Areli Ruiz Flores

Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Areli Ruiz Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada la sentencia engrosada el trece de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintiocho de junio de dos mil veintitrés y turnado el día veintinueve siguiente a este órgano, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito y, emplazar al juicio al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 13-14). Se agregó a los autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 19). Se emplazó personalmente al presente juicio a la diversa parte tercero interesada Yraiss Carmona Muñoz (fojas 63 y 64). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 68-69). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que el presente juicio es promovido por quien dice ostentarse con el carácter de tercero extraño al juicio del que provienen los actos reclamados, lo que es impugnable en amparo indirecto. De la materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que dichos actos consisten en: La declaratoria de beneficiarios dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 648/2021, así como la deficiente investigación de beneficiarios realizada en el mismo por la responsable y la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de hacerle del conocimiento de la existencia de dependientes económicos registrados ante dicho instituto, que les impidió comparecer al juicio a deducir sus derechos para ser oídos y vencidos, dado que el propio instituto le otorgó a Daniel Ruiz Flores pensión por orfandad. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Análisis sobre existencia del acto reclamado. Si bien la autoridad responsable Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, negó la existencia del acto que se le reclama, tal como se aprecia de informe justificado (foja 19) de sus manifestaciones se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con las constancias que obran en autos, de ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En efecto, la existencia se corrobora con las copias certificadas que envió en justificación de sus actos la autoridad responsable, pues de éstas se advierte el acto reclamado consistente en la resolución dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 648/2021 (fojas 20 a 57 del sumario). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que resultó cierto, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al estudio de la que se considera se surte en autos. MARCO NORMATIVO En efecto, el artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XXIII lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, cuando se trata de la tramitación de un juicio, es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Luego, en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico, por lo que es evidente que el análisis de las pruebas aportadas para tal efecto se constriñe a determinar si los promoventes del amparo son titulares del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que son afectados por el acto reclamado. Antes de continuar con el estudio del asunto, es conveniente hacer algunas precisiones sobre la figura jurídica del tercero extraño a juicio (con el que se ostenta la parte quejosa) a saber: La misma se traduce en el amparo promovido por violación al derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional y en términos generales se puede clasificar en dos modalidades. La primera como instrumento procesal extraordinario promovido por un sujeto para interferir en un juicio preexistente, del cual es extraño, en el que hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado: tercero extraño en estricto sentido. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona (moral o física), distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; esto es, la "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Así, en el caso del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es ajena a la controversia judicial, y por ende, distinta a los sujetos de la controversia que en él se ventilan, el efecto del amparo no es llamarlo al juicio de origen en la controversia natural; sino, en su caso, el de reintegrarla en su derechos afectados, como pueden ser los bienes que están en litigio, pero sin que ello implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. Ahora bien, la segunda modalidad, se actualiza como un instrumento procesal por medio del cual se puede dejar sin efecto una sentencia, promovida por el sujeto demandado en ese juicio, alegando ser extraño por falta o indebido emplazamiento o por un sujeto que considere debió ser parte de la relación jurídica procesal en ese controvertido: tercero extraño por equiparación. En este caso, como su condición resulta ser la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, no fue llamado a juicio o lo fue indebidamente, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En esas condiciones, para acreditar el interés jurídico que debe asistir a un quejoso para promover el juicio de amparo, se requiere que se ostente en cualquiera de estas modalidades, esto es, requiere requisitos particulares para acreditar la afectación a su interés jurídico; porque como se vio, cada modalidad busca fines diversos con la promoción del juicio de amparo. Señalado lo anterior, se establece que la modalidad de tercero extraño a juicio en que se ubica la parte quejosa es en estricto sentido, pues en esencia, busca proteger su derecho de designación como beneficiarios en el juicio laboral, pues en éste, ya se realizó una designación de beneficiaria a favor de la concubina de quien refieren es su padre. En congruencia, resulta necesario establecer los requisitos que debió acreditar la parte quejosa para comprobar su interés jurídico, dado el citado carácter con el que se ostenta, pues en este caso promueve el amparo con la finalidad de interferir en un juicio preexistente, del cual no es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Por tanto, en el caso, en esa modalidad de tercero extraño a juicio, para acreditar el interés jurídico requiere lo siguiente: a).