asunto totalmente concluido; original susceptible de depuración; duplicado susceptible destrucción.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración; devuélvase constancias remitidas por autoridad responsable.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales **********, contra el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, atento a las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de esta resolución. CUARTO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARA PARTE TERCERO INTERESADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 526/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 526/2018, y; (...) Ahora bien, del contenido integral de la demanda tanto del apartado relativo a los actos reclamados, los antecedentes y los conceptos de violación como fueron planteados, así como del escrito aclaratorio, se advierte que éstos consisten en: a) El auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por medio del cual se fijaron las dieciséis horas del treinta y uno de mayo de esta anualidad, a efecto de que la parte actora *** se presentara en compañía de la menor de iniciales *** en el consultorio del psicólogo ***, para la practica de la valoración psicológica. b) Apercibimiento de arresto de cuatro horas en caso de no presentarse. TERCERO. La autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye (foja 407). (.) CUARTO. SE DEBE SOBRESEER en esta parte del juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil *** del índice del juzgado responsable, por medio del cual se fijó fecha y hora a efecto de que la aquí quejosa se presentara en compañía de la menor de iniciales *** para la practica de una valoración psicológica, por los motivos que a continuación se exponen. Toda vez que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público, su estudio es preferente y además oficioso, las invoquen o no las partes, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, que disponen: (.) De los preceptos normativos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando, además de las hipótesis establecidas en el artículo 61, la misma resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia Ley de Amparo; pero también, cuando se actualiza alguna instituida en jurisprudencia. En tal virtud, la jurisprudencia que conforma dicha causal de improcedencia es la identificada con el número 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 12, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 393973, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Del análisis de la jurisprudencia en mención, se colige que el juicio de amparo es improcedente si se reclaman actos que son derivados de los que fueron consentidos por el gobernado. En ese orden de ideas, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere como improcedente el juicio de amparo instado contra actos que son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Es decir, son acciones u omisiones de la autoridad que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que en su momento el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió por alguna vía. Asimismo, nuestro máximo tribunal ha establecido cuáles son los supuestos que deben darse para que opere esta causal de improcedencia, a saber: a) La existencia de un acto anterior consentido y, b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Lo anterior, se deriva de la tesis aislada . de rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo tanto, en la hipótesis a estudio se actualiza la causa de improcedencia, denominada "acto derivado de otro consentido", esto en razón de que el acto reclamado es consecuencia directa de otro que en su momento no se recurrió, como se explicará en líneas subsecuentes. De las constancias certificadas que en apoyo a su informe remitió la juez responsable, deducidas del juicio ordinario civil *** que obran en un tomo de pruebas por separado, se advierte que ***demandó en la vía ordinaria civil a ****, entre otras prestaciones, el divorcio encausado, la guardia y custodia de la menor de iniciales *** Asimismo, que la juez señalada como responsable dio curso a dicha demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada quien, al dar contestación a la misma, demandó en reconvención a la aquí quejosa, ofreciendo para tal efecto diversas pruebas. Que por auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la juez responsable ordenó la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes, entre las que se encontraban las periciales en psicología ofrecidas por el demandado en lo principal y actor en reconvención, contenidas en los incisos G) y H) de su escrito de demanda (fojas 139 y 140 del tomo I de pruebas), a cargo del psicólogo ***; acuerdo que fue notificado a las partes mediante instructivos de notificación (fojas 309 a 315, 322 a 327 del tomo I de pruebas). Cabe destacar que dicha prueba debía ser practicada tanto al oferente *** como a *** y su menor hija. En proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se tuvo al abogado patrono de la parte actora aquí quejosa, por sabedor del contenido del auto de veintidós de mayo de esa anualidad y designando perito para colegiar la prueba en psicología ofrecida. Además, se fijaron las diez horas del cuatro de julio de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes se presentaran para el desahogo de la prueba pericial en psicología, requiriendo a *** para que en compañía de su menor hija, se constituyera en el consultorio del perito, ubicado en la calle ***, número ****, colonia *** de