Ariadna Barrera Vazquez
Expediente 1475/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ariadna Barrera Vazquez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata.******************** ********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes.****************************************Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.****************************************Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.****************************************Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación.****************************************Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la razón de once de noviembre del año en curso, de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado, hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de lista el auto en comento, así como las subsecuentes actuaciones, incluidas las personales; sin perjuicio de que con posterioridad señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, en su carácter de Diputada Integrante de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, contra los actos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1475/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. De la personalidad de la promovente. En primer término, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta el promovente, en virtud de que exhibe copia del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, número 5984, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que es Diputada integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible analizar a través del juicio de amparo, los actos reclamados que no provienen de un acto de autoridad para efectos del constitucional, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo únicamente es posible impugnar actos que provengan de autoridad o de un particular que actúe con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Además cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 164/2011; con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Registro 161133, cuyo rubro y texto imponen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Dicho criterio resulta orientador para determinar en términos del arábigo 5, fracción II, párrafo segundo, cuales actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. III. Las relaciones de supraordinación son las que se dan entre los órganos del Estado. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Apoya a lo anterior, la tesis 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Precisado lo anterior, debemos tener presente que del contenido del escrito de cuenta, se advierte que la promovente señaló como actos reclamados en el presente juicio de amparo, los siguientes: "1.- El informe ilegal de fecha 26 de octubre del año 2022, con que se pretendió hacer de mi conocimiento de la continuación de la sesión ordinaria de pleno iniciada con fecha 19 de octubre de la presente anualidad, y continuada el mismo 26 de octubre de 2022, sin adjuntar la documentación de los asuntos que se discutirían y votarían en esa sesión. 2.- La falta de notificación y citación en tiempo y forma para acudir a la sesión ordinaria de Pleno el día 26 de octubre de 2022, en continuación a la iniciada el 19 de octubre de la misma anualidad, lo que vulnero el ejercicio de mis derechos, obligaciones y deberes como Diputada integrante de la LV Legislatura y atentó contra el principio de democracia deliberativa. . 3.- La expedición de los Decretos de Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023; de La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, así como la expedición del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y del Código Fiscal para el Estado de Morelos, aprobados todos los dictámenes señalados de manera ilegal en la Sesión celebrada el 26 de octubre de 2022, que fue continuación de la iniciada el 19 de octubre de 2022". Es por ello que, en el presente juicio de amparo, es dable considerar que la relación entre las autoridades responsables y la parte quejosa, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de supra-ordinación (entre diputados integrantes de la quincuagésima quinta legislatura), ya que se reclaman diversas actuaciones en el proceso de expedición de decretos legislativos, así como estos últimos, mismos que son impugnados por una integrante del propio congreso que los expidió. Lo anterior pone de manifiesto que las relaciones jurídicas suscitadas al seno del Congreso del Estado de Morelos, entre sus legisladores, son de supra ordinación, ya que las decisiones son tomadas por los propios integrantes, sin que exista entre ellos, una relación de supra a subordinación, que sería una nota distintiva para considerar a un acto como de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese contexto, los actos reclamados que refiere la parte le causan perjuicio, se encuentra inmersos en una relación de supra ordinación, al haber sido reclamados por la quejosa en su calidad de diputada, y señalado como autoridades responsables a los diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos (de la que la quejosa también es integrante). Es por ello que dichos actos, se encuentran en un plano de igualdad -entre autoridades- (supra-ordinación). En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, así como con el 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Ilustra lo anterior, la tesis aislada del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1316, Novena Época, Registro 168507, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." De igual forma, sirve de apoyo a lo antes determinado, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia con registro digital 160578, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Página 431, de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO NO PUEDE ALEGARSE SU VULNERACIÓN RESPECTO DE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL. El derecho a la información, establecido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho fundamental que corresponde a los ciudadanos en particular. En ese sentido, tal derecho no puede considerarse aplicable o trasladarse a la actividad legislativa como tal, alegando un derecho de los diputados para "acceder" a la información referente a asuntos ventilados en el seno del propio órgano legislativo al que pertenecen, pues es evidente que es el procedimiento de creación de normas el que asegura a los legisladores el conocimiento de las iniciativas legales planteadas y garantiza -a través del marco constitucional y, en su caso, legal- la participación de las mayorías y minorías en el proceso de discusión y votación, razón por la cual respecto del procedimiento legislativo no puede alegarse una violación al derecho de información de quienes integran el Congreso Local". Asimismo, apoya lo aquí determinado en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Enero de 2006, página 467, Novena Época, Registro 176216, que dice: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio. De igual forma, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1515, Novena Época, Registro 182036, de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO PROMUEVE UNA AUTORIDAD POR ACTOS QUE AFECTEN LOS INTERESES QUE TUTELA COMO ENTE PÚBLICO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales y el artículo 1o. de la misma ley, en su fracción I dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; este precepto y fracción son literalmente coincidentes con lo que establece el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a sus garantías individuales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades; y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación; en esa medida, también pueden ocurrir al amparo las autoridades que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades, y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus actos o leyes en una relación de supra a subordinación; por tanto, y por exclusión, el juicio de amparo no es procedente cuando lo promueve una autoridad por actos que afecten el ejercicio de su imperio, esto es, cuando el acto de autoridad que ataca lesiona sus intereses o los intereses que tutela como ente público, dentro de su ámbito de soberanía, pues en este caso existe entre dicha autoridad y la que emite la ley o acto una relación de coordinación, la cual no encuadra en las hipótesis de los artículos 1o., fracción I y 9o. de la Ley de Amparo; en consecuencia, es improcedente el juicio de garantías que promueve un Ayuntamiento municipal contra la Ley de Coordinación Fiscal, por cuanto ésta rige relaciones entre entidades públicas en ejercicio de su soberanía, y para salvaguardar los intereses del ámbito territorial, social y político en el que ejercen su imperio, dentro de una relación de coordinación, no de supra a subordinación, que consiste, entre otros fines, en buscar el bien para beneficio de la comunidad o entidad que representan, a través de la realización de obras que disfrutan sus habitantes, no para obtener mejoras en su patrimonio, entendido como aquel que se integra de los bienes sobre los cuales el ente quejoso tiene dominio, como los inmuebles o muebles que le sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas." De igual forma, se precisa que el sentido de la presente determinación, respecto de los actos aquí reclamados, no variarían, ya que aunque se admitiera la demanda y se recabaran diversos elementos probatorios, no se modificaría la relación de supra ordinación que existe entre la quejosa y las autoridades responsables; por lo que la causal de improcedencia citada, se actualiza de manera absoluta respecto de aquellos, por lo que se tiene la certeza de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Además, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere y con facultades amplias a Julio Segura García, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Por otra parte, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada el correo electrónico que precisa, como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Uso de medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2008986, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Así como la diversa tesis aislada I.1o.A.22 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2008987, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página: 1831, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente". Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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