- Que se acredite la filiación con el cujus, b).- Que se acredite su dependencia económica con el cujus, por ser la base de la acción. c).- Que el derecho que considera afectado lo tenía en su esfera patrimonial al momento de emitirse el acto reclamado. Ahora, previo a exponer los razonamientos por los cuales se considera actualizada la causa de improcedencia en comento, conviene precisar, para una mejor comprensión los ANTECEDENTES que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en el expediente laboral 648/2021: 1).- Mediante escrito presentado por Yraiss Carmona Muñoz, (quien se acreditó como concubina del finado Oscar Ruiz Guevara) el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz y radicado el catorce de junio de ese año, solicitó se le designara como única y legítima beneficiaria de Oscar Ruiz Guevara registrando el asunto bajo el número 648/2021, ordenando en términos del artículo 503, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, practicar la investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente de dicha persona y fijar un aviso en un lugar visible del establecimiento en donde prestaba sus servicios el de cujus, que lo fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrito a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria Tejería Tamsa, con domicilio en carretera Xalapa-Veracruz, número trescientos diecisiete, Bruno Pagliali Valente Díaz de Veracruz, ordenando convocar a los beneficiarios para que comparecieran ante esa autoridad de trabajo dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos, por lo que ordenó girar exhorto al Presidente de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que realizara la diligencia encomendada. (fojas 20 a 36). 2).- Convocatoria de catorce de junio de dos mil veintiuno, en la que se hace constar que en el juicio laboral 648/2021 del índice de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, se formuló la reclamación por la muerte de Oscar Ruiz Guevara para que la persona o personas que se consideren con el derecho para ser declaradas legítimas beneficiarias comparecieran dentro de los treinta días ante esa Junta a deducir sus derechos (foja 37). 3).- Publicación de convocatoria de veintisiete de enero de dos mil veintidós, realizada por el actuario de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Xalapa, Veracruz, en la que hizo constar que se constituyó con las formalidades de ley en el domicilio señalado por la parte actora como último centro de trabajo del extinto Oscar Ruiz Guevara, que fue en las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Servicios de Salud de Veracruz, procediendo a fijar en ese acto la convocatoria y una vez transcurridos los treinta días procedería a desfijarla (foja 48). 4).- Investigación de beneficiarios realizada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, por el actuario de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Xalapa, Veracruz, en la que hizo constar que se constituyó con las formalidades de ley en el domicilio señalado por la parte actora como último centro de trabajo del extinto Oscar Ruiz Guevara, que fue en las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Servicios de Salud de Veracruz, con la finalidad de investigar qué personas dependían económicamente del extinto, requiriéndole el expediente personal o cualquier otro documento en el que obre dicha información, a lo que la persona de enlace jurídico en el "CECAN" le informó: "Que los trabajadores manifiestan sus beneficiarios que entregan aquí pero que se envían a recursos humanos de SESVER y el trabajador se queda con copia, por lo que se debe requerir a SESVER porque ellos tienen la documentación completa de los trabajadores" (foja 49). 5).- En cuatro de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, celebró la audiencia en la etapas de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en la que determinó designar como única y legítima beneficiaria de Oscar Ruiz Guevara a Yraiss Carmona Muñoz, en su calidad de concubina (fojas 53 a 55). 6). Auto de seis de junio de dos mil veintitrés, en el que se ordenó remitir al archivo el expediente 648/2021 del índice de la responsable (foja 56). Hasta aquí dichos antecedentes. SUBSUNCIÓN Expuesto lo anterior, se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio en sentido estricto, al aducir ser titular de un derecho subjetivo trastocado por el acto reclamado, ajeno a la controversia del juicio de origen, incluso a la obligación personal que dio origen al mismo, de ahí que en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del presente juicio de amparo es indispensable que la parte quejosa acredite indubitablemente ese interés jurídico que aduce, esto es, la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que dice ser afectado por el acto reclamado. Ahora, tal como ya ha sido narrado, de las constancias certificadas remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado rendido de manera conjunta, deducidas del juicio laboral 648/2021 del índice de Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz (a las cuales por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°) se advierte, en lo que interesa, que el citado juicio laboral 648/2021, se radicó con motivo de la demanda promovida por Yraiss Carmona Muñoz (concubina del cujus Oscar Ruiz Guevara) para efecto de que se le designara como beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral que mantuvo el finado en la unidad médica de atención ambulatoria Tejería Tamsa del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Servicios de Salud de Veracruz. En dicho juicio promovido por Yraiss Carmona Muñoz para iniciar la acción en vía de procedimiento especial ante la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, exhibió copia certificada del acta de defunción de Óscar Ruiz Guevara, copia certificada de la resolución dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 635/2021-V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, en la que se tuvo por acreditada la relación de hecho de concubinato que mantuvo con Óscar Ruiz Guevara, durante aproximadamente diez años, hasta que le sobrevino la muerte a este último, asimismo, quedó justificada la dependencia económica de Yraiss Carmona Muñoz respecto del finado Óscar Ruiz Guevara; impresiones de los recibos de pago; copias de las credenciales de elector y testimoniales. Seguido que fue el juicio por sus etapas procesales el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se designó como única y legítima beneficiaria de Óscar Ruiz Guevara a Yraiss Carmona Muñoz, en su calidad de concubina, y en auto de seis de ese año, al haber transcurrido en exceso el término legal para que la parte actora promoviera el amparo directo para combatir la resolución, por lo que ordenó el archivo definitivo en el asunto. A lo que los quejosos arguyen que la citada resolución emitida por la autoridad responsable, es lesiva de sus derechos humanos, pues tienen el derecho legítimo a las prestaciones reclamadas porque dependían económicamente de su extinto padre Óscar Ruiz Guevara, máxime que otorgó pensión por orfandad a favor del aquí quejoso Daniel Ruiz Flores, lo que debió hacerse constar en la investigación de beneficiarios efectuada por la responsable en base al artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa el seis de julio de dos mil veinte, promovió ante la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, una demanda en la que solicitaron la declaración de beneficiarios a su favor y demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social, asunto radicado bajo el número 902/2021, siendo que el ocho de junio de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución de dicho asunto, en el cual dicho instituto en su contestación de demanda manifestó y ofreció como prueba la declaratoria de beneficiarios dictada en el diverso expediente laboral 648/2021, promovido por Yraiss Carmona Muñoz quien se ostentó como concubina del finado trabajador Óscar Ruiz Guevara, siendo en ese momento en que la aquí parte quejosa se dio por enterada de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que los quejosos hayan acreditado ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma jurídica objetiva y que hayan resentido una afectación en su esfera jurídica, con motivo de las actuaciones del juicio laboral 648/2021 del índice de la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz Juzgado Mixto Menor de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Esto es así, pues los quejosos omiten acreditar en el presente juicio, el parentesco consanguíneo con el trabajador finado, por ende, la existencia de la dependencia económica de los quejosos Areli Ruiz Flores y Daniel Ruiz Flores, respecto del finado Óscar Ruiz Guevara. Máxime que no justificó con prueba alguna su dicho, siendo esta su carga procesal, dado que aducen tener la calidad de únicos y legítimos beneficiarios de los derechos derivados de la relación laboral del extinto trabajador Óscar Ruiz Guevara, acogiéndose a dicha figura jurídica para justificar una trasgresión a un derecho subjetivo tutelado a su favor por una norma objetiva. Ello es así, pues no aportaron por lo menos actas de nacimiento para acreditar el vínculo parental, ni la manifestación de beneficiarios que en su caso hizo el de cujus, a efecto de valorar su interés jurídico. No obsta, que en su escrito de demanda haya pedido a este órgano jurisdiccional se requiriera un segundo expediente a la autoridad responsable, pues no debe inadvertirse que la parte quejosa promovió directamente y no aportó oportunamente las pruebas conducentes. De tal suerte, resulta inconcuso que, la parte quejosa omitió acreditar el parentesco consanguíneo con el trabajador fallecido, al no haber justificado de modo alguno tal extremo legal. CONCLUSIÓN Por lo que en esas condiciones, al no haber quedado acreditados los requisitos necesarios para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al presente juicio de amparo, consistente en acreditar el parentesco consanguíneo con el trabajador finado, y, por ende, la existencia de la dependencia económica con éste, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del diverso 61, en relación con la fracción I, del artículo 5 de dicha ley, aplicado en sentido contrario. Tiene aplicación a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.- La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no ha lugar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por incumplirse un presupuesto procesal, necesario para emitir sentencia de fondo. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 70 a 74) en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Areli Ruiz Flores y Daniel Ruiz Flores, contra los actos reclamados a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    se notifica la resolución dictada el trece de octubre de la presente anulidad RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintiocho de junio de dos mil veintitrés y turnado el día veintinueve siguiente a este órgano, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito y, emplazar al juicio al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 13-14). Se agregó a los autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 19). Se emplazó personalmente al presente juicio a la diversa parte tercero interesada Yraiss Carmona Muñoz (fojas 63 y 64). