Argelia Irasen Diaz Ramos
Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Argelia Irasen Diaz Ramos
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa *******, mediante auto de veintisiete de enero del año en curso, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hiciera; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hágasele la notificación del presente proveído por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto subsane dicha omisión. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de veintisiete y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dicen:Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, a través de la cual, la actuaria judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa *******, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, el acuerdo de veinticinco de enero de la presente anualidad, por las razones que indica. Atento a lo anterior, de las constancias que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se advierte un diverso domicilio, esto es, el ubicado en calle ******* en esta ciudad; en consecuencia, a fin de no dejarla en esta de indefensión, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción para que realicen la notificación del presente auto y el diverso de veinticinco de enero de la presente anualidad, a la impetrante del amparo; asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, computado legalmente, señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento que, de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Y el diverso de: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Analizada la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 47/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento legal. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto cabe precisar que a partir que entró en vigor la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, han dejado de tener aplicación los criterios jurisprudenciales en los que se estableció que los actos intraprocesales pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afecten a alguna de las partes en grado extraordinario, predominante o superior. Lo anterior, porque en las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, el legislador expresamente estableció que para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" debía entenderse únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que pudieran entenderse otros aspectos, incluidas las violaciones procesales de carácter predominante o superior. Esa interpretación impide que los anteriores criterios de jurisprudencia cobren aplicación para hacer procedente el amparo contra una determinación procesal que implique afectación indirecta a los derechos sustantivos tutelados por la constitución. HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: El acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral ******* de su índice, a través del cual determinó desechar el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones que interpuesto. Asimismo, en la narrativa de sus antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa aduce que la resolución aquí reclamada le causa perjuicio a sus derechos de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, pues aduce, que por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en ese expediente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas, de igual forma, se realizaron diversos requerimientos y apercibimientos, lo cual no le fue notificado de manera personal, lo que trajo como consecuencia, que la misma se desarrollara sin su presencia, teniendo conocimiento de ello hasta el treinta y uno de octubre del año próximo pasado. Por lo anterior promovió incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones respecto de la omisión de notificar el acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, así como la nulidad de la audiencia desarrollada el tres de septiembre de esa anualidad y las actuaciones subsecuentes; sin embargo, en fecha treinta de noviembre pasado, fue desechado el mismo por parte del Tribunal responsable. CONCLUSIÓN Se concluye que el acto que por esta vía constitucional se reclama no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa, al dictarse laudo en el expediente laboral respectivo obtiene una resolución favorable a sus intereses, y para el caso que la violación trascienda, podrá impugnarla conjuntamente al promover amparo directo contra éste, en términos de los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, - por sus consideraciones- la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 171420 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T. J/84 Página: 2403 NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad. Con base en lo anteriormente descrito, se considera, que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda. Asimismo, se faculta como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; aunado a que se trata de un asunto laboral y es la parte trabajadora quien acude a juicio, y en términos restringidos de dicho artículo a *******, por así solicitarlo expresamente. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. EXHORTACIÓN A TRAMITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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