Argenis González Barrera

Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
372/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Argenis González Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Marcela Cortez Ruíz, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA:********************Que el plazo de que disponían la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en el presente sumario transcurrió del trece al veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, toda vez que fueron notificada personalmente mediante lista de acuerdos el nueve de noviembre del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************CUENTA. Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE.********************De conformidad con el citado artículo 17, del acuerdo general referido, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, transfiérase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************4. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE SER CONSERVABLE, acorde con lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 17 del referido acuerdo.********************De conformidad con el artículo 17, primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, así como el incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes.********************6. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase los autos originales del toca de apelación ********************, que anexó como complemento a su informe justificado el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia.********************Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    De la misma forma, es inexacto que la resolución reclamada viole el principio de presunción de inocencia, pues la decisión del Magistrado responsable de negarle el beneficio no implica de ningún modo dar por sentado de que el quejoso cometió el delito, pues esta determinación se emitió en el ejercicio jurisdiccional de verificar el cumplimiento de requisitos para conceder el beneficio solicitado, el cual, como ya se vio, tiene sustento constitucional por ser la Carta Magna quien prevé como derecho de la víctima dentro del sistema penal acusatorio y oral el pago de la reparación del daño; la cual delega en la norma secundaria verificar los requisitos para autorizar el beneficio de la condena condicional. En otro aspecto más, es igualmente infundado el argumento de que la resolución es violatoria de los principios de coherencia al haber incorporado sobre información sobre la víctima indirecta, así como el hecho de que puede haber una consecuencia por la presentación de la denuncia falsa y extralimitar los hechos materia de la imputación, soslayando con ello que el delito de falsedad ante autoridad específico, como se fijó en el auto de vinculación a proceso, es de naturaleza abstracta, al ser la víctima la sociedad. Ello es así, pues el hecho de que el delito por el que se le imputó se trate de un delito de naturaleza abstracta, donde el ofendido es la sociedad, asiste la razón al Magistrado responsable de tomar en consideración que existen consecuencias del delito o hecho victimizante las cuales puedan recaer en una víctima individual y concreta en la que se materialicen los efectos o consecuencias emanadas directamente de la realización de la conducta delictiva, afectando su esfera jurídica y el ámbito de derechos personales, caso en el cual, al margen de la afectación al interés general de la colectividad (entendida como víctima de carácter difuso), se genera igualmente el carácter de víctima concreta y personalmente individualizable, que concurre a la vez como titular de los derechos de acceso a la justicia previstos en términos constitucionales para las víctimas del delito. Lo anterior, justifica la oposición al otorgamiento o aceptación de una terminación anticipada del conflicto, por el Ministerio Público y también de la víctima que concurrió a presentar la denuncia por afectación de su esfera jurídica como consecuencia del delito imputado en la causa penal de origen y por el cual se dictó un auto de vinculación al imputado; por tanto, la oposición del Ministerio Público y víctima resulta fundada como de manera legal lo consideró el Magistrado responsable, pues con motivo de la declaración de un hecho falso ante autoridad específico por el que se vinculó al quejoso, se afecta directamente a la fe sociedad e, indirectamente, puede afectarse a una persona identificable. Ilustra lo anterior, la tesis II.2o.P.68 P (10a.), Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2571, Décima Época, con registro digital 2017842, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA. LA NO OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO (ABROGADO), COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, ES FUNDADA EN EL DELITO DE USO DE DOCUMENTO ALTERADO, EN EL QUE LA VÍCTIMA DIRECTA ES LA SOCIEDAD, AL EXISTIR CASOS EN QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE ELLO, TAMBIÉN LLEGA A CAUSAR PERJUICIOS A PERSONAS DETERMINADAS COMO VÍCTIMAS INDIRECTAS. La hipótesis prevista en la fracción IV del precepto mencionado, que establece como requisito para la procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba, el que no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido del delito, resulta procedente aun cuando la víctima directa sea la sociedad. Ello es así, toda vez que si bien es cierto que, por regla general, en delitos como el de uso de documento alterado, tiene una afectación a la víctima directa que, en principio, es la fe pública, es decir, al interés jurídico colectivo que constituye la sociedad; sin embargo, existen casos en que, independientemente de ello, también llega a causarle perjuicios a personas determinadas, esto es, a víctimas indirectas. Es decir, no se inadvierte que se trata de uno de los delitos que, en