Argelia Hernández López
Expediente 474/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Argelia Hernández López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Menor Mixto, con sede en Salvatierra, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 474/2018-IV. el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La causa de improcedencia que se cita parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito, connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis con número de registro 232011, se consulta en la página 9, 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se haya ponderado en sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios. c) Que el quejoso se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior- de modo tal que no guarden autonomía. En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, el acto reclamado consiste en: La resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil M-150/2018 del índice del Juzgado Menor Mixto de Salvatierra, Guanajuato, en la que se resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra del auto emitido el veinticuatro de abril pasado, en el cual se autorizó el cambio de depositario de los bienes que le fueron embargados. Acto que debe refutarse como derivado de otro consentido. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza el primero de los supuestos enunciados en los incisos anotados con anterioridad, para que opere la causa de improcedencia en estudio, consistente en la existencia de un acto u omisión anterior al reclamado; pues de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, se advierte que en el juicio de origen la quejosa es demandada y con esa calidad fue embargada, quedando como depositaria de los bienes secuestrados (determinación anterior a la reclamada); esto es, se estableció una garantía en favor del acreedor, por lo que en ese momento se privó a la quejosa de la posesión jurídica de los citados bienes. Por otra parte, el segundo supuesto contenido en el inciso b), esto es, que el acto primigenio cause un agravio a la quejosa, también se actualiza, debido a que en la diligencia respectiva se embargaron diversos bienes, dejándose como depositaria a la quejosa; determinación que sí le depara agravio y pudo combatirla si hubiese considerado que tal determinación no se ajustó a derecho. En relación con el tercer supuesto, consistente en que el justiciable se hubiese conformado con el acto primigenio, es menester mencionar que la parte quejosa no refirió en su escrito de demanda que haya agotado algún medio de defensa contra dicha actuación, lo que evidencia que la consintió tácitamente. También se actualiza el cuarto supuesto, ya que la resolución de dieciocho de mayo pasado que reclama, es una consecuencia directa e inmediata de la diligencia de embargo referida, ya que con motivo de lo ordenado en ésta, la autoridad responsable previa solicitud de la parte actora en el juicio de origen puede autorizar el cambio de depositario; en efecto, en el acto reclamado el Juez responsable confirmó el auto que autorizó el cambio de depositario de los bienes embargados. Ello aunado a que, si bien el acto reclamado se le atribuyen vicios propios, más cierto es, que éstos no son autónomos, pues derivan del referido embargo, dado que versan respecto a que es indebido dicho cambio de depositario. Así las cosas, se tiene que si bien la quejosa reclamó la resolución que confirmó el auto que autorizó el cambio de depositario de los bienes embargados, resulta que esa sola circunstancia no la exime de respetar el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para plantear su demanda dentro de los quince días siguientes a que se hiciera sabedora del embargo que le afectó, pues es claro que, por lo menos, desde el momento en que recurrió el auto en que se autorizó el cambio de depositario y se le requirió por la posesión de los bienes que tiene bajo su custodia, tuvo conocimiento de su afectación. De ahí que, es inconcuso que el acto aquí reclamado es una consecuencia lógica y necesaria del embargo trabado en los autos del juicio natural, por lo que, se trata de un acto derivado de otro consentido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia referida, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que cuenta con cédula profesional número ********* registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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