Arely Domínguez Díaz

Expediente 1397/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1397/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
19/10/2017

Partes del expediente

  • Arely Domínguez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la resolución de veintiocho de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la resolución por la que se sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se actúa, no obran los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por lo que se les notificó el auto por el cual se sobreseyó el presente asunto, pues dado el sentido de lo resuelto, no les causa perjuicio alguno, de manera que tampoco están legitimados para inconformarse en relación con ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, criterio que no ha sido superado, bajo el número de registro, 195993, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental. DESTINO DEL INCIDENTE. Asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable, ya que se otorgó la suspensión provisional, por lo que se conservará el auto correspondiente, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del referido acuerdo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; empero, el duplicado del incidente es destruible conforme a la fracción III, del considerando vigésimo del señalado capítulo quinto, por tanto, una vez que transcurran más de seis meses, procédase a su destrucción. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, remite diligenciado el exhorto 519/2017-I de este índice, por medio del cual se le encomendó notificar al quejoso el presente juicio de amparo; en atención a ello acúsese el recibo de estilo. Atento a ello, dese de baja la comunicación; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro sentido, visto el estado procesal de autos se advierte que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye:  La resolución recaída al recurso de revisión extraordinaria, hecha valer por el quejoso en contra del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar que la Ley de Amparo, en su precepto 37, dispone tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Será competente el Juez ante quien se presente la demanda, cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en alguno de ellos y sigue ejecutándose en otro; y c) Será competente el Juez ante quien se presente la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 571/2012 , se pronunció en torno a la competencia para resolver el juicio de amparo, en lo que aquí interesa, en los términos siguientes: ? Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. ? Que la literalidad del precepto facilita a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que la acción constitucional podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. ? Que de ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. ? Que si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto. ? Que desde esta perspectiva, es lógico considerar que el peticionario puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. La propia Ley de Amparo, en su artículo 48, dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito, y éste considere carecer de competencia, la remitirá con sus anexos, al juez que estime competente. En este contexto, a fin de evidenciar la incompetencia de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que Antonio González Castañeda, reclama del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: ? La resolución emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, en el toca 517/2012, que resolvió declarar procedente la reducción de las penas por vía del recurso de revisión extraordinaria interpuesto por el propio quejoso. Ahora, de las constancias que integran el presente sumario se advierte que dicho agraviado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico, lo que evidencia que el acto reclamado tiene principios de ejecución precisamente en ese centro penitenciario en que se halla recluso, el cual se encuentra fuera del ámbito competencial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Ciertamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2004-PS , determinó que si se toma en cuenta que el reo se encuentra restringido de su libertad personal, en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para resolver el presente asunto y, por consiguiente, se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl en turno; toda vez, que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del ámbito de su competencia territorial. En consecuencia, remítase el presente juicio de amparo y sus anexos, así como los incidentes de suspensión, al aludido Juez de Distrito, a quien se le solicita, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En ese orden, se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En esa condiciones, toda vez que el quejoso se encuentra recluido fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 55 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de ampro, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, líbrese nuevo exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcoyotl en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y notifique al quejoso Antonio González Castañeda, las actuaciones derivadas del presente sumario. Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Juez para que habilite en horas y días inhábiles a quien habrá de llevar a cabo lo encomendado y realice las gestiones necesarias tendentes a dar cumplimiento a lo solicitado. Tomando en consideración la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2015, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, una vez remitida la comunicación oficial en los términos que fue ordenada, imprimase el acuse electrónico que contiene la cadena de certificación y agréguese a los presentes autos para constancia legal de su envío.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el ocurso de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual ofrece diversas pruebas documentales. Atento a ello y como se encuentra ordenado en el cuaderno incidental, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales señalada en el ocurso que se provee y que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomada en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. En otro sentido, como se advierte de las documentales que anexa el quejoso como medios probatorios, se advierte la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que en el término de tres días remita a este Juzgado Federal, la totalidad de las constancias correspondientes al crédito hipotecario número 0999021594, a nombre del aquí quejoso Emiliano Ayala López, así como, el estado cuenta actual de dicho crédito. Apercibido de que en caso de no hacerlo se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para celebrarse en este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.

  4. Principal

    ********************Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual informa que se llevó acabo la audiencia de continuación a juicio en la causa 73/2017; toda vez que, la quejosa ********************, se presentó para su desahogo; atento a ello, este juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas que anexa y describe el Juez responsable en el ocurso que se provee; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal

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