Ariadna Denisse Garcia Castilla
Expediente 1768/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Ariadna Denisse Garcia Castilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, éste se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del mismo Acuerdo, por lo que, el cuaderno incidental original, es destruible una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 19, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, los anexos que remitió en cumplimiento a los requerimientos realizados en el presente asunto, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Fenece plazo a la parte quejosa. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintinueve de mayo del año en curso, para que ampliara su demanda de amparo. Lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el cuatro de mayo de dos mil veintitrés en el recurso de revisión ******************** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el que determinó revocar la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós dictada en el presente juicio de amparo y se ordenara la reposición del procedimiento, a fin de que la parte quejosa manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del autos del siete de octubre de dos mil veintidós, por el que la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dio respuesta a la solicitud formulada mediante escrito de doce de septiembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos, al respecto, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós dentro del juicio de alimentos ********************, mediante el cual solicitó la quejosa la actualización de los descuentos al deudor alimentario, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclamó omisión de acordar el escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós dentro del juicio de alimentos ********************, mediante el cual solicitó la actualización de los descuentos al deudor alimentario. Ahora, en auto del once de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito judicial de Cholula, Puebla, remitiendo copia certificada del juicio ********************, constancias de las que se advierte que el siete de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito de la quejosa con sello de recepción de doce de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por la quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna. Además, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Colegiado, se otorgó vista con la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, que emitió la autoridad responsable, mediante la cual dio respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa por escrito de doce de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda; sin embargo, no realizó manifestación alguna al respecto. En ese orden de ideas, lo conducente es resolver conforme al acto reclamado imputado a la autoridad responsable inicialmente en su escrito de demanda. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, dado que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de mayo de la presente anualidad, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, 9 tomos anexos y el testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión ******************** de su índice, del que se advierte que determinó revocar la resolución dictada que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y reponer el procedimiento, en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena Jueza Séptima de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, reponer el procedimiento para proveer en los términos indicados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." Acúsese de recibo al Tribunal oficiante respecto del expediente original del juicio de amparo ********************, de los 9 tomos anexos, así como del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión ******************** de su índice y del voto particular que formuló el Magistrado Octavio Chávez López. Se repone el procedimiento. En ese sentido, en cumplimiento a lo determinado por el tribunal de alzada, se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en el recurso de revisión ********************, se advierte que revocó la resolución dictada en el presente asunto y ordenó que se reponga el procedimiento para los efectos siguientes: Notificar personalmente a la quejosa el oficio número 7002, presentado el once de noviembre de dos mil veintidós al que se adjuntó copia certificada del expediente ********************/2020, en el que obra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, por el que la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dio respuesta a la solicitud formulada mediante escrito de doce de septiembre de dos mil veintidós, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda, respecto de ese auto; Hecho lo anterior, fije nuevo día y hora para la audiencia constitucional y, dicte la nueva resolución que en derecho corresponda. En ese sentido, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de respecto del auto de siete de octubre de dos mil veintidós dictado en el juicio natural, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se continuará la secuela procesal en la forma planteada inicialmente. Se precisa además a la parte quejosa que, en caso de estimar conveniente ampliar su demanda inicial de amparo, ésta deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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