esta ciudad, para que se les practicara la prueba en cita. Apercibiéndola que en caso de no comparecer, se le aplicaría en su contra las medidas de apremio que establece el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; proveído que le fue notificado el treinta siguiente mediante instructivo de notificación (fojas 333 y 346 del tomo I de pruebas). Así, de autos se advierte que posterior a dicho requerimiento, la juez responsable emitió diversos acuerdos en el mismo sentido con la finalidad de desahogar la prueba pericial en psicología, tales como la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de tres de julio de dos mil diecisiete. Asimismo, los acuerdos de once de octubre, diecisiete de noviembre, siete de diciembre, todos de dos mil diecisiete, veinticinco de enero y dieciséis de abril, ambos de esta anualidad, hasta llegar a la emisión del acto que por esta vía se reclama, de catorce de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, tal y como se advierte de los antecedentes del acto reclamado anteriormente reseñados, en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la juez responsable procedió a la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes, en términos del artículo 302 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, entre las cuales se encontraban la pericial en psicología ofrecida por el actor en reconvención. Asimismo, que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable fijó fecha y hora a efecto de que la aquí quejosa compareciera en compañía de su menor hija al consultorio ubicado en ****, para que les fuera practicada la prueba de peritaje en psicología. Luego entonces, si el acto que por esta vía se reclama se hace consistir en el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual la juez responsable fijó las dieciséis horas del treinta y uno de mayo de esta anualidad, a efecto de que la parte actora *** se presentara en compañía de su menor hija en el consultorio del psicólogo ***, para la practica de la valoración psicológica. Por lo tanto, es evidente que el indicado acto que ahora reclama el quejoso constituye una consecuencia legal, necesaria y obligada de los proveídos de veintidós de mayo y veintisiete de junio, ambos de dos mil diecisiete, dictados en el juicio ordinario civil ****, los cuales se estiman consentidos. Se afirma lo anterior, toda vez que como quedó establecido en líneas anteriores, en el primero de los citados proveídos, el juez responsable ordenó la preparación de, entre otras, la prueba pericial psicológica ofrecida por el actor en reconvención *** aquí tercero interesado, en su escrito de demanda bajo los incisos G) y H), misma que sería practicada tanto al oferente como a la aquí quejosa *** y a su menor hija de iniciales *** por el perito *** y que se desahogaría en el domicilio ubicado **** de esta ciudad, y respecto al segundo proveído de mérito, se fijó fecha y hora para el desahogo de la misma. Acuerdos que fueron notificados a la impetrante de amparo mediante instructivo de notificación de siete y treinta de junio de dos mil diecisiete, respectivamente (fojas 325 a 327, 345 y 346). De ahí que, si de autos se advierte que tales determinaciones no fueron recurridas ante la juez de instancia, se tiene que consintió aquellos acuerdos en los que se preparó y fijó fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial en psicología, de la cual ahora se duele la impetrante de amparo al indicar que es violatoria de derechos humanos y que no tiene más sentido que el de afectarlas emocionalmente. Sin embargo, se considera que el acto reclamado no es más que una consecuencia derivada de aquellos actos que fueron consentidos. Máxime que tal y como se desprende del aludido acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se tuvo al abogado patrono de la aquí quejosa por sabedor del contenido del auto de veintidós de mayo de esa anualidad, quien además designó un perito para colegiar la prueba en psicología ofrecida por su contraparte. Pues de ser soslayado lo anterior, sería tanto como permitir a la impetrante de amparo promover una cadena interminable de juicios de amparo contra los subsecuentes autos que tengan como finalidad desahogar la prueba pericial en psicología ofrecida en autos. De esta manera, se llega a la conclusión que el presente juicio de amparo resulta improcedente, porque el acto reclamado precisado en esta parte de la sentencia no es sino una consecuencia lógica y natural de aquéllos descritos como consentidos. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis . que establece: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO." En ese orden de ideas, al advertir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcrita, es que procede SOBRESEER EN ESTA PARTE DEL JUICIO, en aplicación de la diversa hipótesis prevista en el numeral 63, fracción V, del citado cuerpo normativo. QUINTO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN en esta otra parte del juicio, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en el apercibimiento de arresto de cuatro horas en caso de no presentarse, en la fecha y hora señalada, en el consultorio del psicólogo *** para la practica de la prueba pericial, al resultar infundados los conceptos de violación que expone la parte quejosa, como a continuación se explica. Para llegar al estudio del referido acto reclamado, se tuvo que acudir a la causa de pedir de la peticionaria de amparo, de conformidad con la jurisprudencia . de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". La cual refiere que para