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 68-69). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que el presente juicio es promovido por quien dice ostentarse con el carácter de tercero extraño al juicio del que provienen los actos reclamados, lo que es impugnable en amparo indirecto. De la materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que dichos actos consisten en: La declaratoria de beneficiarios dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 648/2021, así como la deficiente investigación de beneficiarios realizada en el mismo por la responsable y la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de hacerle del conocimiento de la existencia de dependientes económicos registrados ante dicho instituto, que les impidió comparecer al juicio a deducir sus derechos para ser oídos y vencidos, dado que el propio instituto le otorgó a Daniel Ruiz Flores pensión por orfandad. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Análisis sobre existencia del acto reclamado. Si bien la autoridad responsable Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, negó la existencia del acto que se le reclama, tal como se aprecia de informe justificado (foja 19) de sus manifestaciones se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con las constancias que obran en autos, de ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En efecto, la existencia se corrobora con las copias certificadas que envió en justificación de sus actos la autoridad responsable, pues de éstas se advierte el acto reclamado consistente en la resolución dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 648/2021 (fojas 20 a 57 del sumario). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que resultó cierto, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al estudio de la que se considera se surte en autos. MARCO NORMATIVO En efecto, el artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XXIII lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, cuando se trata de la tramitación de un juicio, es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Luego, en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico, por lo que es evidente que el análisis de las pruebas aportadas para tal efecto se constriñe a determinar si los promoventes del amparo son titulares del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que son afectados por el acto reclamado. Antes de continuar con el estudio del asunto, es conveniente hacer algunas precisiones sobre la figura jurídica del tercero extraño a juicio (con el que se ostenta la parte quejosa) a saber: La misma se traduce en el amparo promovido por violación al derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional y en términos generales se puede clasificar en dos modalidades. La primera como instrumento procesal extraordinario promovido por un sujeto para interferir en un juicio preexistente, del cual es extraño, en el que hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado: tercero extraño en estricto sentido. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona (moral o física), distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; esto es, la "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Así, en el caso del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es ajena a la controversia judicial, y por ende, distinta a los sujetos de la controversia que en él se ventilan, el efecto del amparo no es llamarlo al juicio de origen en la controversia natural; sino, en su caso, el de reintegrarla en su derechos afectados, como pueden ser los bienes que están en litigio, pero sin que ello implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. Ahora bien, la segunda modalidad, se actualiza como un instrumento procesal por medio del cual se puede dejar sin efecto una sentencia, promovida por el sujeto demandado en ese juicio, alegando ser extraño por falta o indebido emplazamiento o por un sujeto que considere debió ser parte de la relación jurídica procesal en ese controvertido: tercero extraño por equiparación. En este caso, como su condición resulta ser la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, no fue llamado a juicio o lo fue indebidamente, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En esas condiciones, para acreditar el interés jurídico que debe asistir a un quejoso para promover el juicio de amparo, se requiere que se ostente en cualquiera de estas modalidades, esto es, requiere requisitos particulares para acreditar la afectación a su interés jurídico; porque como se vio, cada modalidad busca fines diversos con la promoción del juicio de amparo. Señalado lo anterior, se establece que la modalidad de tercero extraño a juicio en que se ubica la parte quejosa es en estricto sentido, pues en esencia, busca proteger su derecho de designación como beneficiarios en el juicio laboral, pues en éste, ya se realizó una designación de beneficiaria a favor de la concubina de quien refieren es su padre. En congruencia, resulta necesario establecer los requisitos que debió acreditar la parte quejosa para comprobar su interés jurídico, dado el citado carácter con el que se ostenta, pues en este caso promueve el amparo con la finalidad de interferir en un juicio preexistente, del cual no es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Por tanto, en el caso, en esa modalidad de tercero extraño a juicio, para acreditar el interés jurídico requiere lo siguiente: a).- Que se acredite la filiación con el cujus, b).- Que se acredite su dependencia económica con el cujus, por ser la base de la acción. c).- Que el derecho que considera afectado lo tenía en su esfera patrimonial al momento de emitirse el acto reclamado. Ahora, previo a exponer los razonamientos por los cuales se considera actualizada la causa de improcedencia en comento, conviene precisar, para una mejor comprensión los ANTECEDENTES que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en el expediente laboral 648/2021: 1).