Argelia Campos Cruz

Expediente 1514/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1514/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Argelia Campos Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, devuélvasele los documentos que solicita, previa copia certificada obre en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, establece a las partes para interponer el recurso de queja en contra del auto en el que se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, , se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. JARM

  3. Principal

    Querétaro, Querétaro, a seis de noviembre de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Argelia Campos Cruz, por propio derecho contra actos del Titular de Atención a Denuncias e Investigaciones del Órgano Interino de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, regístrese el amparo respectivo bajo el número 1514/2019-IV; háganse las anotaciones pertinentes en el sistema integral de seguimiento de expedientes y en libro de gobierno que al efecto se utiliza. Se ordena formar el expediente físico para llevar su trámite; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de la Materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Ahora bien, conforme al escrito de demanda de amparo, la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente: "Oficio con número de folio OIC/SESEQ/1265/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, suscrito por el Licenciado Jesús Roberto Becerra Castañeda quien ostenta el cargo de Titular de Atención a Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro-SESEQ, mediante el cual se me hace del conocimiento que debo apersonarme en las instalaciones de dicha autoridad". Al efecto, se inserta la imagen del oficio reclamado: Ahora bien, por las razones que a continuación se expondrán, se considera que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último precepto aplicado a contrario sensu; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, que sólo se encuentran legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido, los cuales podrán hacerlo por sí, por conducto de su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser personal, actual y directo para justificar la acción de amparo y en cuanto al perjuicio como una afectación por una actuación de autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, conforme al criterio establecido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 135, correspondiente a los volúmenes: 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." De ahí que, resulta inconcuso que se debe verificar el acto reclamado agravia la esfera jurídica de la parte promovente del amparo, sin que pueda pensarse que con las simples manifestaciones que formula en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se haya satisfecho dicho requisito, pues si bien puede existir tal acto de autoridad, también suele acontecer que el mismo no produce afectación alguna. Por tanto, es menester que exista un agravio con ciertas características y como consecuencia un perjuicio real que permita acudir al juicio de amparo. Al efecto, resultan de aplicación las siguientes tesis publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen V, páginas 2092 y 2093 que, respectivamente, establecen: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO.- Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase. Por tanto, no basta el reconocimiento por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama". "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO.- Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo". Lo anterior, permite concluir que procede el juicio de amparo sólo si la parte quejosa sufre una afectación a su esfera jurídica con motivo de una actividad u omisión concreta de alguna autoridad, es decir, debe existir un acto de autoridad que le cause un agravio personal, actual y directo. En ese sentido, para estar en aptitud de afirmar que un acto causa perjuicio a un gobernado, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva; de modo que la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular. En el caso, de los hechos narrados por la parte promovente, se advierte que ésta se duele de la emisión por parte de la autoridad responsable del citatorio para que la promovente acuda a las instalaciones de la responsable. Situación que por sí sola no afecta la esfera jurídica de la parte promovente; lo anterior es así, pues el simple citatorio que refiere no constituye acto de autoridad que afecte o restrinja en su esfera jurídica a la aquí peticionaria, ya sea de manera directa o colateral. Cabe reiterar, que en el caso, el acto reclamado lo constituye el oficio número OIC/SESEQ/1265/2019, de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, signado por el Titular de Atención a Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro-SESEQ, mediante el cual se cita a la parte quejosa, para que comparezca el siete de noviembre de dos mil diecinueve, a las doce horas, en las instalaciones de la citada autoridad, para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la promoción ciudadana número 01270/2019; apercibida que en caso de no asistir se le impondrá una multa de hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, de la Ley General Responsabilidades Administrativas, norma supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, de conformidad con el numeral 56. Lo anterior permite establecer que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la vida, propiedad, libertad, por citar algunos. Es decir, a través de la citación en mención no se resuelve sí efectivamente la quejosa como servidora pública incurrió en alguna conducta irregular o infracción que implique responsabilidad administrativa deriva de los hechos que se investigan, por tanto, el acto reclamado no causa por sí solo una afectación a sus derechos sustantivos sino que únicamente forma parte de una investigación administrativa, que debe llevarse a cabo, previamente, para determinar si procede o no imponer alguna sanción administrativa a quien resulte responsable. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2ª./J. 43/2006, de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242, del contenido siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción iv, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto". Sin que se soslaye el hecho de que se haya apercibido a la parte promovente en caso de inasistencia, en imponerle una multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ya que dicho apercibimiento es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación. Así, el acto futuro remoto no puede producir ningún efecto de derecho ya que no tiene existencia material y, por tanto, al no producir agravio alguno, no le afecta en su esfera jurídica. Es aplicable al caso, el diverso criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, Quinta Época, página 2188, que señala: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización". De igual manera, apoya lo considerado, la jurisprudencia número PC.I.L. J/14 L (10a), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". También acude en apoyo de lo considerado, la tesis número I.3o.C.121 K (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2177, que dice: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final". En razón de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal antes invocado, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ARGELIA CAMPOS CRUZ por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral113 del ordenamiento legal antes citado. Habilitación de Días y Horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Vista para omitir datos personales. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Autorizados y domicilio. Por otra parte, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de la parte promovente, a la licenciada Ma. Martha Alicia Hernández Rangel, en términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, y en términos de la última parte del párrafo segundo del citado artículo a Karen Ortiz Hernández, hasta en tanto acredite tener su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante César Ricardo Luna Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. LSP

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,968 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano