Argelia Salas Villalobos
Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Argelia Salas Villalobos
- Juez Tercero de lo Mercantil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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Visto el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante el cual solicita a este juzgado que remita copia certificada de la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado y de la sentencia correspondiente. En consecuencia, en atención a su solicitud remítansele al efecto copias debidamente certificadas de las actuaciones que solicita, para todos los efectos legales a que haya lugar...Finalmente, se autoriza a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que vincule el expediente electrónico 126/2021 de este Juzgado, al diverso juicio de amparo de mérito del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante la herramienta "Vincular a otro órgano", ello con la finalidad de que el juzgado oficiante tenga acceso al expediente electrónico en que se actúa, mediante la optimización de los recursos con que se cuenta en los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por oficio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes (con copia de la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado y sentencia, todos dictados en el presente juicio) y mediante lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
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Aguascalientes, Aguascalientes, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. -Ejecutoria sobresee- Visto el estado de autos, advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia de sobreseimiento, dictada en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. -Archivo- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -Devolución de documentos- Finalmente, se ordena la devolución a la autoridad responsable Juez Tercero Mercantil del Estado, respecto de las copias certificadas de las constancias relativas a las actuaciones que integran el expediente 3512/2018 de su índice, mismas que obran por separado en el cuaderno auxiliar I. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y, por lista a las demás partes
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SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 126/2021-VII, promovido por ........................... RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el tres de febrero de dos mil veintiuno, Argelia Salas Villalobos, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Mercantil del Estado y de otra, los que hizo consistir en la orden de embargo y su ejecución. Por considerarlo violatorio de los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Argelia Salas Villalobos, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 126/2021-VII; se ordenó dar la intervención que legalmente correspondía al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se desarrolló al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del artículo 10 del Acuerdo General 31/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama actos de autoridades que residen en la circunscripción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende a la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del estudio íntegro de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La orden de embargo y su ejecución, dentro del expediente 3512/2018 del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil, respecto del bien inmueble que aduce poseer ubicado en calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, en esta ciudad, así como de los bienes muebles que refiere ser propietaria. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Tercero Mercantil del Estado y Director de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de embargo y su ejecución en contra de la aquí quejosa; sin embargo, se desvirtúa dicha negativa por las razones que a continuación se precisan. En principio, el juez responsable manifestó en su informe con justificación que dentro del juicio ejecutivo mercantil 3512/2018 de su índice, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Arrendadora Nassir, Sociedad Anónima de Capital Variable, Iván de Lira Villalobos y Carmen Patricia Campos Macías, sí ordenó llevar a cabo una diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento el treinta de enero de dos mil diecinueve, en la calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, en esta ciudad; de tal modo se tiene por cierto el acto que se le reclama. En tales consideraciones, debe tenerse por cierto el acto que se le combate a la autoridad ejecutora responsable, ya que su existencia está vinculada de manera necesaria con el acto reclamado al juez responsable. La certeza de los actos reclamados se corrobora con las documentales que remitió el juez responsable con apoyo a su informe con justificación, la cual tiene eficacia demostrativa plena, de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con el numeral 2º de la legislación última invocada, al estar certificada por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo estudio de las cuestiones de fondo expuestas por la parte quejosa, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al análisis oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible un pronunciamiento respecto de la litis planteada. -Falta de interés jurídico- En ese tenor, se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley reglamentaria en consulta, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". A su vez, el ordinal 5, fracción I, de la invocada ley, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". En ese contexto, tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales, el interés jurídico a que alude la fracción I del ordinal 5 y la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, relacionados con el 107, fracción I, de la Constitución Federal, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio constitucional, en atención a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para promover el juicio de amparo; por ello, se debe acreditar en forma fehaciente cuando se acude a instar la protección de la justicia federal, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente justificado, la instancia constitucional resulta improcedente. Así, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo o a la persona moral de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, como consecuencia de la ejecución de actos que