estudiar los motivos de inconformidad propuestos por el quejoso, basta que en ellos se exprese la causa de pedir, es decir, el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda y en su caso, las pruebas que sustenten tales argumentos. En el particular, la quejosa *** manifiesta que el acto reclamado es violatorio de derechos humanos, puesto que la juez responsable extralimitó su jerarquía pretendiendo intimidarla con el apercibimiento de arresto de cuatro horas, sin analizar las constancias procesales, por lo que faltó al principio de exhaustividad y congruencia. El argumento de la quejosa es infundado, aun suplido en su deficiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, prevé: (.) Del citado precepto legal se obtiene que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales pueden dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pudiendo afectar tanto a las partes en el mismo, como a terceros. Por tanto, no necesariamente debe emitirse en un procedimiento penal o de otra naturaleza, pues el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles otorga la facultad al juzgador para que dentro de un procedimiento, pueda emplear las medidas de apremio que estime pertinentes a fin de hacer cumplir sus determinaciones. En consecuencia, por encima del interés meramente individual del afectado con la medida de apremio, se encuentra el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, con el propósito de que sea efectivo el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio ordinario civil *** del que emana el acto reclamado, se advierte lo siguiente: (.) La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. Ahora bien, de los antecedentes narrados con anterioridad se advierte, primeramente, una histórica contumacia de la quejosa a la orden de la juez responsable a efecto de presentarse, en compañía de la menor de iniciales ***., en el consultorio del psicólogo ***, para el desahogo de la prueba pericial ofertada en autos. Asimismo, que el apercibimiento de arresto reclamado fue emitido por la juzgadora como posible medida de apremio en contra de la quejosa *** dentro del juicio ordinario civil *** con la finalidad de vencer su contumacia para el caso de no presentarse en compañía de su menor hija, en el lugar indicado para el desahogo de la citada prueba pericial. En ese tenor, es jurídicamente correcto que la juzgadora haya impuesto ese apercibimiento para el caso de incumplimiento con su mandato judicial; puesto que, como quedó establecido en líneas anteriores, está facultada para imponer como medidas de apremio las establecidas en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, entre las que se encuentra el arresto, misma que se considera idónea para el cumplimiento de lo ordenado por la juez a efecto de desahogar todas y cada una de las probanzas que fueron ofrecidas en el controvertido de origen, en el cual se ven inmersos derechos de una menor. Además que, se reitera, se considera idónea, debido a la existencia de diversos requerimientos en el mismo sentido, a efecto de que la impetrante de amparo se presentara en compañía de su menor hija en el consultorio del psicólogo ***, el cuatro de julio, treinta y uno de agosto, veinte de octubre y treinta de noviembre, todos de dos mil diecisiete, dieciocho de enero, uno de febrero y dos de mayo de esta anualidad, sin que hubiera asistido para su desahogo. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la quejosa no fue notificada de los acuerdos mediante los que se fijaron las últimas dos fechas en cita, pues basta haber hecho caso omiso a los cinco requerimientos que antecedieron para demostrar su falta de interés para dar cumplimiento al mandato judicial existente en autos. Así lo consideró la juez responsable, toda vez que mediante acuerdo de dieciséis de abril de esta anualidad, hizo efectivos los apercibimientos establecidos en proveídos de diecisiete de noviembre y siete de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, ordenando dejar a vista del fiscal adscrito tales acuerdos. Por lo tanto, tal apercibimiento se encuentra justificado, puesto que con el mismo se observa la necesidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en autos por la Juez natural, y para que, en el caso, dicha medida cumpla con los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener, como son: 1) El apercibimiento previo, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia .de rubro siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." Además, debe decirse que el arresto no constituye una pena de prisión, sino una medida disciplinaria a la que los tribunales pueden recurrir para hacer cumplir sus resoluciones frente a los rebeldes o contumaces, de ahí que no se impuso dentro de un procedimiento penal a consecuencia de una conducta ilícita que la solicitante del amparo hubiera cometido, ni tampoco se fijó como consecuencia de una deuda de carácter civil, sino que obedece a la necesidad de hacer cumplir las decisiones de la autoridad jurisdiccional. Apoya lo expuesto, el criterio jurisprudencial . de rubro: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. NO TIENE CARÁCTER DE PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en esta otra parte del juicio, en relación al acto reclamado precisado en este considerando. (.) Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales *** contra el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, atento a las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia.
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