Argelia Jaimes Castro

Expediente 12/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
12/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Argelia Jaimes Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Arcelia, Guerrero, acusando recibo del oficio 3387/2023, mediante el cual se le notificó el acuerdo del veintiocho de marzo pasado y le fue devuelto un tomo de pruebas; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Arcelia, Guerrero, acusando recibo del oficio 2121/2023, mediante el cual se le notificó el acuerdo del veintidós de febrero pasado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído del veintidós de febrero de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que dicha determinación; ha causado estado y archívese el expediente como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y colóquese en la carátula la tarjeta informativa correspondiente. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no las allegó. Finalmente, se ordena la devolución de un tomo de pruebas al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Arcelia, Guerrero. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Téngase a la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Arcelia, Guerrero, rindiendo informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. De conformidad con el numeral 119 de la normativa de la materia, se tiene a la citada autoridad exhibiendo las documentales que allega, con las cuales se ordena formar un tomo de pruebas. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de referencia por las consideraciones que se analizarán en párrafos siguientes. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable en realizar las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la separación del domicilio conyugal del actor *** dentro del expediente ***, relativo al juicio de divorcio incausado. En ese sentido, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del máximo tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes referida, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia. Los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Esto es, la causal de improcedencia prevista en el reproducido dispositivo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir a la peticionaria de amparo en el goce del derecho humano violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese precisado acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, es evidente la existencia de una modificación del entorno en el cual el acto reclamado fue emitido, lo que produce que éste no pueda surtir efecto material o legal, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; de manera que aun cuando en el caso resultara fundado alguno de los conceptos de violación formulados, la protección constitucional no se podría concretar a favor de la parte quejosa. Lo anterior es así, debido a que de las constancias que remitió la secretaria oficiante, se advierte que el diez de enero del año actual, se dictó sentencia definitiva dentro del expediente *** relativo al juicio de divorcio incausado promovido por el actor *** en el que se determinó procedente la demanda de divorcio incausado y -entre otras cosas- se dejaron sin efectos las medidas provisionales decretadas (entre las que destaca la separación del actor del domicilio conyugal, acto que en esta vía se reclama) en el auto de radicación y respecto de las convivencias de ambos progenitores con su menor hijo, el domicilio donde habitarán las partes ejecutoriado el divorcio así como la liquidación de la sociedad conyugal, se dejaron a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía que estimen pertinente. Lo anterior es así, ya que aunque exista el acto reclamado, dejó de existir el objeto material del mismo, motivo por el cual, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por el amparista a fin de evidenciar el acto reclamado, ni de los conceptos de violación, pues su análisis no es permisible por el sentido de esta determinación; en razón de que ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una determinación que no podrá materializarse, ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto reclamado el que no dejó huella en la esfera de la peticionaria de amparo susceptible de reparación. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este asunto. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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