estima ilegales, por lo cual se entiende por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular. De lo anterior se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia correspondiente a la Octava Época, con número de registro 220965, visible a página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, con rubro INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. Así como la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala, correspondiente a la Novena Época, con registro 170500, visible a foja 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Además el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 17, tomo 82, octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la voz "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta plenamente su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Partiendo de lo expuesto, en la especie no está demostrado que el acto reclamado afecte el interés jurídico de la parte quejosa, por las razones siguientes. En principio, la quejosa reclama ser tercera extraña en el juicio ejecutivo mercantil 3512/2018 radicado en el Juzgado Tercero de lo Mercantil, y se duele substancialmente de la orden de embargo y su ejecución, respecto del bien inmueble que aduce poseer ubicado en calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, en esta ciudad, así como de los bienes muebles que refiere ser propietaria. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten en esencia las siguientes actuaciones: - El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó en el Juzgado Tercero de lo Mercantil del Estado, la demanda vía ejecutiva mercantil promovida por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Arrendadora Nassir, Sociedad Anónima de Capital Variable, Iván de Lira Villalobos y Carmen Patricia Campos Macías, la cual se registró con el número de expediente 3512/2018 de su índice; asimismo, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma y se facultó al Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Actuaría para que se constituyera en el domicilio de los demandados y los requiriera por el pago inmediato de la cantidad de $1,490,366.09 (un millón cuatrocientos noventa mil trescientos sesenta y seis pesos 09/100 M.N.) como suerte principal, así como anexidades legales y no haciéndolo en el momento de la diligencia, se le embargarían bienes suficientes para garantizar lo adeudado, entre diversas cuestiones. Luego, por acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de los demandados Iván de Lira Villalobos y Carmen Patricia Campos Macías, en la calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, en esta ciudad; posteriormente, en diverso proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora señalando nuevo domicilio de los citados demandados, que saber es, calle República del Salvador, número mil cuatrocientos cuatro (1404), del fraccionamiento Santa Elena, de esta ciudad y se facultó al Ministro Ejecutor para que practicara la diligencia ordenada en el auto exequendo. Hasta aquí los puntos que se obtienen del expediente de origen. Así, tomando en consideración que el interés jurídico necesario para promover amparo contra actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, de tal manera que la quejosa carece de tal atributo para instar la presente instancia constitucional, habida cuenta que, al ser tercera extraña al procedimiento, debe justificar fehacientemente la afectación a su interés jurídico, lo cual no acontece en la especie, pues los medios de prueba que allegó son insuficientes para demostrar la causa generadora del derecho de posesión que aduce le es afectado con la orden de embargo decretada en el juicio 3512/2018 del índice de la autoridad responsable; en esa tesitura, deben probarse dos extremos: a) Que la posesión se funda en un título sustentado en una figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. b) Que el inconforme ejerce en forma exclusiva un poder de hecho sobre el inmueble que defiende. Esto es, el hecho de la posesión en sí y que ésta tiene su origen en una causa jurídica. Por su parte, la quejosa ofreció las pruebas siguientes: Recibo de teléfono a nombre de Argelia Salas Villalobos, del mes de septiembre de dos mil veinte, respecto del domicilio ubicado en calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, en esta ciudad. Copia simple del contrato de arrendamiento celebrado entre Iván de Lira Villalobos (arrendador) y Argelia Salas Villalobos (arrendatario) de siete de enero de dos mil veinte, referente al bien inmueble de mérito, con anexo "A". Copia simple del contrato de compraventa de bienes muebles usados celebrado entre Iván de Lira Villalobos (vendedor) y Argelia Salas Villalobos (comprador) de uno de abril de dos mil veinte, con anexo "A". Las anteriores probanzas se valoran en términos de lo dispuesto en los arábigos 129, 197, 202, 215 y 217, según corresponda, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de la legislación última invocada. Así, de los medios de convicción aportados por la parte quejosa, precisados con antelación, resultan insuficientes para justificar en este juicio de amparo su interés jurídico, por las razones que se expondrán a continuación. En tal orden de ideas, como se advierte del recibo de teléfono con periodo de facturación del mes septiembre de dos mil veinte a nombre de Argelia Salas Villalobos que contiene el domicilio situado en calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, del cual aduce ser titular de la posesión del mismo; sin embargo, con ello únicamente puede justificar el pago de tal servicio en los meses correspondientes; de tal modo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica respecto del inmueble y de los bienes muebles. Así como la tesis VI.2o. J/190, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 53, Mayo de 1992, Octava Época, página 63, con número de registro digital 219234, con rubro siguiente: "POSESION.RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN." Por su parte, en cuanto hace a la restante documentación que exhibe, precedentemente relacionada, se acompañó en copia simple misma que se estima insuficiente para generar la presunción de que verdaderamente le asiste interés para instar el presente juicio de amparo, pues aquellas no producen esa convicción en este juzgador ni se encuentran adminiculadas con alguna otra que la genere; máxime que no son reproducciones de documentos públicos, sino de simples contratos de