- Mediante escrito presentado por Yraiss Carmona Muñoz, (quien se acreditó como concubina del finado Oscar Ruiz Guevara) el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz y radicado el catorce de junio de ese año, solicitó se le designara como única y legítima beneficiaria de Oscar Ruiz Guevara registrando el asunto bajo el número 648/2021, ordenando en términos del artículo 503, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, practicar la investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente de dicha persona y fijar un aviso en un lugar visible del establecimiento en donde prestaba sus servicios el de cujus, que lo fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrito a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria Tejería Tamsa, con domicilio en carretera Xalapa-Veracruz, número trescientos diecisiete, Bruno Pagliali Valente Díaz de Veracruz, ordenando convocar a los beneficiarios para que comparecieran ante esa autoridad de trabajo dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos, por lo que ordenó girar exhorto al Presidente de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que realizara la diligencia encomendada. (fojas 20 a 36). 2).- Convocatoria de catorce de junio de dos mil veintiuno, en la que se hace constar que en el juicio laboral 648/2021 del índice de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, se formuló la reclamación por la muerte de Oscar Ruiz Guevara para que la persona o personas que se consideren con el derecho para ser declaradas legítimas beneficiarias comparecieran dentro de los treinta días ante esa Junta a deducir sus derechos (foja 37). 3).- Publicación de convocatoria de veintisiete de enero de dos mil veintidós, realizada por el actuario de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Xalapa, Veracruz, en la que hizo constar que se constituyó con las formalidades de ley en el domicilio señalado por la parte actora como último centro de trabajo del extinto Oscar Ruiz Guevara, que fue en las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Servicios de Salud de Veracruz, procediendo a fijar en ese acto la convocatoria y una vez transcurridos los treinta días procedería a desfijarla (foja 48). 4).- Investigación de beneficiarios realizada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, por el actuario de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Xalapa, Veracruz, en la que hizo constar que se constituyó con las formalidades de ley en el domicilio señalado por la parte actora como último centro de trabajo del extinto Oscar Ruiz Guevara, que fue en las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Servicios de Salud de Veracruz, con la finalidad de investigar qué personas dependían económicamente del extinto, requiriéndole el expediente personal o cualquier otro documento en el que obre dicha información, a lo que la persona de enlace jurídico en el "CECAN" le informó: "Que los trabajadores manifiestan sus beneficiarios que entregan aquí pero que se envían a recursos humanos de SESVER y el trabajador se queda con copia, por lo que se debe requerir a SESVER porque ellos tienen la documentación completa de los trabajadores" (foja 49). 5).- En cuatro de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, celebró la audiencia en la etapas de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en la que determinó designar como única y legítima beneficiaria de Oscar Ruiz Guevara a Yraiss Carmona Muñoz, en su calidad de concubina (fojas 53 a 55). 6). Auto de seis de junio de dos mil veintitrés, en el que se ordenó remitir al archivo el expediente 648/2021 del índice de la responsable (foja 56). Hasta aquí dichos antecedentes. SUBSUNCIÓN Expuesto lo anterior, se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio en sentido estricto, al aducir ser titular de un derecho subjetivo trastocado por el acto reclamado, ajeno a la controversia del juicio de origen, incluso a la obligación personal que dio origen al mismo, de ahí que en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del presente juicio de amparo es indispensable que la parte quejosa acredite indubitablemente ese interés jurídico que aduce, esto es, la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que dice ser afectado por el acto reclamado. Ahora, tal como ya ha sido narrado, de las constancias certificadas remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado rendido de manera conjunta, deducidas del juicio laboral 648/2021 del índice de Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz (a las cuales por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°) se advierte, en lo que interesa, que el citado juicio laboral 648/2021, se radicó con motivo de la demanda promovida por Yraiss Carmona Muñoz (concubina del cujus Oscar Ruiz Guevara) para efecto de que se le designara como beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral que mantuvo el finado en la unidad médica de atención ambulatoria Tejería Tamsa del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Servicios de Salud de Veracruz. En dicho juicio promovido por Yraiss Carmona Muñoz para iniciar la acción en vía de procedimiento especial ante la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, exhibió copia certificada del acta de defunción de Óscar Ruiz Guevara, copia certificada de la resolución dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 635/2021-V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, en la que se tuvo por acreditada la relación de hecho de concubinato que mantuvo con Óscar Ruiz Guevara, durante aproximadamente diez años, hasta que le sobrevino la muerte a este último, asimismo, quedó justificada la dependencia económica de Yraiss Carmona Muñoz respecto del finado Óscar Ruiz Guevara; impresiones de los recibos de pago; copias de las credenciales de elector y testimoniales. Seguido que fue el juicio por sus etapas procesales el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se designó como única y legítima beneficiaria de Óscar Ruiz Guevara a Yraiss Carmona Muñoz, en su calidad de concubina, y en auto de seis de ese año, al haber transcurrido en exceso el término legal para que la parte actora promoviera el amparo directo para combatir la resolución, por lo que ordenó el archivo definitivo en el asunto. A lo que los quejosos arguyen que la citada resolución emitida por la autoridad responsable, es lesiva de sus derechos humanos, pues tienen el derecho legítimo a las prestaciones reclamadas porque dependían económicamente de su extinto padre Óscar Ruiz Guevara, máxime que otorgó pensión por orfandad a favor del aquí quejoso Daniel Ruiz Flores, lo que debió hacerse constar en la investigación de beneficiarios efectuada por la responsable en base al artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa el seis de julio de dos mil veinte, promovió ante la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz, una demanda en la que solicitaron la declaración de beneficiarios a su favor y demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social, asunto radicado bajo el número 902/2021, siendo que el ocho de junio de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución de dicho asunto, en el cual dicho instituto en su contestación de demanda manifestó y ofreció como prueba la declaratoria de beneficiarios dictada en el diverso expediente laboral 648/2021, promovido por Yraiss Carmona Muñoz quien se ostentó como concubina del finado trabajador Óscar Ruiz Guevara, siendo en ese momento en que la aquí parte quejosa se dio por enterada de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que los quejosos hayan acreditado ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma jurídica objetiva y que hayan resentido una afectación en su esfera jurídica, con motivo de las actuaciones del juicio laboral 648/2021 del índice de la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Veracruz, Veracruz Juzgado Mixto Menor de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Esto es así, pues los quejosos omiten acreditar en el presente juicio, el parentesco consanguíneo con el trabajador finado, por ende, la existencia de la dependencia económica de los quejosos Areli Ruiz Flores y Daniel Ruiz Flores, respecto del finado Óscar Ruiz Guevara. Máxime que no justificó con prueba alguna su dicho, siendo esta su carga procesal, dado que aducen tener la calidad de únicos y legítimos beneficiarios de los derechos derivados de la relación laboral del extinto trabajador Óscar Ruiz Guevara, acogiéndose a dicha figura jurídica para justificar una trasgresión a un derecho subjetivo tutelado a su favor por una norma objetiva. Ello es así, pues no aportaron por lo menos actas de nacimiento para acreditar el vínculo parental, ni la manifestación de beneficiarios que en su caso hizo el de cujus, a efecto de valorar su interés jurídico. No obsta, que en su escrito de demanda haya pedido a este órgano jurisdiccional se requiriera un segundo expediente a la autoridad responsable, pues no debe inadvertirse que la parte quejosa promovió directamente y no aportó oportunamente las pruebas conducentes. De tal suerte, resulta inconcuso que, la parte quejosa omitió acreditar el parentesco consanguíneo con el trabajador fallecido, al no haber justificado de modo alguno tal extremo legal. CONCLUSIÓN Por lo que en esas condiciones, al no haber quedado acreditados los requisitos necesarios para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al presente juicio de amparo, consistente en acreditar el parentesco consanguíneo con el trabajador finado, y, por ende, la existencia de la dependencia económica con éste, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del diverso 61, en relación con la fracción I, del artículo 5 de dicha ley, aplicado en sentido contrario. Tiene aplicación a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.- La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no ha lugar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por incumplirse un presupuesto procesal, necesario para emitir sentencia de fondo. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no hicieron manifestación alguna en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 70 a 74) en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Areli Ruiz Flores y Daniel Ruiz Flores, contra los actos reclamados a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Yraiss Carmona Muñoz; atento a su contenido, se le tiene compareciendo en el presente juicio de amparo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Espinoza Martínez y José Manuel Zapien Castro, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos del segundo párrafo, del invocado artículo 12 de la ley de la materia, esto es, solamente para oír y recibir notificaciones, a la restante persona mencionada, por no haber acreditado contar con cédula profesional registrada en el aludido Sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario "ALEJANDROEM", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Sin que pase inadvertido que en el escrito de cuenta señala domicilio procesal; sin embargo, resulta ocioso autorizar por ese medio las notificaciones, toda vez que en líneas precedentes se le tuvo la vía electrónica para practicarle notificaciones. Finalmente, respecto a la solicitud para que se le autorice el uso de dispositivos electrónicos, dígasele que se esté a lo acordado en auto de admisión de fecha treinta de junio del presente año. Notifíquese en términos de ley.

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