Ariadna Alejandra Marín Batta
Expediente 4/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/10/2016
Partes del expediente
- Arturo Romero Marín
- Ariadna Alejandra Marín Batta
- Ariadna Alejandra Marín Batta y Otros.
- Gabriela Reyes Gutierrez
- Gabriela Reyes Gutierrez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; intégrese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, copia certificada del expediente OSFEM/UAJ/PAR-AO/08/15 en doce tomos, copia certificada del expediente RR-PAR/306/2015 y sus acumulados RR-PAR/307/2015, RR-PAR/308/2015 y RR-PAR/309/2015, en un tomo; asimismo, envía copia autorizada de la resolución emitida el cinco de octubre de dos mil dieciséis, por el órgano jurisdiccional de su adscripción, en el amparo en revisión 208/2016, en cuyos puntos resolutivos, determinó:PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, contra los actos y la autoridad, precisados en el resultando primero de este fallo, en términos del considerando último del mismo.Acúsese el recibo de estilo correspondiente; ya que en esta fecha se reciben los autos originales del presente asunto, glósense las actuaciones originales, posteriores a la formación del cuaderno de antecedentes, así como el cuaderno original del incidente de suspensión.Del estado procesal de los autos, constituye un hecho notorio que por auto de veintidós de enero de dos mil dieciséis, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, este órgano jurisdiccional dejó sin efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que la parte quejosa, dentro del plazo otorgado por interlocutoria de doce de enero del año en curso no cumplió con la medida de efectividad decretada, razón por la cual no se considera necesario dejar sin efectos las medidas decretadas con motivo de la cautelar solicitada:Devuélvanse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través de su titular Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, las documentales que exhibió en el presente juicio, de las cuales deberá acusar el recibo correspondiente, apercibido que de ser omiso se impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, así como 238, de la Ley de Amparo.Después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno.De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto:a) Con apoyo en el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección federal solicitada, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes.c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada.d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva.e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es depurable, junto con el original del incidente de suspensión, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional.f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito el duplicado del cuaderno incidental, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo.Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el oficio de cuenta 10979, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo de la misiva 11732/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis y anexos; asimismo, comunica que el uno de los actuales, el medio de impugnación interpuesto por los quejosos fue radicado con el número de amparo en revisión 208/2016-I, el cual se admitió a trámite. Información de la que toma conocimiento este juzgado federal, para los efectos legales conducentes.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos ********************, ********************, ******************** y ********************, a través del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia. En ese orden, con copia de las constancias necesarias, así como del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; distribúyase entre las partes copia del ocurso referido. Cuando el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, que estén agregadas las constancias de notificación de la sentencia impugnada, así como las relativas a este proveído, realizadas a las partes, sin necesidad de ulterior acuerdo remítase el original del juicio en que se actúa, así como anexos que en su caso existan, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno; de igual forma, envíese el original del ocurso de expresión de agravios y copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, a fin de substanciar el aludido medio de impugnación. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 04/2016, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, contra actos del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto a continuación precisado: AUTORIDAD RESPONSABLE. "Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través de su Titular Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México." ACTO RECLAMADO. "Resolución de veintiséis de noviembre de dos mil quince dictada en el expediente número RR-PAR/306/2015 y sus acumulados RR-PAR/307/2015, RR-PAR/308/2015 y RR-PAR/309/2015." La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales violados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de cinco de enero de dos mil dieciséis (fojas 54 a 56), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien no formuló pedimento y previos diferimientos, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una resolución que emitió una autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura integra de la demanda de amparo y del informe justificado correspondiente, se obtiene que Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, reclaman de la autoridad responsable, lo siguiente: - Resolución de veintiséis de noviembre de dos mil quine dictada en el expediente número RR-PAR/306/2015 y sus acumulados RR-PAR/307/2015, RR-PAR/308/2015 y RR-PAR/309/2015. Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Así, la responsable Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la emisión del acto reclamado; por ende, se tiene por acreditada su existencia. Además, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas de los expedientes OSFEM/UAJ/PAR-AO/08/15 y R.R.-PAR/306/2015 y sus acumulados R.R.-PAR/307/2015, R.R.-PAR/308/2015 y R.R.-PAR/309/2015, que adjuntó a su oficio OSFEM/UAJ/SJC/DR/279/2016 (fojas 61 a 76), mismos que dado su volumen se tuvieron como anexos, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, pues provienen de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153 del Apéndice Al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Cuestiones de procedencia. Ahora, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoque alguna de las establecidas en el numeral 61 de la ley de la materia; en consecuencia, toda vez que las partes no hicieron valer causal alguna, y este Juzgador no advierte de oficio que se actualice diversa, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que esta autoridad constitucional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé el precepto mencionado en último término. QUINTO. Antes de examinar los conceptos de violación formulados por los quejosos, deben tenerse presentes los antecedentes del asunto: 1) El quince de enero de dos mil quince, el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México emitió un acuerdo en el que tuvo por presentado el expediente relativo a las observaciones resarcitorias no solventadas, que fueron determinadas en la revisión practicada del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Municipio de San José del Rincón, Estado de México, a causa de presuntas irregularidades de José Rangel Espinosa, Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, en el manejo de recursos públicos, por un monto de $14,400,000.00 (catorce millones cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, pronunció la instauración del procedimiento administrativo resarcitorio y se ordenó emitir el pliego preventivo de responsabilidad contra José Rangel Espinosa, Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, en términos de los artículos 16, primer párrafo., 115, fracción IV, 116, fracción II sexto y séptimo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones XXXII y XXXV y 129 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, 97 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 94 fracción I, y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México 148 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado libre y Soberano de México; 1, 4 fracción II, 7, 8, fracción XXI, 13, fracciones II y VII, 26, fracciones II y V, 54, fracción IV, 61, 62, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, y 123 y 124 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Igualmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución; 59, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y 129, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se citó a audiencia previa a los probables responsables (foja 6102 del anexo ocho del legajo de pruebas). 