naturaleza privada (arrendamiento de inmueble y compraventa de muebles). Cobra relevancia la Jurisprudencia 3ª. 18, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 379, del tenor: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." Del resultado de la justipreciación de dichas probanzas, aún adminiculadas entre sí, para efectos exclusivos del juicio de amparo, resultan insuficientes para justificar la causa generadora de la posesión que aduce tener la parte quejosa; es decir, la misma no acreditó contar con un derecho adquirido sobre esos bienes, ya que aduce ser arrendataria de dicho inmueble, así como propietaria de los bienes muebles que se encuentran en el mismo, sin que haya aportado medio de prueba idóneo a fin de acreditar tal circunstancia; de tal modo que no acredita su interés jurídico en el presente asunto. Máxime que del informe justificado rendido por el Juez responsable, únicamente se advierte que la autoridad señaló que se radicó el juicio ejecutivo mercantil 3512/2018 de su índice, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Arrendadora Nassir, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Iván de Lira Villalobos y Carmen Patricia Campos Macías, así como que en auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, se ordenó llevar a cabo una diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la calle Montenegro, número trescientos siete (307), del fraccionamiento Villas del Campestre, en esta ciudad; sin embargo, con posterioridad se ha tenido a la parte actora señalando diversos domicilios para la ejecución de dicha diligencia. En ese tenor, como se desprende que la quejosa no es parte formal dentro del mismo, y al ostentarse como persona extraña al citado juicio de origen, es necesario que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trata, esto es, debe acreditar el título de propiedad, en virtud de que el artículo 14 constitucional no tutela la mera detentación material sino la posesión que se encuentra jurídicamente protegida y si la parte quejosa exhibió diversos documentos, los cuales no son suficientes para demostrar que tiene la propiedad de los mismos, consecuentemente no acredita su interés jurídico en el juicio de amparo. Tales consideraciones se sustentan en la jurisprudencia 1ª./J. 1/2002,emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, novena época, página 15, registro 187 777, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia II.2o.C. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, materia común, visible en la página 1341, cuyo rubro indica: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR." De igual manera, la Jurisprudencia I.3o.C. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Marzo de 2001, Materia Civil, visible en la página 1650 , con el siguiente rubro: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, de la misma legislación, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico de la promovente, ya que la especie, al no haber demostrado la quejosa la posesión del multicitado inmueble y la propiedad de los bienes muebles, debe concluirse que no probó la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, que le faculte para acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar la orden de embargo decretada en el expediente 3512/2018 del índice del juez responsable. El sobreseimiento se hace extensivo a la autoridad ejecutora Director de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. En virtud de lo anterior, resulta innecesario abordar el estudio de diversas causas improcedencia y existe impedimento para abordar el análisis de los conceptos de violación. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 63, 65, 73, 74 y 75 demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por .............................., en los términos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021. 126/2021-VII.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, diez de marzo de dos mil veintiuno. -Autoridad responsable cumple requerimiento- Visto el oficio de cuenta, téngase al Juez Tercero Mercantil del Estado, cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, y toda vez que es un complemento de su informe justificado, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -Pruebas- Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán relacionadas al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad en mención anexa en dos tomos, el expediente ............. de su índice; para el mejor manejo de los mismos, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado al expediente impreso y a la versión electrónica; constancias que podrán ser consultadas físicamente por las partes en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, con las reservas respectivas tratándose de información reservada o confidencial, en términos de los artículos 91 y 92 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo". -Se reconoce el carácter de terceros interesados y se ordena emplazamiento- Por otra parte, en términos del numeral 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ...................... y ........................; por lo tanto, se ordena a cualesquiera de los actuarios adscritos, que con copia simple de la demanda, auto admisorio y de este proveído, los emplace en los domicilios siguientes: Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (por conducto de su representante legal): en Avenida Universidad, número 303, interior 101, fraccionamiento Villas de la Universidad, en esta ciudad. .......................... y ........................: en Avenida Adolfo López Mateos oriente, número 1001, plaza Kristal, local 26, colonia San Luis, en esta ciudad. Debiendo el fedatario judicial requerir a dicha parte para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, en términos del numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad; apercibidos que en caso de ser omisos, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal que les corresponda, sin ulterior acuerdo, se les hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 305 y 306 de la legislación supracitada. Asimismo, hágase de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas del nueve de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a los citados terceros interesados (con copia simple de la demanda, auto admisorio y de este proveído) y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021. 126/2021-VII.Juez
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