Argelía María Solorzano Quintero

Expediente 125/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
125/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Argelía María Solorzano Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 125/2020. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Argelia María Solórzano Quintero, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero, con domicilio en esta ciudad. 2. Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La violación constante y reiterada de mis derechos humanos ante la omisión de dar respuesta, dar trámite y expedir constancia relativa a que cotice 1,017 semanas conforme a las pruebas que le ofrecí en mi escrito presentado el día 12 de julio de 2019". SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de doce febrero de dos mil veinte, por auto de veinte de febrero siguiente se admitió a trámite la demanda registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 125/2020; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades de naturaleza administrativa que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral que se realiza a la demanda de amparo, se obtiene que Argelia María Solórzano Quintero reclama por esta vía constitucional de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta a la petición que aduce les formuló mediante escrito de diez de julio de dos mil diecinueve, presentado el doce de julio siguiente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, no obstante que ésta haya omitido pronunciarse en relación al mismo al rendir su informe con justificación, pues en el caso particular la documental exhibida por la quejosa constituye la prueba en contrario que desvirtúa la presunción de certeza a que se refiere el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia. Es decir, si bien la presunción de certeza que se contiene en el citado precepto legal, prevé que a falta de informe de la autoridad responsable se tendrán por ciertos los actos imputados, lo cierto es que también se especifica que ello es salvo prueba en contrario, lo que implica que dicha hipótesis de presunción no es absoluta, sino que es susceptible de desvirtuarse. Ahora bien como lo reclamado es un acto de naturaleza negativa, corresponde a las propias responsables comprobar mediante las constancias respectivas, que no incurrieron en la falta que se les atribuye, siempre y cuando la parte quejosa justifique que efectivamente planteó la solicitud que dice no le fue contestada, dado que el derecho subjetivo público previsto en el artículo 8 Constitucional, impone a la parte peticionaria la obligación de ejercer ese propio derecho, por escrito y de manera pacífica y respetuosa, a efecto de que el órgano estatal al que se dirija se vea constreñido a contestarle en la misma forma y notificarle esa contestación en breve término. En ese sentido, del estudio de las constancias que obran en el sumario, se obtiene que el quejoso no rindió prueba idónea tendente a demostrar la existencia del acto omisivo que atribuye a la citada responsable, ya que de la documental que anexó a su demanda consistente en copia autógrafa del acuse de recibo del escrito de diez de julio de dos mil diecinueve, se observa que el mismo fue dirigido y presentado únicamente ante el aquí también responsable Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero, de ahí que devenga ineficaz para acreditar la existencia de la omisión de contestación que se atribuye a aquélla, de modo que al referido Instituto Mexicano del Seguro Social, no le recae obligación alguna de probar que no incurrió en la omisión que se le reclama, cuenta habida que no se acredita que se le haya efectuado alguna petición en los términos a que se contrae el precepto constitucional antes invocado. Así las cosas, no habiéndose demostrado la certeza del acto atribuido a la autoridad responsable a lo que se hizo referencia en este considerando, se impone decretar el sobreseimiento a su respecto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto omisivo que se reclama a la Jefa de la Oficina de Vigencia de Derechos, en suplencia por ausencia del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, pues si bien al rendir su informe con justificación por conducto del funcionario público que lo representa negó su existencia, realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza. Por tanto, pese a la negativa indicada, debe tenerse por cierto el mismo; máxime que como se indicó el quejoso adjunto a su demanda copia autógrafa del escrito de diez de julio de dos mil diecinueve que le dirigió, documento en el que se aprecia un sello de recepción con el logotipo de dicha dependencia de fecha doce de julio siguiente, y que hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, debe examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el acto omisivo que se reclama a la Jefa de la Oficina de Vigencia de Derechos, en suplencia por ausencia del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, este jugador federal de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; lo que se actualiza cuando las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así tenemos que el quejoso reclama la omisión del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social de dar contestación a la petición que le formuló mediante escrito de diez de julio de dos mil diecinueve, presentado ante el en fecha doce de julio siguiente y dicha autoridad en su informe con justificación, refirió que mediante oficio 129001910110/VIG/0646/2019 de diecisiete de julio siguiente, dio contestación al ocurso de la quejosa, lo que se corrobora con la documental pública que anexó consistente en copia certificada del referido oficio, la cual goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2. Lo anterior, trae consigo que los efectos de los que se dolió la quejosa respecto a la omisión de respuesta a su escrito de fecha diez de julio de dos mil diecinueve, presentado en fecha doce de julio siguiente ante la responsable, hayan desaparecido, es decir, hayan cesado, en virtud de que tal omisión dejó de existir, al acordarse su ocurso, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante de la protección constitucional; situación que hace innecesario entrar al examen de la constitucionalidad de dicho acto. Sin que obste a la anterior determinación que la autoridad responsable no hubiera notificado personalmente el contenido del oficio 129001910110/VIG/0646/2019 de diecisiete de julio del año en curso, por el cual dio contestación al ocurso de la quejosa, en virtud de que del citado escrito por el cual realizó su petición, no se advierte que haya señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Julio de 2004, visible a página 248, Materia Común, de la Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Asimismo, cabe destacar que la respuesta recaída no es materia de análisis en este juicio en cuanto a su fondo, habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la Jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sostuvo que si bien el amparo indirecto resulta procedente contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, en dar respuesta a una solicitud en materia de pensiones, contra la respuesta emitida no procede la ampliación de la demanda, ya que en caso de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deberá acudir a la vía ordinaria laboral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que durante el trámite del juicio resultó innecesario dar vista a la quejosa con la respuesta dada a su ocurso de diez de julio de dos mil diecinueve, para que manifestara si era su deseo ampliar o no la demanda respecto de la misma, ya que como lo ha señalado nuestro máximo tribunal, contra la misma resulta improcedente el amparo. En esa circunstancia, por lo que respecta al acto atribuido a la Jefa de la Oficina de Vigencia de Derechos, en suplencia por ausencia del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Acapulco, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 125/2020, promovido por Argelia María Solórzano Quintero, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y último de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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