Argelia Robles Ruiz

Expediente 849/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 29 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
849/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Argelia Robles Ruiz
  • Juez Primero del Ramo Civil, Tonala, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el término concedido a las partes en proveído de veintidós de agosto de esta anualidad (fojas 174 y 175), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia protectora de derechos fundamentales, sin que alguna de las partes haya formulado razonamiento alguno. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero (fojas 79 a 100), para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez responsable, dejará insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 567/2005, y, ordene el emplazamiento de la parte demandada. b) Hecho lo anterior, ordenará la notificación respectiva a la aquí parte quejosa y continuará el procedimiento por las etapas procesales que en derecho correspondan. c) En tanto, el Oficial Uno del Registro Civil de Pijijiapan, Chiapas, deberá cancelar el atestado de divorcio ordenado en el expediente de origen." Sentencia concesoria de amparo que al no haber sido recurrida en revisión, por acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada, solicitándose a las autoridades responsables Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, y Oficial del Registro Civil, con residencia en Pijijiapan, Chiapas, el cumplimiento de la misma (foja 120). En acatamiento al fallo protector de derechos fundamentales, el Juez Primero del Ramo Civil, con sede en Tonalá, Chiapas, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de enero del año actual, envió copia certificada del auto de once de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 567/2005 de su índice, por el que dejó insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento, a partir de la diligencia de emplazamiento de la demandada Argelia Robles Ruiz, aquí quejosa, y ordenó requerir a la parte actora que exhibiera copia del escrito inicial de demanda para realizar dicho emplazamiento (fojas 123 y 124). Por su parte, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de mayo de la actual anualidad, el Oficial número Uno del Registro Civil, con sede en Pijijiapan, Chiapas, envió copia certificada del acta de divorcio número 00008, registrada en fecha diecisiete de marzo de dos mil seis, y de la boleta LB294496231, de tres de mayo del presente año, por la que se nulificó la citada acta de divorcio (fojas 145 a 148). Asimismo, la Encargada del Despacho del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tonalá, Chiapas, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto del año actual, envió copia certificada de las constancias de emplazamiento de la demandada Argelia Robles Ruiz, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 567/2005 de su índice, aquí quejosa. Por lo anterior, se estima que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo; archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción tres del citado punto, acorde con lo dispuesto en la fracción II del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Finalmente, advirtiéndose que este expediente contiene documento original exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda (foja 12), se le previene para que acuda a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recogerlo, apercibida que en caso de no hacerlo, será destruido junto con el expediente, como lo autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el término concedido a las partes en proveído de veintidós de agosto de esta anualidad (fojas 174 y 175), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia protectora de derechos fundamentales, sin que alguna de las partes haya formulado razonamiento alguno. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero (fojas 79 a 100), para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez responsable, dejará insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 567/2005, y, ordene el emplazamiento de la parte demandada. b) Hecho lo anterior, ordenará la notificación respectiva a la aquí parte quejosa y continuará el procedimiento por las etapas procesales que en derecho correspondan. c) En tanto, el Oficial Uno del Registro Civil de Pijijiapan, Chiapas, deberá cancelar el atestado de divorcio ordenado en el expediente de origen." Sentencia concesoria de amparo que al no haber sido recurrida en revisión, por acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada, solicitándose a las autoridades responsables Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, y Oficial del Registro Civil, con residencia en Pijijiapan, Chiapas, el cumplimiento de la misma (foja 120). En acatamiento al fallo protector de derechos fundamentales, el Juez Primero del Ramo Civil, con sede en Tonalá, Chiapas, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de enero del año actual, envió copia certificada del auto de once de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 567/2005 de su índice, por el que dejó insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento, a partir de la diligencia de emplazamiento de la demandada Argelia Robles Ruiz, aquí quejosa, y ordenó requerir a la parte actora que exhibiera copia del escrito inicial de demanda para realizar dicho emplazamiento (fojas 123 y 124). Por su parte, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de mayo de la actual anualidad, el Oficial número Uno del Registro Civil, con sede en Pijijiapan, Chiapas, envió copia certificada del acta de divorcio número 00008, registrada en fecha diecisiete de marzo de dos mil seis, y de la boleta LB294496231, de tres de mayo del presente año, por la que se nulificó la citada acta de divorcio (fojas 145 a 148). Asimismo, la Encargada del Despacho del Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en Tonalá, Chiapas, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto del año actual, envió copia certificada de las constancias de emplazamiento de la demandada Argelia Robles Ruiz, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 567/2005 de su índice, aquí quejosa. Por lo anterior, se estima que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo; archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción tres del citado punto, acorde con lo dispuesto en la fracción II del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Finalmente, advirtiéndose que este expediente contiene documento original exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda (foja 12), se le previene para que acuda a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recogerlo, apercibida que en caso de no hacerlo, será destruido junto con el expediente, como lo autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, a través de cual informa acerca del cumplimiento que ha dado al fallo protector, y al efecto, remite copia certificada de las constancias relativas al mismo. Ahora bien, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córrasele traslado con copia simple de las constancias que adjuntó la autoridad antes indicada al oficio de cuenta, con la cual la autoridad responsable manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo concedido, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, a través del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, manifiesta que una vez que realice la notificación correspondiente hará llegar de inmediato la diligencia de emplazamiento de Argelia Robles Ruiz. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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