2) En esa propia fecha (quince de enero de dos mil quince) el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México emitió el pliego preventivo de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AO/08/15 y los citatorios a audiencia previa, los que aparentemente fueron notificados el veintitrés, veinticuatro de marzo y diez de abril de dos mil quince a los quejosos, respectivamente (fojas 6109 a 6137 ídem). 3) El catorce, quince y veintiocho de abril, veintiuno y veintidós de mayo, todos de dos mil quince tuvieron verificativo las audiencias previas de los antes nombrados, quienes no comparecieron a las mismas; sin embargo, José Rangel Espinosa, Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez y Roberto Rojas Camacho, desahogaron su garantía de audiencia por escrito, donde manifestaron adherirse a los argumentos, pruebas y alegatos que en su momento vertiera Arturo Romero Marín. El quince de abril de dos mil quince, se instrumentó el acta administrativa de desahogo de garantía de audiencia de Arturo Romero Marín, Director de Obras Públicas del Municipio de San José del Rincón, administración 2009-2012, a la cual -tal como se adujo el párrafo que antecede-, no compareció de manera personal; sin embargo, presentó escrito el veintidós de mayo de dos mil quince, al cual se le asignó el folio 8684/2015, del Sistema de Gestión de Correspondencia de la autoridad responsable, donde ofreció pruebas y alegó lo que a su derecho convino (fojas 6205 a 6881 ídem y 6882 a 7328 del Tomo X del Anexo de Pruebas). 4) El doce de agosto de dos mil quince se declaró cerrada la instrucción del procedimiento administrativo resarcitorio, por lo que se ordenó dictar la resolución correspondiente (foja 8517 del Tomo XII del Anexo de Pruebas). 5) Posteriormente, el diez de septiembre de dos mil quince, el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México emitió resolución en el sentido siguiente: "PRIMERO. Se determina la existencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria a cargo de los ciudadanos Ariadna Alejandra Marín Batta, Presidenta por Ministerio de Ley, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de dos mil doce; Gabriela Reyes Gutiérrez, Síndico Municipal por el periodo del 18 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2012; Roberto Rojas Camacho, Tesorero Municipal por el periodo del 18 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2012; Arturo Romero Marín, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por el periodo del 18 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2012, todos pertenecientes al Municipio de San José del Rincón, México, administración 2009-2012, por las acciones y omisiones en que incurrieron durante el desempeño de sus funciones, en virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo de esta resolución con fundamento en el artículo 59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación supletoria en términos del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. SEGUNDO. Se finca en definitiva la responsabilidad administrativa resarcitoria a los ciudadanos Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, por el daño causado a la hacienda pública del Ayuntamiento del municipio de San José del Rincón, México, y se modifica el pliego preventivo de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AO/08/15 de fecha 15 de enero de 2015, que inicialmente consignaba la cantidad de $14,400,000.00 (catorce millones cuatrocientos mil pesos con cero centavos en moneda nacional), para quedar en el gran total no solventado de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos con cero centavos en moneda nacional), que les corresponderá pagar indistintamente en forma conjunta o individual, siempre que se pague la cantidad líquida señalada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios, aplicado en forma supletoria en términos de los artículos 7 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. TERCERO. De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicado en forma supletoria en términos del dispositivo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la cantidad fincada constituirá un crédito fiscal una vez que quede firme la presente resolución, que los sujetos responsables deberán resarcir ante la Tesorería Municipal de San José del Rincón, México, en el plazo establecido en el artículo 29 párrafo cuarto del Código Financiero del Estado de México y Municipios. En ese tenor, deberán presentar en este Órgano Superior la constancia que acredite su cumplimiento, ya que en caso contrario, el crédito se les hará exigible mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. CUARTO. Los ciudadanos Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, tienen el derecho de interponer el recurso de revisión en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, el cual de conformidad con su artículo 68, deberá presentarse por escrito ante este Órgano Superior dentro del plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha en que tengan conocimiento de la presente resolución. QUINTO. En su momento procedimental oportuno archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido. SEXTO. Notifíquese [.]" (fojas 8694 a 8700 ídem). 6) Disconformes con lo anterior, mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, por propio derecho, interpusieron, respectivamente, recursos de revisión, los cuales fueron admitidos y registrados con los números R.R.-PAR/306/2015, R.R.-PAR/307/2015, R.R.-PAR/3068/2015 y R.R.-PAR/309/2015 (fojas 11, 12, 50, 51, 89, 90 y 128 y 129 del Tomo XIII, del Anexo de Pruebas). 7) Asimismo, por auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, dictado en los recursos de revisión números R.R.-PAR/306/2015, R.R.-PAR/307/2015, R.R.-PAR/3068/2015 y R.R.-PAR/309/2015 se ordenó la acumulación de los medios de impugnación de referencia al primero en mención (fojas 16, 55, 94 y 133 ídem). 8) En ese contexto, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México resolvió los recursos de revisión acumulados en el sentido siguiente: "PRIMERO: Se declara la validez de la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil quince, emitida en el expediente número OSFEM/UAJ/PAR-AO/08/15, por medio de la cual se finca responsabilidad administrativa resarcitoria a los ciudadanos Ariadna Alejandra Marín Batta, Presidente, por ministerio de Ley; Gabriela Reyes Gutiérrez, Síndico, Roberto Rojas Camacho, Tesorero y Arturo Romero Marín, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de San José del Rincón, México durante la administración 2009-2012, por el monto de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos cero centavos en moneda nacional). SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a los ciudadanos Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, en el domicilio señalado para tales efectos. TERCERO: En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido [.]" (fojas 11 a 36 ídem). La anterior resolución constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio de la litis planteada. Tanto las consideraciones sustento del acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en términos de lo establecido en el artículo 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo y en la tesis visible en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1992, Tomo IX, Octava Época, del texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." Así como, en la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 58/2010, en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, debe señalarse que los quejosos, para controvertir la resolución emitida por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, expusieron diversos motivos de disenso, siendo que en el caso se analizarán de manera conjunta dada la relación que guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. En ese contexto, los motivos de disenso hechos valer por los quejosos son en parte infundados y por otra inoperantes, sin que exista materia para suplirlos en cuanto a su deficiencia, y del análisis integral del acto reclamado, se concluye que no es violatorio de garantías, por las razones siguientes: Los impetrantes del amparo aducen que el acto reclamado, viola en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de las formalidades esenciales del procedimiento, pues no es congruente, ni exhaustivo; de igual manera, que no está debidamente fundada y motivada la causa legal de su actuar. En primer orden, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. De conformidad con el texto vigente del artículo 1 constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los Tratados Internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Sin embargo, se considera infundado el motivo de disenso hecho valer por los quejosos, en el sentido de que la autoridad responsable no se acata al principio descrito en párrafos precedentes, en razón de que no cumple con los requisitos de exhaustividad. Se concluye lo anterior, pues el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes, como en el caso acontece. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por otro lado, a través de jurisprudencia se estableció que las formalidades esenciales del procedimiento exigidas por el artículo 14 Constitucional implica, como lo refiere el numeral 1 de la misma, la obligación para las autoridades de cualquier categoría, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, contrario a lo manifestado por los quejosos, la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada observó las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 constitucional, porque en todo momento tuvieron la oportunidad de ser oídos ante la autoridad responsable, de conocer el procedimiento a seguir y sus consecuencias; y la oportunidad de alegar para dirimir la cuestión debatida; esto es, se respetaron las formalidades procedimentales. Lo anterior es así, pues de las constancias adjuntas como complemento al informe justificado se advierte la existencia del auto de radicación del procedimiento administrativo resarcitorio dentro del cual se citó a los quejosos para el desahogo de su garantía de audiencia y se les hizo saber que tenían derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, mismo que se les notificó el veintitrés, veinticuatro de marzo y diez de abril de dos mil quince, respectivamente (foja 6102 del anexo VIII del legajo de pruebas). Luego, en las referidas notificaciones se les indicó la fecha en la que deberían de presentarse en la oficina de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para otorgarles el derecho de desahogar su garantía de audiencia; se les comunicaron las disposiciones que se consideraban infringidas y la conducta que se les atribuía; asimismo, se hizo una descripción de las observaciones que se les realizaron y de la documentación en que se sustentaban las mismas. Así las cosas, los aquí quejosos no comparecieron a las diligencias realizadas catorce, quince y veintiocho de abril, veintiuno y veintidós de mayo, todos de dos mil quince, sin embargo, José Rangel Espinosa, Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez y Roberto Rojas Camacho, desahogaron su garantía de audiencia por escrito, donde manifestaron adherirse a los argumentos, pruebas y alegatos que en su momento vertiera Arturo Romero Marín. Posteriormente, el diez de septiembre de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente en el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, a su vez, inconforme con lo resuelto, los aquí quejosos el veintiuno de octubre de dos mil quince, interpusieron recurso de revisión contra la resolución descrita en el párrafo que antecede. De lo anterior, se evidencia que los promoventes en todo momento tuvieron conocimiento de las infracciones que se les atribuyen e intervinieron en el procedimiento iniciado con motivo de las mismas; por tanto, como ya se indicó en párrafos que anteceden, la autoridad responsable no transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 constitucional. Corolario a lo anterior, debe mencionarse que con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad fiscalizadora puede abrir un período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, sin que en esta etapa se apliquen las formalidades de la audiencia previa. En otro orden de ideas, es importante precisar que la resolución tildada de inconstitucional cumple con los requisitos insertos fundamentalmente por el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el mismo refiere: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." A través de jurisprudencia se estableció que el requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional implica, como lo refiere el numeral 1 de la misma, la obligación para las autoridades de cualquier categoría, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para cumplir con el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: - Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). - Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación). - Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). La garantía de legalidad consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia dirigido a los gobernados esté fundado y motivado debidamente. En ese contexto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado adecuada y suficientemente. Lo primero se cumple al expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y lo segundo al señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en los cuales se apoya el acto de autoridad. Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, la cual dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así como la tesis I.3o.C.52 K, publicada en la página 1050, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento." Asimismo, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma donde se apoye la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado. Ahora, la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso específico objeto de decisión, o bien, al no existir adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. A la consideración precedente es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 2127, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Así como la diversa jurisprudencia consultable en la página 1964, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, cuyos rubro y contenido son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." En efecto, se considera que el acto reclamado no transgrede el artículo 16 de la Carta Magna, pues la responsable, para resolver el recurso de revisión interpuesto, principalmente fundó su determinación en los preceptos legales siguientes: para establecer su competencia, en los artículos 1 párrafo segundo y tercero, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo., 116 fracción II, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXV y XXXV de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción I, y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 148 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 4 fracción II, 7, 8, fracción XXI, 10, 13, fracción II y VII, 67, 71 y 72 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y 1, 3, párrafo primero y 6 fracción IX del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Como se evidencia, se considera que esa decisión cumple con la debida fundamentación y motivación, tal y como lo exige el artículo 16 de la Constitución Federal, porque los preceptos y argumentos torales que utilizó el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, para emitir la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil quince dictada en el recurso de revisión número R.R.-PAR/306/2015 y sus acumulados R.R.-PAR/307/2015, R.R.-PAR/3068/2015 y R.R.-PAR/309/2015, derivado del procedimiento administrativo resarcitorio número OSFEM/UAJ/PAR-AO/08/15, fueron los aplicables. En ese sentido, es dable referir, que contrario a los deposados vertidos por los accionantes constitucionales, con lo apuntado por el Auditor Superior de Fiscalización, se obtiene que en momento alguno vulneró derechos fundamentales de los ahora quejosos, al resolver el recurso de revisión; menos se advierte que confirmara la validez de la resolución de diez de septiembre de dos mil quince que modificara el pliego preventivo de responsabilidad, sin fundamentar ni motivar las peticiones de éstos, como pretenden hacerlo valer los impetrantes del amparo, pues la autoridad referida contestó conforme a la legislación aplicable, los agravios hechos valer en su escrito de interposición del medio de impugnación intentado. Por tanto, al no atacar los argumentos de los quejosos la parte toral que sostuvo la responsable para dictar su resolución, y soslayar por una parte que en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías, resulta inconcuso que dichos planteamientos son inoperantes, pues deben exponerse razonadamente los motivos por los cuales dicho acto se considera ilegal y no establecer de forma genérica las afirmaciones en las que se basa la parte quejosa para argumentar que la responsable transgrede en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, sin que en el trámite se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, con