Areli López Ruiz

Expediente 831/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
831/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Areli López Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa **. En atención a su contenido, realícese la devolución de las documentales que se exhibieron en el escrito de demanda autorizando para recogerlas a las personas a que hace referencia -previa certificación y razón de recibo que de las mismas obre en autos-, para lo cual deberá tramitar la cita correspondiente en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, de lunes a viernes de 09:30 am a 12:30 pm horas, de no ser así no podrá realizarse dicho trámite; lo anterior en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19-. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que no se recurrió el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Areli López Ruiz, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 831/2021-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a la Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo analizada como un todo, se aprecia que la parte quejosa reclama el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 620/2019, en el que facultó al actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio del demandado ***, a efecto de requerir la entrega del bien embargado consistente en el ***, autorizando el rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública. Al margen de lo anterior en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.).". Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún medio de defensa legal promovido por el quejoso que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, de las manifestaciones que la quejosa formuló bajo protesta de decir verdad en el apartado de hechos del escrito inicial de demanda, se advierte lo siguiente: Que el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, adquirió en la empresa Herrera Motors de la Huasteca S.A. de C.V., el vehículo ***, lo que acredita con la carta factura ***, recibos de pago, póliza de seguro, calendario de pagos y tarjeta de circulación. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, ** demandaron a ***, en la vía ejecutiva mercantil expediente 620/2019 ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, donde se ordenó el emplazamiento y embargo. El doce de marzo de dos mil veinte, la Actuario adscrita al juzgado citado en el punto 3, se presentó en su domicilio de la hoy quejosa a fin de requerir de pago a ***, momento en que "... me privaron de mi vehículo ." señalándolo como parte del embargo precautorio Derivado de lo anterior, tramitó ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, tercería excluyente de dominio dentro del juicio ejecutivo mercantil 620/2019, en la que, manifestó que el automóvil embargado es de su propiedad; El nueve de noviembre de dos mil veinte, la autoridad judicial determinó que sí hay méritos para estimar la tercería necesaria y abrió el periodo probatorio por un término de quince días; y, Que dicha tercería actualmente se encuentra en etapa de alegatos, por lo que, no se ha resuelto -inciso g) del capítulo de hechos de la demanda de amparo-, como a continuación se demuestra: 7. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, a petición de ***, el Juez en cita, facultó a la Actuaria adscrita a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado ***, a fin de requerir la entrega del bien embargado, autorizando rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública. Como se puede apreciar la quejosa posterior a la interposición de la tercería excluyente de dominio en el juicio ejecutivo mercantil 620/2019 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, promovió el presente juicio de amparo, en donde también acude atacando el embargo del vehículo ***, que aduce es de su propiedad y no del demandado en el juicio natural, lo que actualiza la causal de improcedencia antes citada pues el acto que se reclama en este amparo aún puede ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado por la tercería que se encuentra en trámite. Lo anterior es así, pues el amparo no pueden coexistir con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Máxime, que la tercería excluyente de dominio ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, es una defensa legal con la que evidentemente se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y si la quejosa optó en principio iniciarla, entonces previo a intentar el amparo debe concluir ese procedimiento y llegado a su conclusión será donde advierta si el acto que ahora ataca en amparo sigue subsistiendo, o bien, si se le restituyó el derecho que aduce violado con motivo del embargo impuesto al multicitado vehículo. Sirve de apoyo a lo anterior por las consideraciones que la sustentan la jurisprudencia P./J. 144/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, diciembre de 2000, página 15, Materia Común, con número de registro digital 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En esas condiciones lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por ***, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Máxime que, a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las demás personas señaladas, toda vez que no acreditaron contar con el registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlas como autorizadas en términos amplios. En otro tenor, en atención a la petición de la quejosa, no ha lugar a tener como medios para llevar a cabo las notificaciones relativas al presente juicio, el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, debido a que dichas vías no se encuentran contempladas en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Además, dígasele que la consulta de las listas de publicación de los acuerdos y/o resoluciones emitidos por este órgano jurisdiccional, pueden ser consultadas vía internet, a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, desde donde, también, puede obtener la impresión correspondiente, dado que contienen las firmas electrónicas de los funcionarios públicos que lo suscribieron, la cual para efectos jurídicos es el equivalente a la firma manuscrita, que da validez al contenido del acuerdo correspondiente, ya que es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que son utilizados como medio de identificación del firmante. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente.

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