Arely Flores Sanchez

Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
306/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Arely Flores Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Cambio de adscripción. Se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Causa estado Ahora bien, vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Sin que en el caso obre en el referido expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo innecesario Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación con la que también se ha dado cuenta, aparece que el término de tres días que por acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, se otorgó a los terceros interesados Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM ENR, por conducto de quien legalmente la represente; Gustavo Ernesto Rodríguez; y Fuente de trabajo demandada, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del catorce al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que dicha parte procesal fue emplazada al presente juicio de amparo el diez de marzo del presente año, sin que lo hayan hecho. Efectivo apercibimiento En tal virtud, se hace efectivo a los terceros interesados Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM ENR, por conducto de quien legalmente la represente; Gustavo Ernesto Rodríguez; y Fuente de trabajo demandada, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés; y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse a éstas las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, aun las de carácter personal. Cobra sustento, por las razones que la conforman, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 169843, visible en la página 238, del Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones - como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.". Acta imposibilidad de notificar. Por otro lado, agréguese el acta de imposibilidad de notificar a los terceros interesados de referencia, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que no le fue posible llevar a cabo la notificación ordenada en acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso; por lo que túrnense los autos al diligenciario de la adscripción, para que notifique dicha determinación a la citada parte procesal por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM ENR, por conducto de quien legalmente la represente; Gustavo Ernesto Rodríguez; y Fuente de trabajo demandada, LA DETERMINACIÓN QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación con la que también se ha dado cuenta, aparece que el término de tres días que por acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, se otorgó a los terceros interesados Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM ENR, por conducto de quien legalmente la represente; Gustavo Ernesto Rodríguez; y Fuente de trabajo demandada, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del catorce al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que dicha parte procesal fue emplazada al presente juicio de amparo el diez de marzo del presente año, sin que lo hayan hecho. Efectivo apercibimiento En tal virtud, se hace efectivo a los terceros interesados Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM ENR, por conducto de quien legalmente la represente; Gustavo Ernesto Rodríguez; y Fuente de trabajo demandada, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés; y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse a éstas las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, aun las de carácter personal. Cobra sustento, por las razones que la conforman, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 169843, visible en la página 238, del Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones - como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.". Acta imposibilidad de notificar. Por otro lado, agréguese el acta de imposibilidad de notificar a los terceros interesados de referencia, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que no le fue posible llevar a cabo la notificación ordenada en acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso; por lo que túrnense los autos al diligenciario de la adscripción, para que notifique dicha determinación a la citada parte procesal por medio de lista. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM ENR, por conducto de quien legalmente la represente; Gustavo Ernesto Rodríguez; y Fuente de trabajo demandadaLA DIVERSA DETERMINACIÓN QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Contenido del informe justificado. Visto el informe de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable aduce que es falso el acto reclamado, toda vez que el veintinueve de marzo de la presente anualidad, emitió acuerdo de calificación de pruebas en el juicio de origen. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que se anexan al informe de cuenta. Delgados Como se solicita, se tiene como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del citado ordenamiento legal, los señalados en su informe de cuenta. Análisis de los actos reclamados. Ahora bien, tomando en consideración el informe rendido por la autoridad responsable y constancias que en copia certificada anexó, resulta pertinente analizar el asunto, habida cuenta que se advierte, de oficio, la actualización de una causa de improcedencia; lo que se procede a hacer en los siguientes términos: Conviene precisar que la parte quejosa en la demanda de amparo señaló como acto reclamado, lo siguiente: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de emitir acuerdo en donde se califique y resuelva sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 480/2018. Marco Jurídico. En el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, como ya se ha referido, de las documentales que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, adjunta al informe justificado con el que se ha dado cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, las que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones; se desprende que en dicho acuerdo se realiza pronunciamiento respecto de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del expediente laboral 480/2018. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI1, de la Ley de Amparo. Es así, porque está demostrada la cesación del acto reclamado, acorde a siguiente: Arely Flores Sánchez, a través de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, señaló como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de emitir acuerdo en donde se calificara y resolviera sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 480/2018; juicio en el que la quejosa tiene el carácter de actora. 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con el que se ha dado cuenta, revela que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Junta responsable dictó acuerdo en relación a la admisión de pruebas ofrecidas, ordenando la notificación personal a las partes dentro del juicio de origen de dicho acuerdo, tal como se desprende de las documentales que en copia certificada adjuntó a su informe justificado. Por ende, es inconcuso que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, pues la actitud pasiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio, dejó de producir efectos en la esfera jurídica de la solicitante, por tanto, las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 306/2023-ll, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, atendiendo además al principio de celeridad procesal contenido en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, de marzo de dos mil tres, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia sin efectos. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia señalada para las once horas con diez minutos del tres de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Contenido del informe justificado. Visto el informe de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable aduce que es falso el acto reclamado, toda vez que el veintinueve de marzo de la presente anualidad, emitió acuerdo de calificación de pruebas en el juicio de origen. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que se anexan al informe de cuenta. Delgados Como se solicita, se tiene como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del citado ordenamiento legal, los señalados en su informe de cuenta. Análisis de los actos reclamados. Ahora bien, tomando en consideración el informe rendido por la autoridad responsable y constancias que en copia certificada anexó, resulta pertinente analizar el asunto, habida cuenta que se advierte, de oficio, la actualización de una causa de improcedencia; lo que se procede a hacer en los siguientes términos: Conviene precisar que la parte quejosa en la demanda de amparo señaló como acto reclamado, lo siguiente: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de emitir acuerdo en donde se califique y resuelva sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 480/2018. Marco Jurídico. En el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, como ya se ha referido, de las documentales que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, adjunta al informe justificado con el que se ha dado cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, las que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones; se desprende que en dicho acuerdo se realiza pronunciamiento respecto de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del expediente laboral 480/2018. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI1, de la Ley de Amparo. Es así, porque está demostrada la cesación del acto reclamado, acorde a siguiente: Arely Flores Sánchez, a través de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, señaló como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de emitir acuerdo en donde se calificara y resolviera sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 480/2018; juicio en el que la quejosa tiene el carácter de actora. 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con el que se ha dado cuenta, revela que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Junta responsable dictó acuerdo en relación a la admisión de pruebas ofrecidas, ordenando la notificación personal a las partes dentro del juicio de origen de dicho acuerdo, tal como se desprende de las documentales que en copia certificada adjuntó a su informe justificado. Por ende, es inconcuso que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, pues la actitud pasiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio, dejó de producir efectos en la esfera jurídica de la solicitante, por tanto, las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 306/2023-ll, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, atendiendo además al principio de celeridad procesal contenido en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, de marzo de dos mil tres, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia sin efectos. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia señalada para las once horas con diez minutos del tres de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

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