el acto reclamado. Lo anterior, sin que los quejosos señalen específicamente y al caso en concreto en qué consisten tales violaciones respecto de la resolución reclamada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 173, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable. (S.J.F. 6ª Época, Tomo VI, página 116). En esa tesitura, respecto de las manifestaciones que realizan los quejosos para indicar que la resolución aquí reclamada viola en su perjuicio sus derechos fundamentales, debe decirse que dichos motivos de disenso son en una parte agravios hechos valer al combatir la resolución del procedimiento administrativo resarcitorio que se les atribuye y por otra argumentos que no fueron expuestos en el recurso de revisión; por tal situación los impetrantes de amparo omitieron impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, como se advierte de la síntesis siguiente: - En primer término, los quejosos en su escrito inicial de demanda, realizan los siguientes argumentos: En el primer concepto de violación que la sentencia recurrida viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución, en relación con el artículo 8, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, los principios de legalidad, seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad, así como el contenido del artículo 22 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Añade que dicho acto resulta ilegal puesto que contrario a lo que afirma la responsable, existe disposición jurídica que ordena emitir un "informe de resultados" o una "valoración de los documentos y argumentos formulados en la etapa de aclaración", toda vez que el artículo 55, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que los servidores públicos de las entidades fiscalizables, o quienes hayan dejado de serlo, que omitan rendir sus informes acerca de las solventación de los pliegos preventivos formulados y remitidos por el Órgano Superior, que no sean solventados dentro de los plazos correspondientes, o bien la documentación y argumentos presentados no sean suficientes o procedentes para justificarlos, conforme a una valoración debidamente fundada y motivada que lleve a cabo el Órgano Superior. En consecuencia, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que de conformidad con lo establecido en el citado numeral 55, fracción II, en relación con el 53 párrafo primero de la Ley de Fiscalización, se debió iniciar una etapa de aclaración previo al inicio del procedimiento administrativo resarcitorio. Afirma que en ese contexto, al prescindir de la emisión y notificación de un informe de resultados, esto es, el documento mediante el cual se les diera a conocer los resultados de la valoración de los elementos de prueba exhibidos, así como las observaciones resultado de esa valoración, les causa perjuicio, ya que la responsable culminó la etapa de aclaración y determinó un daño a la Hacienda Pública vinculando a los quejosos al procedimiento administrativo resarcitorio, sin que los mismos pudieran realizar consideración alguna respeto de las observaciones no solventadas porque no se les hizo del conocimiento. Por tanto -aducen los quejosos-, que la etapa de aclaración no se llevó a cabo en términos de los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, puesto que la responsable dejó de fundar y motivar el por qué no fueron suficientes para solventar o aclarar el contenido de las observaciones, los documentos contenidos en el folio Crr3141/2014. En el segundo concepto de violación la parte quejosa sostiene que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad, además de ser contraria al contenido del artículo 22 del Código Administrativo del Estado de México. A continuación, dice que lo anterior debido a que en los respectivos escritos mediante los cuales se desahogó la garantía de audiencia se hizo alusión al artículo 61, fracción XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, como precepto violentado, pues tal numeral prevé que la fiscalización debe desarrollarse conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por lo que la cuenta pública del año dos mil doce, fue recibida por la Legislatura del Estado de México en el mes de marzo de dos mil trece, en tanto, es hasta el mes de noviembre de dos mil trece, cuando dicha legislatura debió emitir el resultado de dicha revisión, mientras que la auditoría de obra fue notificada desde el mes de febrero de dos mil trece (un mes antes de la recepción de la cuenta pública del año dos mil doce). En el tercer concepto de violación, la parte quejosa nuevamente señala una vulneración al artículo 22 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al determinar que el hecho de haber culminado sus funciones, no los eximía de responder respecto de las irregularidades cometidas durante el período de su gestión, como Presidente, Síndico, Tesorero y Director de Obras Municipales. Asimismo, -siguen diciendo-, la responsable vulnera en su perjuicio el contenido del citado precepto, al aseverar que en ningún momento se les imposibilitó el derecho de defensa y que pudieron allegarse de documentación necesaria para la solventación de las observaciones contenidas en los pliegos de observaciones debido a que existen mecanismos legales para solicitar a los servidores públicos de la administración 2013-2015 del Municipio de San José del Rincón, Estado de México, la información necesaria para aclarar las observaciones; no obstante como fundamento de lo anterior, señaló el artículo 95 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; sin embargo, las facultades contenidas en dicho numeral corresponden a diverso servidor público en ejercicio de sus funciones el cual puede ser o no obligatorio, al no ser parte de la eventual etapa de aclaración y del procedimiento administrativo resarcitorio. Aunado a lo anterior -advierten los quejosos-, que la autoridad responsable especuló y adujo que "en teoría" de acuerdo a los lineamientos para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal, debían contar con la información de evaluación programática, administrativa, laboral, catastral, de obras públicas y patrimonial de la entidad municipal, así como los anexos e información complementaria digitalizada; empero, dichos argumentos devienen ilegales pues que contravienen lo establecido en los artículos 2 fracción V, 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, ya que el artículo 53 en comento, señala que será la entidad fiscalizable quien tendrá la oportunidad de solventar y aclarar el contenido de las observaciones; por su parte el artículo 54, ordena que el Auditor Superior notificará el contenido de los pliego de observaciones y concederá a la entidad fiscalizable diverso plazo para solventar, reparar y manifestar lo que a sus intereses convenga; de igual manera, el artículo 2 fracción V, de la citada Ley, señala qué se entiende por entidad fiscalizable, por lo que resulta un hecho notorio que quien tiene en su poder las documentales necesarias para solventar las irregularidades, es la administración en turno del municipio que se fiscalizó, por lo que dicho actuar por parte de la autoridad responsable, los dejó en estado de indefensión, al exigirles a los propios quejosos que solventaran los pliegos de observaciones, sin que ellos tuvieran documentación alguna propiedad del Municipio de San José del Rincón. Consecuentemente -añaden los quejosos-, que si su cargo público culminó el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, se debió notificar a la entidad fiscalizada para que fuera quien solventara las observaciones con las documentales que se entregaron el uno de enero de dos mil trece. En el cuarto concepto de violación, argumentan los quejosos que en el oficio de inicio de auditoría de obra se debió fundamentar y motivar la competencia y atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. En el quinto concepto de violación, manifiestan los quejosos que la autoridad responsable, en el procedimiento seguido en forma de juicio les imputó un daño a la Hacienda Pública Municipal, lo cual adujo con base en pólizas de diario y estados de cuenta bancarios, sin que precisara en qué consistió el daño o diminución al erario público, pues la responsable omitió pronunciarse de manera congruente y exhaustiva respecto de dichos argumentos, pues de los autos del expediente principal no se evidencia que los incoados al procedimiento hayan aplicado o dispuesto los recursos para fines distintos, por lo que no se acredita el daño a la hacienda pública, en virtud de que de los registro contables no se deprende que de la cuenta destino hayan sido retirados los recursos económicos que fueron