principio, tiene como titular del bien jurídico protegido (la fe pública) a la colectividad y el interés público en general; no obstante, eso no significa que no exista una víctima, aun cuando sea de carácter abstracto; ni que en esa clase de delitos, no pueda actualizarse la posibilidad de identificar también una víctima individual y concreta en la que se materialicen los efectos o consecuencias emanadas directamente de la realización de la conducta delictiva, afectando su esfera jurídica y el ámbito de derechos personales, caso en el cual, indudablemente y al margen de la afectación al interés general de la colectividad (entendida como víctima de carácter difuso), se genera igualmente el carácter de víctima concreta y personalmente individualizable, que concurre a la vez como titular de los derechos de acceso a la justicia previstos en términos constitucionales para las víctimas del delito, de lo que deriva, además, su carácter de tercero interesada en lo relativo al juicio de amparo. Lo anterior justifica la oposición al otorgamiento o aceptación de una terminación anticipada del conflicto, o bien su suspensión a prueba, por el Ministerio Público y también, obviamente, de la víctima que adicionalmente concurre por afectación de su esfera jurídica como consecuencia del delito imputado en la causa penal de origen. Por tanto, la existencia de la víctima indirecta justifica mayormente que la oposición del Ministerio Público resulte fundada, pues el imputado, al usar el documento cuestionado, afecta directamente a la fe pública e, indirectamente, a una persona identificable". En consecuencia de lo anterior, carece de sustento el argumento que vierte en el sentido de que el ofendido Betzabé González Barrera, no podía hacer planteamiento de reparación del daño, ni tomarse en consideración los argumentos del Ministerio Público en la audiencia de suspensión condicional y en los agravios, pues como se vio, fue ésta persona en su calidad de víctima quien ocurrió como titular de los derechos de acceso a la justicia a formular la denuncia, por tanto le asiste el derecho para oponerse a la suspensión condicional. Además, apreciar las consecuencias que podría generar la comisión del hecho señalado por la ley como falsedad en declaraciones ante autoridad específico, para resolver en la forma en que lo hizo el magistrado responsable, en modo alguno significa que se esté modificando la litis fijada en la audiencia de vinculación y extralimitando los hechos materia de la imputación, por lo siguiente: De acuerdo al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación del tribunal de apelación extender el análisis del fallo recurrido, más allá de lo planteado en los agravios, incluso, de los límites del recurso si advierte la violación a derechos de la víctima, lo cual es considerado así a la luz de los artículos 1o., párrafo tercero, 20, apartados a, fracción I, y C, fracciones IV, de la Constitución Federal, 10, 11, 459 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 1, 7 y 12 de la Ley General de Víctimas y 25, numeral 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y por tanto, es susceptible de tutela oficiosa por parte de las autoridades jurisdiccionales. De ahí que sea infundado el concepto de violación expresado por el quejoso en el sentido de que la resolución reclamada viola los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica, previstos en los artículos 16 y 19 constitucionales en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se reitera, el hecho de que a través del recurso pueda analizarse y corregir en su caso, la violación de derechos humanos en favor de la víctima, no significa que se soslaye la disposición contenida en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que modifique el auto de vinculación a proceso. En otro orden, son infundados en una parte, e inatendibles en otra, los argumentos expresados en el sentido de que la resolución reclamada trasgrede los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica previstos en los artículos 16 y 19 constitucionales, en relación con los diversos 99, 100, 101, 102 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque valoró información que no es parte de la litis que se fijó en el auto de vinculación a proceso; y, porque el Ministerio Público a pesar de tener el deber de señalar todas las circunstancias sobre la conducta no precisó cuáles fueron las consecuencias de la supuesta denuncia y tampoco se estableció la existencia de una víctima indirecta. Tal estimativa obedece, pues a través de ellos introduce cuestiones relacionadas con los artículos del 99 al 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén el saneamiento, convalidación y declaración de nulidad, de las actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes; los sujetos legitimados para solicitar la declaración de nulidad y la falta de legalidad de la prueba cuando haya sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código. Temas respecto de los cuales, en principio, no señaló cómo trascienden a la ilegalidad de la resolución reclamada; y por otra, porque el Magistrado responsable no estuvo en condiciones de pronunciarse al no haber sido recurrida la sentencia por la parte imputada (hoy quejosa), sino únicamente por el Agente del Ministerio Público y víctima, por lo que debe considerarse que el quejoso consintió tales aspectos. Orienta lo expuesto la tesis VI.1o.P.168 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 1700, Novena Época, con registro digital 188272, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INATENDIBLES CUANDO EL QUEJOSO COMBATE ASPECTOS QUE NO FUERON ANALIZADOS EN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, SI SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando el agente del Ministerio Público fue el único