Arhely Alhely Núñez García

Expediente 1031/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1031/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Arhely Alhely Núñez García

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, y este órgano jurisdiccional, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; al que le fue asignado el conflicto competencial 33/2023, de ello, se toma nota, y glósese a los autos para que obre como constancia, quedando a la espera de que la superioridad resuelva dicho conflicto.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", el oficio electrónico de cuenta firmado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que remitió al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el juicio de amparo 791/2023-I, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado entre ese Juzgado Tercero de Distrito y este órgano jurisdiccional; de ello, se toma nota, y glósese a los autos para que obre como constancia la misiva de cuenta, quedando a la espera de que la superioridad determine a qué Juzgado de Distrito le compete conocer de la demanda que dio origen a dicho conflicto.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos de cuenta, misiva signada por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual allega el expediente relativo al juicio de amparo 791/2023 de su índice, promovido por Arhely Alhely Núñez García, a través de su apoderado legal de Carlos César Berrut Bustos, en razón de que ese órgano federal se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo, y se provee: RECEPCIÓN Y REGISTRO Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por Arhely Alhely Núñez García, a través de su apoderado legal de Carlos César Berrut Bustos, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese el escrito de demanda que se anexa a la misiva que se acuerda, en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1031/2023-g y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, previo a determinar lo conducente, es preciso destacar que, el Juez declinante remitió a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, Guerrero, la demanda de amparo que dio origen a su juicio de amparo 791/2023-I, en razón de que, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda instada por Arhely Alhely Núñez García, a través de su apoderado legal de Carlos César Berrut Bustos, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad a la que la parte quejosa le reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECAMADO: La inactividad procesal en que se encuentra el juicio laboral entablado por Arhely Alhely Núñez García en contra del H. Ayuntamiento Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, expediente 816/2010 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado quien, no dicta las -medidas legales y efectivas- para el cabal cumplimiento de su laudo definitivo, mismo que se encuentra en la etapa de ejecución". Es así, el Juez declinante consideró que la competencia legal para conocer de dicho asunto, lo es, un Juez residente en Chilpancingo de los Bravo, Guerreo, dado que la autoridad señalada como responsable, reside en esta área geográfica, donde según su apreciación se trata de ejecutar el acto reclamado. Sin embargo, del análisis practicado a la demanda de amparo de referencia, este Juzgado no comparte el criterio del juzgador declinante, motivo por el cual se determina no aceptar la competencia planteada por ese órgano de control constitucional. En efecto, de la lectura del libelo constitucional se aprecia que la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; una dilación procesal, al omitir dictar medidas en caminadas a lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Entonces, del estudio íntegro de la demanda de amparo, es factible para este órgano de control constitucional, determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, se pone en evidencia la conducta omisiva que, de manera destacada, se imputa al Tribunal laboral responsable, no requiere ejecución material, ya que se trata de un no hacer o una omisión en el juicio natural. En ese orden, este Juzgado de Distrito considera que, contrario a lo expuesto por el declinante, en el caso, es incompetente legalmente para conocer del juicio de amparo, dado que el acto destacado en este caso es la omisión del Tribunal Laboral, en dictar los requerimientos para lograr el cumplimiento o pago del laudo ejecutoriado; conducta omisiva y por ende, no conlleva una ejecución material en esta ciudad; sino que en todo caso, se ejecutará o materializará en la residencia del Ayuntamiendo demandado en el natural -municipio de Ayuntamiento Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero-, misma que corresponde al territorio en que ejerce jurisdicción el Juzgado declinante, según lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por }materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es preciso reiterar que, la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [. . .] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [. . .]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1- Con independencia del lugar de residencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un juez de distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (actos que requieren de ejecución). 2- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3- Cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Evidentemente las reglas antes descritas, obedecen a la naturaleza o efectos de la ejecución del acto reclamado que deben tomarse en consideración para determinar la competencia. Sin embargo, como se ha visto, del estudio integral de la demanda, se advierte que en el mencionado acto se traduce en una omisión del tribunal obrero, que no conlleva una ejecución material; por ende, no produce efectos materiales, como tampoco lleva implícito un principio de ejecución, en tanto que sus consecuencias no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal; de ahí que el citado acto controvertido no contiene un principio la ejecución que trascienda, pues se trata, se insiste, de un acto omisivo. Máxime, que del citado artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que resulta competente para conocer de la demanda de mérito el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, por ser ante quien se presentó el escrito relativo; lo anterior, conforme a lo dispuesto por el referido Acuerdo General 03/2013. Entonces, como se evidenció el acto reclamado no tiene ejecución material, por tanto, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya esta conclusión, el criterio de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos, Décima Época, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2006529, de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Igualmente apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 700, Décima Época, con registro digital 2021783, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." De igual manera y por analogía se aplica el criterio jurisprudencial PC.XXI. J/2 L (11a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 2406, de la Undécima Época, con registro digital 2023679, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES DE DISTRITO. LAS OMISIONES O ABSTENCIONES EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL NO CONLLEVAN UNA EJECUCIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE SU FIJACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de los contendientes la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el otro, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Primer Circuito establece que los actos o abstenciones de las autoridades responsables dentro de los procedimientos laborales no conllevan una ejecución material para efectos de definir la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias objeto de contradicción se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, con la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (como fijar la fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado." En mérito de lo anterior, y dado que el acto omisivo reclamado por la parte quejosa, no es de los que requieren o conllevan una ejecución material, se colige que la competencia para conocer y resolver este juicio constitucional radica en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, que es el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, pues en ese lugar se presentó la demanda de amparo. Por tanto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, Guerrero, no acepta la competencia para conocer del referido juicio constitucional y previa formación de un cuaderno de antecedentes, devuélvanse los autos al juez declinante; solicitando acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa en el escrito de demanda, en razón de la materia de la demanda de amparo. En ese mismo sentido, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde este momento se le autoriza consultar el expediente electrónico que corresponde al presente sumario; así como recibir citas y notificaciones, ello, a través de los usuarios BERRUT", "Abi.Gonzalez" y "Adriana_Martínez", corresponden a Carlos César Berrut Bustos, Christian Abigail González Hernandez, y Adriana Martínez Carmona; y que fueron verificados en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICO ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción que realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y cúmplase. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la Secretaria licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.

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