transferidos de manera temporal. En el último concepto de violación, aducen los quejosos que la autoridad responsable debió estimar fundado el argumento del quejoso Arturo Romero Marín, relativo a que los traspasos observados no tienen relación alguna con la auditoría de obra, puesto que de las documentales contenidas en el expediente original, correspondientes a las pólizas de diario y estados de cuenta bancarios que sustentaron las observaciones de traspasos indebidos, no se desprende que tales movimientos bancarios hayan correspondido a cuestiones de obra pública, por lo que es inexistente la responsabilidad por parte del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de San José del Rincón, Estado de México. Por último, los quejosos solicitaron en los términos más amplios la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 1º de la Carta Magna, en relación con el numeral 79 de la Ley de Amparo. Sin embargo, de un análisis exhaustivo de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado se advierte que de los escritos presentados ante la autoridad responsable el veintiuno de octubre de dos mil quince, a través del cual los accionantes constitucionales interpusieron recurso de revisión contra la resolución de diez de septiembre de dos mil quince, mencionan lo siguiente: [.] Relativo a la observación número 13-DAOM-124-AYTO-011, por la cantidad de $6'900,000.00 (seis millones novecientos mil pesos con cero centavos en moneda nacional), me permito manifestar lo siguiente: 1. Resulta ilegal, arbitrario, con desvío de poder el pliego preventivo de responsabilidad, con oficio citatorio a garantía de audiencia y auditoria de obra; ello en razón que, referente a las cantidades de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos con cero centavos en moneda nacional) y $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos cero centavos en moneda nacional), basadas en la póliza de diario número 17 (diecisiete) de fecha 12 (doce) de septiembre de 2012 (dos mil doce), y estas fueron fincadas en expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/77/2014, con los consecutivos 0028, observación 009 y consecutivo 0029, observación 009; por ende, avocándome al principio general del derecho que reza "non bis in ídem", no se me puede fincar una responsabilidad administrativa resarcitoria dos veces por la misma causa, esto es, si en el diverso procedimiento se emitió el acto de molestia en el que soportó las cantidades observadas con la póliza de diario número 17, en el presente juicio deberá de cancelarse el pliego preventivo de responsabilidad y determinar que será en el procedimiento administrativo número OSFEM/UAJ/PAR-IM/77/2014, donde se resolverá lo correspondiente a dichas cantidades. 2. En el entendido que en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, prevé la etapa de aclaración, misma que tiene por objeto dar oportunidad a las entidades fiscalizables para solventar o aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño y, en su caso cubrir el monto a que ascienda y quede resarcido; tenemos como obligación dentro de esta etapa de aclaración que el Órgano Técnico de Fiscalización debe emitir una valoración debidamente fundada y motivada respecto a la documentación y argumentos presentados por el ente fiscalizado; es así que, con el folio número Crr3141/2014, fueron presentados diversos documentos y argumentos para solventar o aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño y, en su caso cubrir el monto a que ascienda y quede resarcido, ante la Oficialía de Partes de ese Órgano Fiscalizador; en ese mismo orden de ideas no fue emitido el informe de resultados sobre los documentos y argumentos de referencia. Continuando con la idea anterior tenemos que, el Órgano Técnico tenía la obligación de emitir una valoración debidamente fundada y motivada respecto de los documentos y argumentos que constaron en los folios señalados en el párrafo anterior, ahora bien del Derecho Objetivo encontramos al artículo 55 fracción II último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; luego entonces, mi derecho subjetivo radica en exigir el cumplimiento del sistema normativo impero-atributivo, o sea, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, analizará los documentos y argumentos que fueron realizados a través del folio Crr3141/2014; en tal sentido, como ya lo he referido, de los autos no se desprende que haya existido un informe de resultados, esto es, una valoración de los documentos y argumentos formulados en la etapa de aclaración. En ese tenor, al no existir pronunciamiento al respecto, se me deja en total estado de indefensión, puesto que no se me da a conocer el por qué si o el por qué no fueron suficientes, procedentes, pertinentes, idóneos los mismos para solventar o aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño y, en su caso cubrir el monto a que ascienda y quede resarcido; por ende, se desprende que no se cubrieron las formalidades esenciales del procedimientos tal y como lo ordena el artículo 14 de nuestra Carta Magna. En base a lo anterior, Usted señor Auditor deberá de declarar que la etapa de aclaración me causa perjuicio en mis intereses jurídicos y legítimos, por ello, deberá de promover, respetar, proteger y garantizar mis derechos humanos tal y como se establece en el artículo 1 de la Ley Suprema de nuestro país. 3. Señalo a Usted Auditor Superior de Fiscalización como violación de mis derechos humanos la omisión de cumplir con sus facultades y obligaciones contempladas en el artículo 61 fracción XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. "Artículo 61.- Son facultades y obligaciones de la legislatura: XXXII. Recibir, revisar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, del año anterior, mismas que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios. Para tal efecto, contara con un Órgano Superior de Fiscalización, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad." (lo resaltado es nuestro) Como puede observarse la función de fiscalización no se desarrolló conforme a los principios resaltados ya que de la ilegal auditoria de obra que se me inició se llega a la conclusión que la fiscalización no se llevó después de que hubiere causado ejecutoria la fiscalización o la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil doce, es decir, debió fiscalizarse después de haber culminado este ejercicio, esto es, después de que la Legislatura hubiere revisado la cuenta pública y emitir el informe de resultados, circunstancias que no se observan en la misma. A mayor abundamiento, las cuentas públicas se revisan y fiscalizan en el mes de marzo del año posterior, teniendo la Legislatura hasta el mes de octubre de ese año para emitir el resultado de la cuenta pública; esto es, si la cuenta pública del año 2012 fue recibida por la Legislatura en el mes de Marzo de 2013, para el mes noviembre de 2013, debió emitir el resultado de dicha revisión; de tal suerte que, si el inicio de la auditoria de obra fue notificada a diversos particulares en el mes de febrero y marzo de 2013, claro es que, existe violación evidente a lo establecido en el artículo 61 fracción XXXII de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, porque el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, debió esperar a que la legislatura emitiera el resultado de la revisión de la cuenta pública hasta el mes de noviembre de 2013; todo lo contrario, arbitrariamente se me notifico el inicio de la auditoria de obra mucho antes de que se analizara, revisara la cuenta pública del año 2012. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo siguiente: [.] AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. EL PRICIPIO DE ANUALIDAD IMPIDE, QUE A TRAVÉS DE SU FACULTAD ORDINARIA DE REVISIÓN DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA, FISCALICE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE AÑOS ANTERIORES AL EJERCICIO AUDITADO. [.] 