Arely Aparicio Nochebuena
Expediente 1370/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Arely Aparicio Nochebuena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que comunica la ejecutoria pronunciada el trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 253/2022, de la que se desprende que el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se modifica el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda con la que se formó el juicio de amparo 1370/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; acúsese el recibo correspondiente. ...
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San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral D-6/76/2021, de su índice, entre las que destaca el auto de quince de agosto de dos mil veintidós, del cual se advierte que concedió un término de tres días a la parte actora a efecto de que proporcione un domicilio para que pueda recibir notificaciones con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se hará acreedor a una multa de veinte unidades de mediad de actualización y se procederá conforme a lo establecido en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, indica que una vez que la citada parte de cumplimiento, proveerá lo relativo al oficio del Auxiliar de la Unidad Jurídica de Convenios Fuera de Juicio y exhortos paraprocesales de la Junta Local de Conciliación y arbitraje de la Ciudad de México. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de ocho días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de lo siguiente: La constancia de notificación practicada a la parte actora respecto del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral D-6/76/2021, de su índice. El acuerdo que recayó a la vista concedida en el citado auto, y, en el supuesto de que la parte actora no haya dado cumplimiento a lo solicitado, proceda a hacer efectivos los apercibimientos decretados. Posterior a lo anterior, provea lo relativo al oficio del Auxiliar de la Unidad Jurídica de Convenios Fuera de Juicio y exhortos paraprocesales de la Junta Local de Conciliación y arbitraje de la Ciudad de México. ...
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San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos los escritos de presentación de recurso y el diverso de expresión de agravios de **, abogado patrono de ***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por el que este juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo propuesta. ...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Cumplimiento de prevención Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta de Arely Aparicio Nochebuena por conducto de su abogado patrono Rubén Blanca Díaz, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud se provee: Separación de juicios Vista la demanda de amparo promovida por Arely Aparicio Nochebuena, por conducto de su abogado patrono Rubén Blanca Díaz, en contra de los actos del Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad, de la que se advierte que la referida quejosa reclama, en esencia, actos de las siguientes autoridades responsables: - Del Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla y Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera: El auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2479/1995 del índice de su índice, por medio del cual ordenó girar oficio a la Notaría Publica número Cuarenta y Nueve de la Ciudad de Puebla y al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera a efecto de informar que quedó sin efectos la escritura exhibida por auto de veintisiete de abril de dos mil diez y la adjudicación del inmueble pretendido y su ejecución. - Del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla: La omisión de la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva dentro del expediente 1159/2019 de su índice. En tal virtud, se pone de manifiesto que los actos reclamados versan sobre diferentes expedientes de origen, asimismo, a fin de garantizar el derecho de seguridad jurídica, y la correcta impartición de justicia este juzgado federal, ordena la separación de juicios. En efecto, la figura de separación de juicios tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya génesis provenga de fuentes distintas y desvinculadas entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia, no obstante que dicha figura jurídica no se encuentre expresamente prevista y regulada por la Ley de Amparo. Sin embargo, la misma se deduce de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia en términos de su numeral 2° de esta última, que señala: "ARTICULO 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." El artículo transcrito prevé la figura de la acumulación, en donde se establece la forma en que dos o más juicios pueden acumularse; por lo que el objeto de la acumulación es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios en donde se reclama el mismo acto, y así evitar que en dichos procedimientos se dicten sentencias contradictorias, tal y como lo señaló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con número de registro 232528, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, primera parte, página 13, cuyos rubro y texto indican: "ACUMULACION DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, es aplicable por su contenido, la tesis jurisprudencial P./J. 24/2015, número de registro 2009910, de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contradicción, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el once de septiembre de dos mil quince, que a la letra precisa: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." De ahí que tal norma, aplicada a contrario sentido, traiga la figura de separación de juicios que se realiza, pues con la misma se trata de resolver en forma efectiva la cuestión planteada y avocarse al estudio de los actos que atañan únicamente a la esfera jurídica de la parte quejosa y no a diversos actos que se encuentren desvinculados del mismo. Es por ello que en el presente caso se considera procedente la separación de juicios que se plantea, pues como se señaló en párrafos que anteceden, la parte quejosa reclama actos desvinculados entre sí. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial P./J. 76/97, número de registro 197671, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 118, de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que a la letra señala: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." De igual manera, sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.72 K, número de registro 2009070, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, tomo III, página 2356, de mayo de dos mil quince, que dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí." Por consiguiente, al considerarse que los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados, por lo que se ordena la separación de juicios. En el entendido que el presente juicio de amparo 1370/2022, únicamente versará respecto de lo siguiente: -Del Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla y Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera: - El auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2479/1995 del índice de su índice, por medio del cual ordenó girar oficio a la Notaría Publica número Cuarenta y Nueve de la Ciudad de Puebla y al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera a efecto de informar que quedó sin efectos la escritura exhibida por auto de veintisiete de abril de dos mil diez y la adjudicación del inmueble pretendido y su ejecución. Mientras que el juicio de amparo que se separa, versará respecto del acto siguiente: - Del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla: La omisión de la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva dentro del expediente 1159/2019 de su índice. Para tal efecto, con copias certificadas del escrito inicial de demanda y el presente proveído, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que sea turnada como nueva demanda de amparo en términos del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Precisado lo anterior, se procede al estudio del acto reclamado al Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla y al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera, consistente en: - El auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2479/1995 del índice de su índice, por medio del cual ordenó girar oficio a la Notaría Publica número Cuarenta y Nueve de la Ciudad de Puebla y al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera a efecto de informar que quedó sin efectos la escritura exhibida por auto de veintisiete de abril de dos mil diez y la adjudicación del inmueble pretendido y su ejecución. Al respecto, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisan como actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los siguientes: El auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2479/1995 del índice de su índice, por medio del cual ordenó girar oficio a la Notaría Publica número Cuarenta y Nueve de la Ciudad de Puebla y al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera a efecto de informar que quedó sin efectos la escritura exhibida por auto de veintisiete de abril de dos mil diez y la adjudicación del inmueble pretendido y su ejecución. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado en cita se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme al primer párrafo del dispositivo transcrito, la instancia constitucional es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, cuando la parte agraviada no ejercitare ese derecho oportunamente, salvo en los casos específicamente exceptuados por el propio numeral. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado "principio de definitividad", supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que regula el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio ordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, como se indicó, el acto reclamado que por esta vía combate la parte promovente de amparo, es el auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2479/1995 del índice del Juez responsable, por medio del cual ordenó girar oficio a la Notaría Publica número Cuarenta y Nueve de la Ciudad de Puebla y al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tecali de Herrera a efecto de informar que quedó sin efectos la escritura exhibida por auto de veintisiete de abril de dos mil diez y la adjudicación del inmueble pretendido y su ejecución. No obstante, este órgano de control constitucional considera que contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, dado que antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto por la ley que rige el procedimiento natural, dado que al ser parte dentro del procedimiento de origen, se encuentra obligado a agotar los medios de impugnación previstos en la ley, pues al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. A fin de comprobar lo anterior, es menester traer a contexto el contenido del artículo 1,334 del Código de Comercio, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Como puede advertirse del artículo transcrito, el Código de Comercio, legislación aplicable al juicio ejecutivo mercantil de origen, ordenamiento que además tiene un carácter formal y material, establece un medio de defensa en contra del acto reclamado por la aquí parte garante, pues el propio juez responsable deberá conocer en los casos en que emita un auto -como el que se advierte reclama la parte promovente de amparo- del recurso de revocación que se promueva en contra de dicha determinación. Por tanto, si el acto reclamado constituye una determinación que de acuerdo con el citado artículo 1,334 del código mencionado, puede ser recurrida mediante el recurso de revocación, ya que no existe disposición alguna que establezca que procede en su contra el diverso recurso de apelación, y por ende es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. La actualización de la causal en estudio se hace extensiva a los actos de ejecución de la determinación analizada, al ser consecuencia directa de la misma. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 188092, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, diciembre de dos mil uno, página 138, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". Asimismo, se cita por ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, décima época, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." En tales condiciones, la suscrita considera que antes de acudir en demanda de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto por la ley que rige el acto reclamado, por lo que ante tal omisión no satisfizo el principio de definitividad. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte demandada en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. Asimismo, es de indicarse que lo determinado en este auto no implica una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia número 1a./J. 22/2014, definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, a las once horas con tres minutos del veintiuno de marzo de dos mil catorce, que es del tenor siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como, la tesis aislada CCLXXVI/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de dos mil doce, página 530, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En tal sentido, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha la demanda de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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