Ari Sebastián Brickman
Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 41 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ari Sebastián Brickman
- Ari Sebastián Brickman y Otros.
- Zara Aslhey Snapp Hartman y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
(...) Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien le pudiera causar algún perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintisiete de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes, por lo que deberán archivarse las actuaciones al tratarse de un asunto concluido (...); y, notifíquese personalmente a la parte quejosa (...)
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de doce de los corrientes, remitiendo al efecto un DVD; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y tómese en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".De la autoridad responsable señalada se reclama su inconstitucional e inconvencional Resolución de fecha 8 de enero de 2021 (de la que tuvimos conocimiento el mismo día) dictada dentro del cuadernillo de restitución provisional 01/2020 y su acumulado, que dirimió no conceder la medida provisional de restitución de bienes inmuebles solicitada." Ahora bien, del DVD que remitió la responsable, el cual contiene la resolución emitida el ocho de abril del presente año, misma que resolvió, que los aquí terceros interesados Margarito García Sánchez, Francisco Ruiz Hernández, David Ruiz Castillo, Hermila Ruiz Pedraza, Marcelino Ruiz Pedraza, Silvia García Maldonado, Evelia Ortiz Alarcón, Cipriano Vázquez García, Aaron Abimael Serratos Barrera, Fernando Martínez Guzmán, Silvestre Rodríguez Hernández y Ramón González Gómez, contaban con diez días naturales, para hacer entrega a los aquí quejosos Ari Sebastián Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman, José Luis Carrión Van Rijn y Jessica Anne Gottfried Hesketh, de los bienes que fueron despojados, por haber acreditado la propiedad de los mismos, con los títulos de propiedad correspondientes. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En tales condiciones, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de ocho de enero de dos mil veintiuno, ha dejado de tener vigencia al haber sido sustituida procesalmente por la diversa de ocho de abril de la presente anualidad; por ende, resulta innecesario analizar el fondo del asunto, en virtud de que en la especie se advierte una causa de improcedencia que por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, su estudio es preferente a cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia número 234, publicada en la página número 192, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". En efecto, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicte un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, del DVD remitido por la autoridad responsable, se advierte que, se emitió una resolución el ocho de abril del año en curso, en el cual se ordenó a los aquí terceros interesados Margarito García Sánchez, Francisco Ruiz Hernández, David Ruiz Castillo, Hermila Ruiz Pedraza, Marcelino Ruiz Pedraza, Silvia García Maldonado, Evelia Ortiz Alarcón, Cipriano Vázquez García, Aaron Abimael Serratos Barrera, Fernando Martínez Guzmán, Silvestre Rodríguez Hernández y Ramón González Gómez, que contaban un término de días naturales para hacer entrega a los aquí quejosos Ari Sebastián Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman, José Luis Carrión Van Rijn y Jessica Anne Gottfried Hesketh, de los bienes que fueron despojados, por haber acreditado la propiedad de los mismos, con los títulos de propiedad correspondientes. (Visible en el tercer archivo del disco digital versátil con registro C2492022, a partir del minuto 25'33'') Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de ocho de abril último, cesaron, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo la aludida resolución la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."; estableció que cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. De ahí que resulte pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, a fin de que se imparta justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional. Por otro lado, no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados Ramón González Gómez, Francisco Ruíz Hernández, Hermila Ruíz Pedraza, Marcelino Ruíz Pedraza, Evelia Ortiz Alarcón, Cipriano Vázquez García, Ariok Abimael Serratos Barrera y Silvestre Rodríguez Hernández, por lista de acuerdos a David Ruiz Castillo y Fernando Martínez Guzmán, y por oficio a las autoridades responsables y agente del ministerio público de la federación adscrita. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de doce de los corrientes, remitiendo al efecto un DVD; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y tómese en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".De la autoridad responsable señalada se reclama su inconstitucional e inconvencional Resolución de fecha 8 de enero de 2021 (de la que tuvimos conocimiento el mismo día) dictada dentro del cuadernillo de restitución provisional 01/2020 y su acumulado, que dirimió no conceder la medida provisional de restitución de bienes inmuebles solicitada." Ahora bien, del DVD que remitió la responsable, el cual contiene la resolución emitida el ocho de abril del presente año, misma que resolvió, que los aquí terceros interesados Margarito García Sánchez, Francisco Ruiz Hernández, David Ruiz Castillo, Hermila Ruiz Pedraza, Marcelino Ruiz Pedraza, Silvia García Maldonado, Evelia Ortiz Alarcón, Cipriano Vázquez García, Aaron Abimael Serratos Barrera, Fernando Martínez Guzmán, Silvestre Rodríguez Hernández y Ramón González Gómez, contaban con diez días naturales, para hacer entrega a los aquí quejosos Ari Sebastián Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman, José Luis Carrión Van Rijn y Jessica Anne Gottfried Hesketh, de los bienes que fueron despojados, por haber acreditado la propiedad de los mismos, con los títulos de propiedad correspondientes. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En tales condiciones, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de ocho de enero de dos mil veintiuno, ha dejado de tener vigencia al haber sido sustituida procesalmente por la diversa de ocho de abril de la presente anualidad; por ende, resulta innecesario analizar el fondo del asunto, en virtud de que en la especie se advierte una causa de improcedencia que por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, su estudio es preferente a cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia número 234, publicada en la página número 192, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". En efecto, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicte un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, del DVD remitido por la autoridad responsable, se advierte que, se emitió una resolución el ocho de abril del año en curso, en el cual se ordenó a los aquí terceros interesados Margarito García Sánchez, Francisco Ruiz Hernández, David Ruiz Castillo, Hermila Ruiz Pedraza, Marcelino Ruiz Pedraza, Silvia García Maldonado, Evelia Ortiz Alarcón, Cipriano Vázquez García, Aaron Abimael Serratos Barrera, Fernando Martínez Guzmán, Silvestre Rodríguez Hernández y Ramón González Gómez, que contaban un término de días naturales para hacer entrega a los aquí quejosos Ari Sebastián Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman, José Luis Carrión Van Rijn y Jessica Anne Gottfried Hesketh, de los bienes que fueron despojados, por haber acreditado la propiedad de los mismos, con los títulos de propiedad correspondientes. (Visible en el tercer archivo del disco digital versátil con registro C2492022, a partir del minuto 25'33'') Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de ocho de abril último, cesaron, de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo la aludida resolución la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."; estableció que cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. De ahí que resulte pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, a fin de que se imparta justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional. Por otro lado, no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados Ramón González Gómez, Francisco Ruíz Hernández, Hermila Ruíz Pedraza, Marcelino Ruíz Pedraza, Evelia Ortiz Alarcón, Cipriano Vázquez García, Ariok Abimael Serratos Barrera y Silvestre Rodríguez Hernández, por lista de acuerdos a David Ruiz Castillo y Fernando Martínez Guzmán, y por oficio a las autoridades responsables y agente del ministerio público de la federación adscrita. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta el diverso oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Número XII de Coatepec, Veracruz, mediante el cual informa el impedimento que tiene para dar cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de veintisiete de abril del presente año; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que la autoridad referida en el párrafo que antecede, manifiesta que el proceso penal 07/2021/-II, se encuentra radicado bajo la ponencia II, cargo de ********************, Juez de Control del Distrito Judicial Número XII de Coatepec, Veracruz; por tanto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable antes precisada, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea legalmente notificado el presente proveído remita la resolución interlocutoria de ocho de abril del año en curso, dentro del proceso penal ********************, o en su caso, informe el impedimento que tenga para ello. Para lo anterior, se pone a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237, fracción I, y 259 ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
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