4. Que ese Órgano Fiscalizador haya omitido cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. En efecto, el Titular de ese Órgano Fiscalizador en lugar de iniciar la etapa de aclaración a la entidad fiscalizable, lo hizo a un particular sin que tuviera la más mínima oportunidad de aclarar o solventar las observaciones advertidas. A este respecto tenemos que, si la etapa de aclaración tiene como finalidad dar la oportunidad a la entidad fiscalizable de solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño advertido, en el presente caso no se dio cumplimiento a la etapa de aclaración contemplada en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. El artículo 2 fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, señala lo que debe de entenderse por Entidad Fiscalizable, el cual a la letra dice: "Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: V. Entidades Fiscalizables: a los Poderes Públicos, Municipios, organismos autónomos, organismos auxiliares y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios;" En ese entendido, en la etapa de aclaración se determinó una responsabilidad objetiva (daño al Erario Municipal), en contra de un ciudadano sin oportunidad más mínima de defenderse, es por ello que a quien se debió de iniciar la etapa de aclaración lo fue a la entidad fiscalizable, tal y como lo ordena el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Fiscalizacion del Estado de México, al señalar que la etapa de aclaración tiene como finalidad dar oportunidad a las entidades fiscalizables para solventar., luego entonces, una vez concluido mi encargo como Director de Obras Públicas, de San José del Rincón, México, entregué toda la información y/o documentación propiedad del Municipio; en tal sentido cuando terminó mi encargo lógicamente ya no tuve ni tengo acceso a la documentación del Municipio. En ese tenor, se violó en mi perjuicio mis derechos fundamentales porque se inició la etapa de aclaración que contempla la Ley de Fiscalización Superior, la cual se dio por terminada con todo el dolo y la intención de afectar mis derechos humanos y entre otros el de mi patrimonio, ya que fuera de razón el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, le pide a un ciudadano que solvente y aclare el contenido de las observaciones o la determinación del daño advertido, cuando no tiene la más mínima oportunidad de hacerlo. Cabe resaltar lo que establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México: "Artículo 53.- Si del ejercicio de las atribuciones de fiscalización del Órgano Superior, se observa o determina alguna irregularidad que implique daño a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades fiscalizables, se deberá de iniciar la etapa de aclaración en cualquier momento, previo al inicio del procedimiento resarcitorio. La etapa de aclaración tiene como finalidad dar oportunidad a las entidades fiscalizables para solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño y, en su caso, cubrir el monto a que ascienda y quede resarcido. Artículo 54.- la etapa de aclaración se desarrollará de la siguiente manera: I.- El Auditor Superior o el Auditor Especial correspondiente, notificará el contenido de las observaciones o la determinación del daño y concederá a la entidad fiscalizable un plazo no menor de veinte días ni mayor a cuarenta y cinco días hábiles, para que las solvente o repare, y manifieste lo que a su interés convenga; II.- La entidad fiscalizable, dentro del plazo concedido, presentará los elementos que considere necesarios para justificar o aclarar las observaciones efectuadas, para acreditar la reparación o inexistencia del daño. En caso de no hacerlo, se entenderá que la entidad fiscalizable acepta en sus términos lo expuesto por el Órgano Superior y este procederá conforme a derecho; [.] Sirve de apoyo el siguiente criterio: [.] RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO. LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE INICIAR O PROMOVER EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO, LEGITIMA A LAS ENTIDADES SUJETAS A FISCALIZACIÓN PARA INTERPONERLO. [.] En ese entendido, al omitir emitir y notificar el informe de resultados, esto es, el documento mediante el cual se me dieran a conocer el resultado de la valoración de los elementos de prueba exhibidos, así como las observaciones que conforme a esa valoración se determinarán que no fueron solventadas, me causa un grave perjuicio ya que se culminó la etapa de aclaración y se determinó un daño a la Hacienda Pública Municipal de San José del Rincón México, vinculándome al procedimiento administrativo resarcitorio, sin poder hacer consideración alguna respecto de las observaciones no solventadas por que no se me hizo del conocimiento de las observaciones no solventadas. Como conclusión podemos apuntar: Se priva al recurrente de sus derechos, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, es decir se violentan las garantías del debido proceso y de audiencia. Se inicia un procedimiento administrativo resarcitorio en agravio al recurrente sin estar fundado y motivado, implicando una violación al principio de legalidad. Se emite en perjuicio del recurrente una resolución que no es completa ni imparcial, esto es se viola en mi perjuicio el derecho de acceso a la justicia. Que bajo el nuevo paradigma de derechos humanos, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un sistema de coherencia derivado de los derechos humanos, donde existe una jerarquía axiológica comprendida en el orden constitucional, que disciplina a todo el sistema normativo mexicano. Que conforme al nuevo orden constitucional, debe privilegiarse la protección y reparación de los derechos humanos, por encima de cualquier formal que impida su defensa. Que el artículo 133 Constitucional, impone a los jueces la obligación ineludible de aplicar e interpretar las leyes secundarias, conforme al artículo 1 de la Carta Magna, de manera que si estas leyes no alcanzan los estándares que este precepto exige, deben de aplicarse e interpretarse las normas secundarias de manera extensiva, hasta alcanzar la mayor protección de los derechos humanos. Que los jueces deben de dejar de aplicar normas o invalidar actos de autoridad que violenten los derechos humanos, ordenando de inmediato la restauración del orden jurídico quebrantado. De acuerdo al principio pro personae debe aplicarse la norma que sea más favorable o que otorgue mayor protección a la persona, luego entonces, en el caso, debió de iniciarse la etapa de aclaración a la entidad fiscalizable y no a un particular sin la más mínima oportunidad de defenderse. 5.- Señalo como ilegal el procedimiento administrativo resarcitorio que indebidamente se me inicio y por consecuencia el citatorio a garantía de audiencia, pliego preventivo de responsabilidad; puesto que carece de fundamentación y motivación. En efecto, ese Órgano Técnico debió de precisar con toda claridad la facultad que tiene para revisar y fiscalizar las cuentas públicas; de tal suerte que para emitir un acto de molestia debió de justificar el por qué se decidió revisar las cuentas públicas del Municipio de San José del Rincón, México. Continuando con la idea, ese Órgano Técnico debió señalar el por qué se inició la auditoria de obra, ya que de acuerdo al programa anual de auditoria debió de justificar el cómo, cuándo, dónde y por qué del acto de molestia; es decir, de manera anual el Órgano de Fiscalización debe de programar las auditorias que se llevaran a cabo; así mismo, en el año dos mil once, el Órgano Técnico debió de programar las auditorías a realizar en el año dos mil doce; por ende, en el oficio de inicio de auditoría de obra, pliego de observaciones, citatorio a garantía de audiencia y pliego preventivo de responsabilidades debió de fundamentar y motivar su competencia y atribuciones, o sea, debió de justificar a través del programa anual de auditorías el inicio de la auditoria de obra, precisando con toda claridad el o los documentos en los cuales se determinó viable la auditoria de referencia, circunstancias que no se observan en los documentos tildados de ilegales. De igual forma debió de fundamentar y motivar el por qué en una auditoría de obra se realizaron observaciones de carácter financiero. 6.- Por otra parte, ese Órgano de Fiscalización debió de acreditar el supuesto daño a la hacienda pública en el Municipio de San José del Rincón, México, ya que las imputaciones que se realizaron tanto en la etapa de aclaración como en el citatorio a garantía de audiencia y pliego preventivo de responsabilidad no se evidencia una pérdida o menoscabo al erario público. En efecto, en lo substancial ese Órgano Técnico se limitó a señalar que hubo un daño y lo pretendió soportar con las pólizas de diario 17, 45, 46, 113, y 114 de fechas doce de septiembre, doce y quince de noviembre, catorce y diecinueve de diciembre todas de dos mil doce, respectivamente, sin embargo, de dichas documentales no se logra observar ni deducir un daño al erario público, en razón que, lo único que se aprecia de las mismas es un traspaso de recurso económico de una cuenta del Municipio de San José del Rincón, México, a otra del mismo Municipio de San José del Rincón, México, circunstancias que de ninguna manera presumen tan siquiera una disminución a la hacienda pública del Municipio de referencia. Cabe señalar que, lo máximo que pudiera llegar a considerarse con los traspasos entre cuentas del mismo Municipio, sería una irregularidad administrativa disciplinaria, puesto no se evidenció un daño a la hacienda pública del Municipio de San José del Rincón, México. De igual forma, ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para poder aseverar, imputar o emitir un acto de molestia debió de basar sus imputaciones en documentos reales, confiables y contundentes a través de los cuales evidenciara el supuesto daño que encontró al erario municipal de San José del Rincón, México, o sea, que el recurso económico que se encontraba temporalmente en otra cuenta del mismo Municipio, fue retirado de la cuenta destino y se realizaron pagos diversos a los fines previstos. Sirve de apoyo el siguiente esquema basado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: [.] De tal forma que es evidente y por consiguiente un hecho notorio que si el recurso económico de una cuenta fue trasladado a otra cuenta de la misma hacienda pública municipal, no puede crearse, inventarse, imaginarse, suponerse o desearse un daño, puesto que dicho recurso no ha salido del círculo más grande (hacienda pública). Para que las imputaciones señaladas por el Órgano Técnico tuvieran sustento legal, se debió de acreditar que la hacienda pública del Municipio de San José del Rincón, México, se vio disminuida, que tuvo una pérdida, un menoscabo, sirve de ejemplo lo siguiente: [.] En ese mismo orden de ideas, para mejor comprensión, en el presente asunto, el Órgano Técnico de la Legislatura (OSFEM), debió de evidenciar que la cuenta de FISM tenía cierto recurso económico; en segundo lugar, que el recurso que fue depositado en la cuenta de Participaciones fue retirado de; en tercer lugar, que el recurso que fue retirado de Participaciones fue destinado a fines distintos de los previstos para FISM; solo así se pudiera evidenciar un posible daño a la hacienda pública municipal, para mejor comprensión, me permito ejemplificar de la siguiente forma: [.] Ahora bien, para acreditar un daño, pérdida, menoscabo o disminución a la hacienda municipal de San José del Rincón, México, el OSFEM debió de evidenciar con documentales idóneas, que en la cuenta de PARTICIPACIONES no se encontraban los 10 de participaciones y los 10 de FISM, o sea, que el saldo de la cuenta correspondiera a 0. Por el contrario, en el arbitrario, desigual, injusto, e ilegal procedimiento administrativo se desprende el desvió de poder ya que si bien es cierto describieron diversas documentales también lo es el que no se explicó en qué documento se cree que se observa el daño, y para qué sirve cada uno de los documentos descritos para que pudiera defenderme; por ende, se me dejó en un total estado de incertidumbre. Para mayor referencia me permito puntualizar los siguientes conceptos: Detrimento: destrucción leve o parcial Detrimento: quebranto de los intereses Pérdida: privación de lo que se poseía Pérdida: daño o menoscabo que se recibe en algo Menoscabo: efecto de menoscabar, disminución de algo, quitándole una parte, acortándolo o reduciéndolo. De tales conceptos podemos destacar que, de los documentos de los cuales se pretendió evidenciar que cause daño al erario público no son los idóneos, pertinentes, suficientes y procedentes para sostener que cause un daño al erario público, de San José del Rincón, México, razón suficiente para que se emita resolución en la cual se determine que al no haberse acreditado un daño al erario público no se puede fincar una responsabilidad administrativa resarcitoria y en consecuencia deberá de cancelarse el pliego preventivo de responsabilidades. Así pues, señor Auditor Superior de Fiscalización deberá promover, respetar, proteger y garantizar mis derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitiendo su determinación en la cual declare que no existe daño a la hacienda pública municipal y por consecuencia la inexistencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria; cabe señalar los principios aducidos: De acuerdo al principio de universalidad lo derechos humanos son inherentes al hombre, lo que implica que son debidos por su naturaleza, teniendo su origen en la dignidad de la persona. El principio de interdependencia señala que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí, y en consecuencia la satisfacción o afectación a alguno de ellos tiene efectos en el goce y eficacia de otros. El principio de indivisibilidad obliga al respeto de todos los derechos teniendo como origen común la dignidad humana sin relegar algunos derechos para conceder prioridad a otros y tampoco puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. El principio de progresividad se refiere a que todas las cuestiones relativas a los derechos humanos; tales como su reconocimiento y protección deben buscarse un constante avance o mejoramiento; y en contrasentido, apunta a la no regresividad, esto es que una vez que se ha alcanzado un determinado estándar no se admitirán medidas de retroceso. Así mismo, de acuerdo a las características de los derechos humanos tenemos que al ser inherentes a la persona, irrenunciables y al limitar el ejercicio del poder público, se deberá de declarar la ilegalidad del procedimiento que me fue iniciado. Por último, a efecto de desentrañar el sentido de las normas relativas a los derechos humanos solicito además se analice los principios de interpretación conforme al principio pro persona. Pruebas: Folio número Crr3141/2014, mismo que fue ingresado ante la Oficialía de Partes de ese Órgano Técnico, con el cual acredito que no fueron valorados los documentos y argumentos formulados a través del mismo, tal y como lo establece el artículo 55 fracción II último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Instrumental de actuaciones. Presunción en su doble aspecto tanto legal como humana. [.] Como puede advertirse de lo anterior, haciendo una comparación entre lo expuesto por los allá recurrentes, con lo expresado en sede constitucional por lo ahora quejosos, se llega a la convicción de que los conceptos de violación son inoperantes. Es así porque los quejosos substancialmente repiten en sus conceptos de violación, los agravios que hicieron valer ante el Auditor responsable, mismos que fueron valorados por la autoridad responsable en la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil quince, dictada en el recurso de revisión que nos ocupa. Resulta aplicable a lo anterior la tesis consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO REPRODUCEN LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Si lejos de controvertir las razones por las cuales la Sala responsable desestima los agravios que formuló ante ella, el quejoso se concreta a reproducir fundamentalmente lo que alegó en segunda instancia, es inconcuso que sus conceptos de violación devienen inoperantes." No se soslaya que los quejosos también adujeron como conceptos de violación que, el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, el treinta de septiembre de dos mil trece, entregó a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el Informe de Resultados de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Estado de México y Municipios dos mil doce, lo que se puede apreciar en la revista "DOSSIER OSFEM No, 2", la cual se puede consultar en la página web de la responsable, osfem.gob.mx; y, el oficio de inicio de auditoría de obra se debió fundamentar y motivar la competencia y atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, más aun, porque de la página de dicho órgano, se desprende la planeación de las auditorías, como la responsable describe en el Documento Rector de Planeación Institucional 2009-2017, consultable en osfem.gob.mx, de donde se desprende que la responsable se encuentra obligada a respetar un sistema de planeación que la misma elaboró, publicó y a la cual quedó sujeta, por lo que de manera fundada y motivada debió justificar el diseño, ejecución, conducción, control y evaluación, así como señalar los planes, programas y proyectos en los que se sustentó la auditoría de obra motivo del procedimiento administrativo resarcitorio; los que resultan inoperantes. Lo anterior es así, pues si la parte quejosa reclama en un juicio de amparo indirecto la inconstitucionalidad de un acto de autoridad administrativa, y en sus conceptos de violación argumenta cuestiones que no propuso ante aquélla, por ende, al no haber pronunciamiento al respecto en la determinación combatida, dichos conceptos de violación son inoperantes por constituir su estudio, por parte de un órgano del Poder Judicial Federal, la sustitución de la autoridad administrativa, dejándola en estado de indefensión al no permitírsele resolver sobre una cuestión que, por ley, es de su competencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 1137 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Ahora bien, en lo relativo a los argumentos insertos en los motivos de disenso, referentes a que ".el artículo 8 fracciones I, II, X, XIX y XXI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, resulta contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se contrapone a lo establecido en el artículo 79 de la referida Carta Magna, así como a lo dispuesto en el numeral 61 fracción XXXII de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de México, puesto que no se notificó la auditoría de obra de manera posterior al resultado de la cuenta pública del año dos mil doce, asimismo, se inició una auditoría de obra sin que la cuenta pública hubiera sido definitiva y posterior a la anualidad revisada, por lo que en esta vía se solicita que se ejerza en su favor el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad para determinar que el artículo 8 fracciones I, II, X, XIX, XX y XXI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México es contraria a la Constitución Federal y Local, lo que violenta el contenido del artículo 1º de la Ley Fundamental, relativo a que los derechos humanos se deben interpretar conforme a la protección más amplia", resultan ineficaces, como a continuación se verá. Es así en virtud de que de la lectura del anterior concepto de violación, se desprende que los quejosos reclaman una ley que se aplicó en el acto de autoridad, que según aducen es contraria a la constitución, de lo que puede inferirse que lo que en realidad reclaman es la inconstitucionalidad de ésta; sin embargo, es preciso tener en cuenta que por la índole y organización jurídica del amparo, la alusión a la inconstitucionalidad de una ley, es ineficaz, cuando el juicio no se promovió contra la autoridad legislativa de quien emana, pues debe memorarse que el acto aquí reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil quince, en la que se resolvieron los recursos de revisión R.R.-PAR/306/2015 y sus acumulados R.R.-PAR/307/2015, R.R.-PAR/308/2015 y R.R.-PAR/309/2015. Al margen de lo anterior, ciertamente los quejosos intentan evidenciar que el artículo 8 fracciones I, II, X, XIX y XXI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, resulta contrario a lo establecido por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en el numeral 61 fracción XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para lo cual solicita que este Juzgado ejerza en su favor un control de constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, es menester destacar que dicho control solo es factible ejercerse sobre normas de carácter general o actos de autoridad en relación con la Constitución Federal, no así, de normas ordinarias con el contenido de la Constitución de un Estado, como se pretende en los conceptos de violación, pues dicha Constitución Local también constituye una norma de carácter general, en tanto, en el juicio de amparo no puede haber control de normas locales, en confronta con Constituciones Estatales. Por otra parte, en lo tocante al control constitucional que se pretende en los conceptos de violación, respecto al señalado artículo 8 fracciones I, II, X, XIX y XXI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en relación con lo estipulado en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los quejosos aducen que dicho numeral de la legislación local, es contrario a lo determinado por la Carta Magna, porque no se notificó la Auditoría de Obra de manera posterior al resultado de la cuenta pública del año dos mil doce y se inició la Auditoría de Obra sin que la cuenta pública hubiera sido definitiva y posterior a la anualidad revisada; sin embargo, no se considera que conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, este Órgano deba acudir a una interpretación más amplia en favor de los quejosos. Lo anterior, en virtud de que de la propia lectura del artículo 79, específicamente en su tercer párrafo, se abstrae que la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública, es decir, la propia Constitución establece que, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, puede hacer uso de sus facultades fiscalizadoras a partir del día hábil del siguiente ejercicio fiscal, y en el asunto que se estudia, debe memorarse que la Auditoría de Obra efectuada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, al Municipio de San José del Rincón, Estado de México, se inició en el mes de febrero de dos mil trece, siendo que la misma comprendió el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, esto es, la Auditoría de Obra inició de manera posterior al ejercicio fiscal revisado, actuación que no es ajena a lo establecido por la Carta Magna, como ya se vio. Además, el planteamiento es ineficaz desde una segunda perspectiva, porque con independencia de que los quejosos no proponen un argumento suficientemente claro para denotar la necesidad de desarrollar un control ex officio de regularidad constitucional, sucede que la norma Constitucional Federal que se estima vulnerada se refiere al Órgano de Fiscalización Federal, no así a los Órganos de Fiscalización Locales; de ahí la ineficacia del planteamiento, desde este segundo ángulo argumental. Motivos por los cuales, se reitera, se estimó infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos. Máxime que, contrario a lo afirmado por los quejosos, en el presente caso no es procedente suplir la deficiencia de la queja, pues la materia administrativa es de estricto derecho, sin que los inconformes se ubiquen en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, el citado precepto legal establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo". Luego, si bien materia de suplencia de la queja se ha flexibilizado en cuanto a los supuestos de cuándo resulta aplicable a los quejosos, cierto es que en la especie, no es procedente resolver conforme a la figura jurídica en estudio, dado que ni las circunstancias de los solicitante ni los hechos que reclaman se ubican en alguna de las hipótesis descritas en el artículo inserto en el párrafo precedente, ya que el acto reclamado no se fundó en una norma declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Pleno de Circuito, ni se controvierten derechos de menores o incapaces, menos aún este Juzgado aprecia que contra los accionantes del amparo se hubiera cometido una violación evidente de la ley que los haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el numeral 1° de dicho ordenamiento legal. Sin que en el caso específico se actualice la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece que debe aplicarse tal suplencia en cualquier materia -como la administrativa- en favor de quien se ubique en condiciones de pobreza o marginación de modo que sea evidente la desventaja social para su defensa en el juicio, pues en autos no existen elementos que siquiera presuman tal circunstancia. En consecuencia, al no ubicarse el caso concreto en alguna de las hipótesis que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo, no se está en el supuesto de suplir la deficiencia de los motivos de inconformidad. Finalmente, con todo lo razonado en este último considerando, es dable resumir, que los actos reclamados no infringen lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, entre otras cosas como uno de los elementos esenciales, la congruencia al resolver y que todo acto de autoridad que se dirija a los gobernados deberá estar fundado y motivado debidamente, lo que en el caso acontece. Asimismo, es menester precisar que los razonamientos jurisprudenciales y tesis utilizadas en la presente sentencia, resultan aplicables sin soslayar que algunos se refieren a la Ley de Amparo anterior, toda vez que el contenido de los artículos que en ellas se hace referencia, ahora está reflejado en diversos numerales de la ley actual, con la puntualidad que en la ley actual, el legislador definió que debe entenderse para cada caso en concreto, empero al no realizar en dichos criterios una interpretación diversa a la utilizada, continúan vigentes y, por tanto, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, ante lo inoperante por una parte, y por otra, infundado de los conceptos de violación formulados por los quejosos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo 4/2016, promovido por Ariadna Alejandra Marín Batta, Gabriela Reyes Gutiérrez, Roberto Rojas Camacho y Arturo Romero Marín, contra los actos y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero del presente fallo, por las razones y términos expuestos en el considerando último del cuerpo de la sentencia.
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