Arely Viviana Rivera Tello
Expediente 427/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arely Viviana Rivera Tello
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio A313/2018, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja número 131/2018, en sesión celebrada el veintiocho de junio del año en curso, de la que se aprecia que resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por Arely Viviana Rivera Tello, en contra del auto pronunciado el veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 427/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz." .
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través del cual hace del conocimiento de este Juzgado que dicho Tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la parte promovente, contra el proveído dictado el veintiuno de mayo del presente año, en el presente juicio de amparo, asignándole el número de toca 131/2018.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Daniel Linares Rodríguez, parte promovente en el presente juicio de amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril del presente año, en el cual se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo 355/2018-I, en tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, todos de la Ley de Amparo, se tiene al promovente interponiendo recurso de queja contra el citado acuerdo. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja al Tribunal Colegiado respectivo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Hágase del conocimiento del órgano colegiado revisor que el auto recurrido fue notificado a la parte promovente por lista de acuerdos el treinta de abril de dos mil dieciocho, por haber señalado los estrados de este Juzgado para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Remítase a la superioridad, para los efectos procedentes, copia certificada de las constancias que obran en el presente expediente que sirvieron para dictar el auto recurrido por el promovente; así como el original del escrito de agravios. Notifíquese por lista a la parte promovente y cúmplase.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de demanda signado por Arely Viviana Rivera Tello, contra actos de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno con el número 427/2018-I. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse de oficio, en atención a su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este contexto, después de analizar el escrito de cuenta, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; lo que conlleva la consecuencia de no dar trámite a la demanda de amparo, puesto que se debe desechar de plano, dada la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia en comento, por los motivos que a continuación se exponen. En principio se tiene que el acto reclamado por la parte promovente lo hizo consistir en: "La resolución de fecha 26 de abril de 2018 dictada en el toca 707/2018." De lo anterior y de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad vertió la quejosa, se colige que señaló como acto reclamado, la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca 707/2018, en la que la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, confirmó el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 3414/2017 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por medio del cual dicho juzgado determinó que fue extemporánea la contestación vertida por la aquí promovente en el referido incidente. En este orden de ideas, la causal de improcedencia que se estima actualizada se surte por que la resolución reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo bi-instancial procede contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Este mismo criterio ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencia 244, visible en la página 164 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1917-1995, tomo VI, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este sentido, es evidente que la resolución impugnada en esta vía, es decir, la dictada respecto del recurso de apelación, con que se formó el toca 707/2018, del índice de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, interpuesto por el abogado patrono de la aquí quejosa, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del incidente de cancelación de pensión alimenticia 3414/2017 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por medio del cual dicho juzgado determinó que fue extemporánea la contestación vertida por la aquí promovente en el referido incidente; al versar sobre un auto de trámite en donde se le tuvo por extemporánea su contestación en el incidente de mérito, carece de una ejecución irreparable pues no se refiere a sus derechos sustantivos, sino meramente procesales. Además, el acto reclamado tampoco se trata de alguno que, aun afectando derechos adjetivos, por excepción, amerite ser analizado de inmediato a través del amparo indirecto, en razón de que la institución procesal en juego sea de importancia tal que su infracción pudiera ser de extrema gravedad y trascendencia específica, así como los alcances de la sentencia de amparo que se llegara a conceder. Luego, la resolución cuya inconstitucionalidad aduce la promovente no es un acto que le depare un perjuicio irreparable, pues en ninguna forma afecta sus derechos sustantivos en el juicio, como son la posesión, la propiedad, la vida o algún otro derecho similar cuya violación, de llegarse a producir, haría imposible jurídicamente restituirle en el pleno goce de sus garantías individuales; sin embargo, se insiste, la resolución impugnada no implica la infracción de esos derechos sustantivos, sino que se refiere a una simple cuestión procesal o adjetiva, la cual no amerita ser analizada de inmediato en el amparo, sino que en todo caso, es susceptible de ser reparada al resolver el incidente relativo, pues la resolución del recurso de apelación de mérito, en sí no le irrogó perjuicio alguno, dado que aun teniéndosele por no contestado el escrito de interposición del incidente, ésta puede obtener una resolución favorable a sus intereses. Lo anterior, dado que los numerales 539, 540 y 541 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 539. Todas las cuestiones que se promuevan en un juicio y tengan relación con el negocio principal, si su tramitación no está fijada por la ley, se regirá por los artículos siguientes. También se substanciará como incidente cualquiera intervención judicial que no amerite la tramitación de un juicio. ARTÍCULO 540. Con la promoción que deberá venir acompañada de las pruebas pertinentes y de la copia de la misma, en su caso, se mandará correr traslado a la parte o partes contrarias para que formulen su contestación dentro de tres días. Desde el primer proveído, se citará a una audiencia que deberá verificarse a los ocho días de promovido el incidente. ARTÍCULO 541. En esa audiencia se practicarán las pruebas y se pronunciará la resolución que proceda." De dichos preceptos, se colige que en el procedimiento incidental de donde emana el acto reclamado, se le citará para una audiencia, en la que tendrá la oportunidad de formular los alegatos respectivos y se practicaran las pruebas que se aporten, de ahí que la aquí promovente aún está en oportunidad de comparecer a la audiencia y expresar sus alegatos en dicho incidente. Incluso, aun en el supuesto de que el juez de origen llegare a dictar una interlocutoria contraria a los intereses de la promovente de amparo, ésta quedaría en aptitud legal de impugnar todo ello por la vía ordinaria y, de estimarlo pertinente, vía amparo indirecto, aduciéndolo como violación procesal en los conceptos de violación que, en su caso, plantee, a través de los cuales haga valer las impugnaciones procesales que hoy denuncia en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la Jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Luego, el acto reclamado no puede considerarse uno de aquellos cuya ejecución es de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que no tiene sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues dicha resolución reclamada no implica infracción de sus derechos sustantivos, como ya se dijo, sino la violación en todo caso de derechos adjetivos que, si obtuviere sentencia favorable a sus intereses, quedarían compurgados; y de no obtenerla, podría continuar su defensa a través de los medios de impugnación ordinarios. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, procede desechar la demanda de mérito, por su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la promovente o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y como sus autorizados en términos del numeral 12 de la referida legislación, a Ariel Héctor Tobón Ramírez y Ricardo Estrella Reyes, por tener registrada sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federal, no así a las restantes personas que señala por no estar en la misma circunstancia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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