Areli Sarai Martinez Dominguez
Expediente 652/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- E.Y. C. M.
- Areli Sarai Martinez Dominguez
- ARELI SARAI MARTINEZ DOMINGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el encargado del despacho por vacaciones del titular, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó en sentencia, por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1., relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 652/2021, promovido por*** en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa, la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en acordar su escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno [por el que solicitó a la responsable que hiciera efectivos los apercibimientos hechos dentro del expediente familiar 390/2020]. Por ello, estiman que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue presentada vía electrónica el nueve de junio de dos mil veintiuno y turnada el diez del mismo mes y año. Dicho libelo constitucional quedó registrado en este juzgado con el progresivo 652/2021; se admitió a trámite el once siguiente; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de una omisión atribuida a una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la impetrante de amparo reclama lo siguiente: Autoridad responsable Juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. Acto reclamado Omisión de acordar su escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno [por el que solicitó a la responsable que hiciera efectivos los apercibimientos hechos dentro del expediente familiar 390/2020 del índice de la responsable]. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Juez Primero Civil de la Villa de Etla, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, de las constancias que exhibió al rendir su informe justificado, se advierte que al momento de la presentación de la demanda, existía la omisión reclamada. Por tanto, se tiene por cierta la omisión reclamada. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado que se atribuye a la responsable, consistente en la omisión de acordar su escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno [por el que solicitó a la responsable que hiciera efectivos los apercibimientos hechos dentro del expediente familiar 390/2020] se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de la copia certificada que la autoridad responsable aportó al presente juicio de amparo, relativa al expediente familiar 390/2020, la cual fue valorada en el apartado que antecede- se advierte que efectivamente el diecisiete de junio del año en curso, dictó el acuerdo que recayó al escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno [por el que solicitó a la responsable que hiciera efectivos los apercibimientos hechos dentro del expediente familiar 390/2020], por ende, se estima que ha cesado los efectos de ese acto reclamado. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad procesal reclamada, traducida en la conducta omisiva que la ahora parte quejosa atribuye al juez responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad emitió el acuerdo respectivo el diecisiete de junio del año en curso, en el expediente familiar 390/2020, en el que se pronunció respecto a la petición realizada por la impetrante de amparo. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo 652/2021 el nueve de junio de dos mil veintiuno, según se aprecia de la evidencia criptográfica de su demanda, en tanto que la determinación a que se hace alusión se dictó el diecisiete de junio siguiente, y se hizo del conocimiento de la impetrante el uno de julio del año en curso, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, no pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional el hecho que no se haya hecho el emplazamiento a quien le resultara el carácter de tercero interesado; lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución, la cual no le causa agravio alguno. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página número 575, cuyo epígrafe y sinopsis son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** respecto del acto reclamado que atribuyó a la autoridad señalada como responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios por los que rinde informe justificado la Juez Primero Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, y las pruebas que acompaña para tal efecto. Con el informe y las documentales referidas con antelación, dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para hoy. La razón esencial: no existe constancia que acredite que el Juez de lo Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, hubiese quedado notificado del auto de once de junio del año en curso, por el cual se les solicitó su informe justificado. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se reprograma para las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio, requiérase al Administrador de Correos de México, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para que dentro del plazo de tres días siguiente a la notificación de este proveído, envíe a este juzgado el acuse de recibo que haya recabado respecto del oficio 16427/2020, dirigido al Juez de lo Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, mismo que fue depositado en la administración a su cargo el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, quedando registrado con el número MN685120168MX; apercíbasele que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, acorde a lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Areli Hernández Vásquez252/2021
- Areli Hernández Vásquez708/2019
- Areli Hernández Vásquez865/2021
- Areli Hernández Vazquez440/2022
- Areli Martínez Reyes573/2020
- Areli Minerva Vera1205/2015
- Areli Sarai Martínez Dominguez843/2020
- Areli Yazmin López Gómez80/2021
- Areli Yazmin López Gómez y Otros.27/2021
- Arely Ríos Calvo658/2019
- Argelia López Moreno10/2017
- Argelia Lopez Moreno310/2017