Areli Pérez Carranza

Expediente 1200/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1200/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Areli Pérez Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 214 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase a la Juez adscrita al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, la copia certificada del expediente 89/2019/2C sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de éste. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado a la quejosa personalmente el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, surtió sus efectos el treinta siguiente, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento transcurrió del uno al veintiuno de diciembre del año en curso, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tienen como actos reclamados y autoridades responsables, los señalados expresamente en el escrito inicial de la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación y contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas y no pagadas 89/2019 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando dicha particularidad resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables, lo anterior, en virtud de que al no cumplir tal señalamiento, no podría analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse llamado al juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. Al respecto, las constancias de autos revelan los siguientes antecedentes: El uno de septiembre pasado, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Areli Pérez Carranza, contra actos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito del Distrito Judicial de Puebla a quien le reclamó el emplazamiento al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación y contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas y no pagadas 89/2019 de su índice. El once de noviembre de dos mil veintiuno se recibió el informe justificado rendido por el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, del cual se advirtió que el Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, realizó la diligencia de emplazamiento en el juicio de origen. Con motivo de lo anterior, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Ahora bien, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para ampliar su escrito inicial de demanda transcurrió del uno al veintiuno de diciembre del año en curso, sin que presentara su escrito de ampliación de demanda. En ese contexto, ante la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, impide jurídicamente examinar la constitucionalidad del acto consistente en el emplazamiento al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación y contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas y no pagadas 89/2019, porque de hacerlo se privaría a dicha autoridad del derecho de defensa al no habérsele oído ni llamado a juicio. Lo anterior encuentra fundamento en las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." "AUTORIDADES NO LLAMADAS A JUICIO. Si se impugnan las facultades de una legislatura para hacer una declaración que el quejoso considera unilateral e infundada, eso no puede estudiarse a través del juicio de garantías, si no ha sido llamada a juicio la autoridad de quien emana ese hecho, o sea la legislatura, única capacitada para demostrar la legalidad del acto, siempre y cuando naturalmente hubiera sido materia de impugnación en los autos correspondientes." En el mismo tenor, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables, la primera, en la página 1195, Tomo XLVII y, la segunda, en la página 206, Tomo XLVIII, ambas de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS, EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el Juez federal decida sobre sí se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Entonces, dado que la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, aun cuando tenía conocimiento de que ésta es quien realizó la diligencia de emplazamiento, no es factible examinar el acto de una autoridad que no fue citada al juicio. Lo anterior es así, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable queda a cargo exclusivamente de la peticionaria de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro aspecto que se reclame; por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables por la parte quejosa. Cobra aplicación por su contenido jurídico, la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En ese sentido, dado que la quejosa no señaló como responsable a la autoridad que dictó el acto reclamado, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio y no fueron oídas; por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en el presente expediente; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado a la quejosa personalmente el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, surtió sus efectos el treinta siguiente, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento transcurrió del uno al veintiuno de diciembre del año en curso, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tienen como actos reclamados y autoridades responsables, los señalados expresamente en el escrito inicial de la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación y contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas y no pagadas 89/2019 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando dicha particularidad resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables, lo anterior, en virtud de que al no cumplir tal señalamiento, no podría analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse llamado al juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. Al respecto, las constancias de autos revelan los siguientes antecedentes: El uno de septiembre pasado, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Areli Pérez Carranza, contra actos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito del Distrito Judicial de Puebla a quien le reclamó el emplazamiento al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación y contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas y no pagadas 89/2019 de su índice. El once de noviembre de dos mil veintiuno se recibió el informe justificado rendido por el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, del cual se advirtió que el Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, realizó la diligencia de emplazamiento en el juicio de origen. Con motivo de lo anterior, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Ahora bien, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para ampliar su escrito inicial de demanda transcurrió del uno al veintiuno de diciembre del año en curso, sin que presentara su escrito de ampliación de demanda. En ese contexto, ante la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, impide jurídicamente examinar la constitucionalidad del acto consistente en el emplazamiento al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación y contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas y no pagadas 89/2019, porque de hacerlo se privaría a dicha autoridad del derecho de defensa al no habérsele oído ni llamado a juicio. Lo anterior encuentra fundamento en las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." "AUTORIDADES NO LLAMADAS A JUICIO. Si se impugnan las facultades de una legislatura para hacer una declaración que el quejoso considera unilateral e infundada, eso no puede estudiarse a través del juicio de garantías, si no ha sido llamada a juicio la autoridad de quien emana ese hecho, o sea la legislatura, única capacitada para demostrar la legalidad del acto, siempre y cuando naturalmente hubiera sido materia de impugnación en los autos correspondientes." En el mismo tenor, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables, la primera, en la página 1195, Tomo XLVII y, la segunda, en la página 206, Tomo XLVIII, ambas de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS, EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el Juez federal decida sobre sí se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Entonces, dado que la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, aun cuando tenía conocimiento de que ésta es quien realizó la diligencia de emplazamiento, no es factible examinar el acto de una autoridad que no fue citada al juicio. Lo anterior es así, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable queda a cargo exclusivamente de la peticionaria de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro aspecto que se reclame; por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables por la parte quejosa. Cobra aplicación por su contenido jurídico, la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En ese sentido, dado que la quejosa no señaló como responsable a la autoridad que dictó el acto reclamado, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio y no fueron oídas; por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en el presente expediente; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional está prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, aún no transcurre el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa a fin de manifestar si es su deseo ampliar la demanda de amparo. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. En esa medida, se fijan las QUINCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

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