Ares Tax Consulting, Sociedad Civil

Expediente 2671/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2671/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Ares Tax Consulting, Sociedad Civil
  • ARES TAX CONSULTING, SOCIEDAD CIVIL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    EN VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA (2672/2016) QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DIECISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal Vistas las certificaciones que anteceden y el estado de los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las quejosas hayan interpuesto recurso de inconformidad contra el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que se determinó sin materia para el cumplimiento a la concesión de amparo, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo del asunto Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y dado que el expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el asunto como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, se negó y se concedió la protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que establece dicho numeral. Cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo general referido en el párrafo que antecede. Por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, puesto que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula de este expediente. Devolución de documentos Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del este auto, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese por lista a la quejosa 2866/2016 y personalmente a las quejosas en los juicios de amparo 2671/2016, 2672/2016 y 2674/2016.". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado en representación del administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", mediante el cual solicita copia simple del auto por el que ha quedado firme el cumplimiento de sentencia, en atención a su contenido comuníquese a la autoridad oficiante que en acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se declaró que no había materia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y una vez que trascurra el término que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, quedará firme dicho auto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de tres días otorgado a las quejosas en auto de nueve de febrero pasado, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional a las quejosas para los efectos siguientes: "DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2012935, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. " Decisión que no fue combatida vía revisión y causó ejecutoria el uno de febrero de dos mil veintitrés. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 2461 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EN EL JUICIO 2671/2016 POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO EL PROVEIDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de tres días otorgado a las quejosas en auto de nueve de febrero pasado, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional a las quejosas para los efectos siguientes: "DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2012935, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. " Decisión que no fue combatida vía revisión y causó ejecutoria el uno de febrero de dos mil veintitrés. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 2461 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente. Notifíquese." NOTIFIQUESE

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