Argenis Ulises Gutiérrez Vargas
Expediente 2/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Argenis Ulises Gutiérrez Vargas
- Javier Zúñiga Díaz
Actuaciones
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Colima, Colima, catorce de junio de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 17 y 25 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la promoción de cuenta. De la lectura del escrito de cuenta, el cual fue registrado como denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad, por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, se obtiene que******************** promueve juicio de amparo indirecto contra actos realizados por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otras autoridades, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, constitucionales, en relación con los diversos 1, 35, 37, 107 al 124 de la Ley de Amparo, aunado que cita y señala los requisitos del artículo 108 de la Ley de la materia, los cuales grosso modo, constituyen la sustanciación del juicio de amparo indirecto, la procedencia del mismo; así como los requisitos de la demanda, aunado que formula capítulo de suspensión. Por otro lado, el artículo 210 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante (.)". Del artículo transcrito, se advierte la existencia del procedimiento autónomo por el cual se puede interponer denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual debe ser presentada ante el juez de distrito que se estime competente dentro de los supuestos marcados dentro del referido arábigo. Ahora, la promovente no encuadra su escrito en el procedimiento previsto en el artículo 210, fracción I, de la Ley de Amparo, pues no refiere comparecer a presentar dicha denuncia, sino que se advierte que lo que pretende es presentar demanda de amparo indirecto, pues señala entre otras cosas, autoridades responsables, acto reclamado, antecedentes del acto, además que solicita la medida cautelar respecto a los actos que reclama. Sin embargo, en la boleta de turno se advierte que el escrito fue registrado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, como denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, lo que se estima incorrecto, pues de la simple lectura se advierte que no cumple con los requisitos para ello, por lo que se infiere que la voluntad de la accionante es promover juicio de amparo indirecto; ya que, a simple vista y sin prejuzgar sobre la procedencia del mismo, contiene los requisitos estipulados por el numeral 108 de la Ley de Amparo; no así con los previstos en el diverso artículo 210 de la ley de la materia, que se refiere a la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Por tanto, se ordena devolver la demanda de amparo indirecto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, para que haga el turno correcto en el sistema automatizado de turno, al Juzgado de Distrito conducente, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, en relación al turno de asuntos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los numerales 24, fracción VI, 68, fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, omítase publicar la información reservada y confidencial de la promovente. Archivo y valoración. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Expediente sin relevancia documental. Destruible", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento De Expedientes (SISE). Cúmplase. .
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Se concede a la parte quejosa el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para recoger los documentos exhibidos en el juicio. Se le apercibe que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental, así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
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