que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, planteando su inconformidad respecto a la individualización de la sanción y la reparación del daño, misma que resultó operante, debe considerarse que el quejoso consintió los aspectos relacionados con el cuerpo del delito o delitos y su responsabilidad penal; por ello, los conceptos de violación que sobre el particular formule resultan inatendibles". Finalmente, también se califica como inatendible el concepto de violación en el que expresa que, en una arista se encuentran los que aconsejan que el objetivo del proceso penal es conseguir la verdad real, pues ésta coincide con lo acontecido verdaderamente y no con lo que, en ocasiones, las partes presentan como tal; que el sentido común y una debida práctica en un estado de derecho aconsejan que la administración de la justicia se establece para resolver un litigio con acierto y plena satisfacción, no para impartir una solución a cualquier precio, que en este sentido los tratadistas coinciden que la verdad real ha de obtenerse por medios y en forma lícita, que razonablemente han de coincidir con lo que la ley autoriza; que no toda regulación legal al respecto coincide siempre con las exigencias del proceso con todas las garantías del debido proceso. En consecuencia, sostuvo, el ideal a perseguir es que la verdad obtenida en el proceso coincida en la mayor medida posible con la realidad del asunto debatido; que a ello debe servir la regulación procesal, siempre con escrupuloso respeto a las garantías que, al fin y al cabo atienden a los derechos fundamentales de la persona. Lo anterior es de ese modo, pues no formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada; sino que sólo se concreta a expresar que existen dos corrientes que interpretan el objetivo del proceso penal, de las que formula una conclusión en el sentido que la verdad obtenida en el proceso coincida en la mayor media posible con la realidad del asunto debatido, y que a ello debe servir la regulación legal, con escrupuloso respecto a las garantías que atienden a los derechos fundamentales de la persona; sin exponer una relación razonada entre el acto emitido por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que estima violados a través de los que demuestre jurídicamente la contravención de éstos por dicho acto. En sustento de lo anterior, se invoca la jurisprudencia VI. 1o. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 653, con Registro digital: 230776, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, SI NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los casos en que no deba suplir la deficiencia de la queja, si no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos". En consecuencia, al no advertirse vulneración a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Argenis González Barrera. OCTAVO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Argenis González Barrera, contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el toca XI-65/2023 , que revocó la suspensión condicional del proceso concedida en la causa penal 31/2023, del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Lázaro Cárdenas, Michoacán, que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, por las razones expresadas en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    R. De la misma forma, es inexacto que la resolución reclamada viole el principio de presunción de inocencia, pues la decisión del Magistrado responsable de negarle el beneficio no implica de ningún modo dar por sentado de que el quejoso cometió el delito, pues esta determinación se emitió en el ejercicio jurisdiccional de verificar el cumplimiento de requisitos para conceder el beneficio solicitado, el cual, como ya se vio, tiene sustento constitucional por ser la Carta Magna quien prevé como derecho de la víctima dentro del sistema penal acusatorio y oral el pago de la reparación del daño; la cual delega en la norma secundaria verificar los requisitos para autorizar el beneficio de la condena condicional. En otro aspecto más, es igualmente infundado el argumento de que la resolución es violatoria de los principios de coherencia al haber incorporado sobre información sobre la víctima indirecta, así como el hecho de que puede haber una consecuencia por la presentación de la denuncia falsa y extralimitar los hechos materia de la imputación, soslayando con ello que el delito de falsedad ante autoridad específico, como se fijó en el auto de vinculación a proceso, es de naturaleza abstracta, al ser la víctima la sociedad. Ello es así, pues el hecho de que el delito por el que se le imputó se trate de un delito de naturaleza abstracta, donde el ofendido es la sociedad, asiste la razón al Magistrado responsable de tomar en consideración que existen consecuencias del delito o hecho victimizante las cuales puedan recaer en una víctima individual y concreta en la que se materialicen los efectos o consecuencias emanadas directamente de la realización de la conducta delictiva, afectando su esfera jurídica y el ámbito de derechos personales, caso en el cual, al margen de la afectación al interés general de la colectividad (entendida como víctima de carácter difuso), se genera igualmente el carácter de víctima concreta y personalmente individualizable, que concurre a la vez como titular de los derechos de acceso a la justicia previstos en términos constitucionales para las víctimas del delito. Lo anterior, justifica la oposición al otorgamiento o aceptación de una terminación anticipada del conflicto, por el Ministerio Público y también de la víctima que concurrió a presentar la denuncia por afectación de su esfera jurídica como consecuencia del delito imputado en la causa penal de origen y por el cual se dictó un auto de vinculación al imputado; por tanto, la oposición del Ministerio Público y víctima resulta fundada como de manera legal lo consideró el Magistrado responsable, pues con motivo de la declaración de un hecho falso ante autoridad específico por el que se vinculó al quejoso, se afecta directamente a la fe sociedad e, indirectamente, puede afectarse a una persona identificable. Ilustra lo anterior, la tesis II.2o.P.68 P (10a.), Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2571, Décima Época, con registro digital 2017842, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA. LA NO OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO (ABROGADO), COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, ES FUNDADA EN EL DELITO DE USO DE DOCUMENTO ALTERADO, EN EL QUE LA VÍCTIMA DIRECTA ES LA SOCIEDAD, AL EXISTIR CASOS EN QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE ELLO, TAMBIÉN LLEGA A CAUSAR PERJUICIOS A PERSONAS DETERMINADAS COMO VÍCTIMAS INDIRECTAS. La hipótesis prevista en la fracción IV del precepto mencionado, que establece como requisito para la procedencia de la suspensión condicional del proceso a prueba, el que no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido del delito, resulta procedente aun cuando la víctima directa sea la sociedad. Ello es así, toda vez que si bien es cierto que, por regla general, en delitos como el de uso de documento alterado, tiene una afectación a la víctima directa que, en principio, es la fe pública, es decir, al interés jurídico colectivo que constituye la sociedad; sin embargo, existen casos en que, independientemente de ello, también llega a causarle perjuicios a personas determinadas, esto es, a víctimas indirectas. Es decir, no se inadvierte que se trata de uno de los delitos que, en principio, tiene como titular del bien jurídico protegido (la fe pública) a la colectividad y el interés público en general; no obstante, eso no significa que no exista una víctima, aun cuando sea de carácter abstracto; ni que en esa clase de delitos, no pueda actualizarse la posibilidad de identificar también una víctima individual y concreta en la que se materialicen los efectos o consecuencias emanadas directamente de la realización de la conducta delictiva, afectando su esfera jurídica y el ámbito de derechos personales, caso en el cual, indudablemente y al margen de la afectación al interés general de la colectividad (entendida como víctima de carácter difuso), se genera igualmente el carácter de víctima concreta y personalmente individualizable, que concurre a la vez como titular de los derechos de acceso a la justicia previstos en términos constitucionales para las víctimas del delito, de lo que deriva, además, su carácter de tercero interesada en lo relativo al juicio de amparo. Lo anterior justifica la oposición al otorgamiento o aceptación de una terminación anticipada del conflicto, o bien su suspensión a prueba, por el Ministerio Público y también, obviamente, de la víctima que adicionalmente concurre por afectación de su esfera jurídica como consecuencia del delito imputado en la causa penal de origen. Por tanto, la existencia de la víctima indirecta justifica mayormente que la oposición del Ministerio Público resulte fundada, pues el imputado, al usar el documento cuestionado, afecta directamente a la fe pública e, indirectamente, a una persona identificable". En consecuencia de lo anterior, carece de sustento el argumento que vierte en el sentido de que el ofendido Betzabé González Barrera, no podía hacer planteamiento de reparación del daño, ni tomarse en consideración los argumentos del Ministerio Público en la audiencia de suspensión condicional y en los agravios, pues como se vio, fue ésta persona en su calidad de víctima quien ocurrió como titular de los derechos de acceso a la justicia a formular la denuncia, por tanto le asiste el derecho para oponerse a la suspensión condicional. Además, apreciar las consecuencias que podría generar la comisión del hecho señalado por la ley como falsedad en declaraciones ante autoridad específico, para resolver en la forma en que lo hizo el magistrado responsable, en modo alguno significa que se esté modificando la litis fijada en la audiencia de vinculación y extralimitando los hechos materia de la imputación, por lo siguiente: De acuerdo al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación del tribunal de apelación extender el análisis del fallo recurrido, más allá de lo planteado en los agravios, incluso, de los límites del recurso si advierte la violación a derechos de la víctima, lo cual es considerado así a la luz de los artículos 1o., párrafo tercero, 20, apartados a, fracción I, y C, fracciones IV, de la Constitución Federal, 10, 11, 459 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 1, 7 y 12 de la Ley General de Víctimas y 25, numeral 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y por tanto, es susceptible de tutela oficiosa por parte de las autoridades jurisdiccionales. De ahí que sea infundado el concepto de violación expresado por el quejoso en el sentido de que la resolución reclamada viola los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica, previstos en los artículos 16 y 19 constitucionales en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se reitera, el hecho de que a través del recurso pueda analizarse y corregir en su caso, la violación de derechos humanos en favor de la víctima, no significa que se soslaye la disposición contenida en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que modifique el auto de vinculación a proceso. En otro orden, son infundados en una parte, e inatendibles en otra, los argumentos expresados en el sentido de que la resolución reclamada trasgrede los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica previstos en los artículos 16 y 19 constitucionales, en relación con los diversos 99, 100, 101, 102 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque valoró información que no es parte de la litis que se fijó en el auto de vinculación a proceso; y, porque el Ministerio Público a pesar de tener el deber de señalar todas las circunstancias sobre la conducta no precisó cuáles fueron las consecuencias de la supuesta denuncia y tampoco se estableció la existencia de una víctima indirecta. Tal estimativa obedece, pues a través de ellos introduce cuestiones relacionadas con los artículos del 99 al 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén el saneamiento, convalidación y declaración de nulidad, de las actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes; los sujetos legitimados para solicitar la declaración de nulidad y la falta de legalidad de la prueba cuando haya sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código. Temas respecto de los cuales, en principio, no señaló cómo trascienden a la ilegalidad de la resolución reclamada; y por otra, porque el Magistrado responsable no estuvo en condiciones de pronunciarse al no haber sido recurrida la sentencia por la parte imputada (hoy quejosa), sino únicamente por el Agente del Ministerio Público y víctima, por lo que debe considerarse que el quejoso consintió tales aspectos. Orienta lo expuesto la tesis VI.1o.P.168 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 1700, Novena Época, con registro digital 188272, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INATENDIBLES CUANDO EL QUEJOSO COMBATE ASPECTOS QUE NO FUERON ANALIZADOS EN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, SI SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando el agente del Ministerio Público fue el único que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, planteando su inconformidad respecto a la individualización de la sanción y la reparación del daño, misma que resultó operante, debe considerarse que el quejoso consintió los aspectos relacionados con el cuerpo del delito o delitos y su responsabilidad penal; por ello, los conceptos de violación que sobre el particular formule resultan inatendibles". Finalmente, también se califica como inatendible el concepto de violación en el que expresa que, en una arista se encuentran los que aconsejan que el objetivo del proceso penal es conseguir la verdad real, pues ésta coincide con lo acontecido verdaderamente y no con lo que, en ocasiones, las partes presentan como tal; que el sentido común y una debida práctica en un estado de derecho aconsejan que la administración de la justicia se establece para resolver un litigio con acierto y plena satisfacción, no para impartir una solución a cualquier precio, que en este sentido los tratadistas coinciden que la verdad real ha de obtenerse por medios y en forma lícita, que razonablemente han de coincidir con lo que la ley autoriza; que no toda regulación legal al respecto coincide siempre con las exigencias del proceso con todas las garantías del debido proceso. En consecuencia, sostuvo, el ideal a perseguir es que la verdad obtenida en el proceso coincida en la mayor medida posible con la realidad del asunto debatido; que a ello debe servir la regulación procesal, siempre con escrupuloso respeto a las garantías que, al fin y al cabo atienden a los derechos fundamentales de la persona. Lo anterior es de ese modo, pues no formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada; sino que sólo se concreta a expresar que existen dos corrientes que interpretan el objetivo del proceso penal, de las que formula una conclusión en el sentido que la verdad obtenida en el proceso coincida en la mayor media posible con la realidad del asunto debatido, y que a ello debe servir la regulación legal, con escrupuloso respecto a las garantías que atienden a los derechos fundamentales de la persona; sin exponer una relación razonada entre el acto emitido por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que estima violados a través de los que demuestre jurídicamente la contravención de éstos por dicho acto. En sustento de lo anterior, se invoca la jurisprudencia VI. 1o. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 653, con Registro digital: 230776, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, SI NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los casos en que no deba suplir la deficiencia de la queja, si no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos". En consecuencia, al no advertirse vulneración a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Argenis González Barrera. OCTAVO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Argenis González Barrera, contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el toca XI-65/2023 , que revocó la suspensión condicional del proceso concedida en la causa penal 31/2023, del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Lázaro Cárdenas, Michoacán, que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, por las razones expresadas en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de TRES DÍAS concedido para que la tercera interesada ********************, señalara domicilio en esta ciudad, transcurrió del diecinueve al veintiuno de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada personalmente el quince del mes y año en curso, sin que lo haya hecho.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de junio de dos mil veintitrés.********************NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA. De la certificación secretarial de cuenta se desprende que el término de TRES DÍAS de que disponía la parte tercera interesada ********************, para comparecer a este órgano jurisdiccional a señalar domicilio transcurrió del diecinueve al veintiuno de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada personalmente el pasado quince de junio, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano