Areli Concepción Sánchez Martínez
Expediente 338/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2022
Partes del expediente
- Areli Concepción Sánchez Martínez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó en contra del auto de once de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercero interesado puesto que para los efectos del recurso de revisión condigno, el sentido del proveído pronunciado (sobreseimiento fuera de audiencia) no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el numeral 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de abril de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Numero 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y adjunta constancias al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. De igual forma, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales anexas al oficio que se provee, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y que serán valoradas en el momento oportuno. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 182/2020, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, el impetrante del amparo reclamó de la autoridad responsable Junta Especial Numero 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 182/2020. En tesitura, del examen a las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, consistentes, en lo que interesa, se desprende que la junta responsable el cinco de abril de este año, dictó laudo en el expediente laboral 182/2020. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 182/2020, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable, es decir, que el cinco de abril de dos mil veintidós, emitió el laudo; por ende, es evidente que existe un pronunciamiento respecto a la petición del quejoso en este juicio de amparo. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Numero 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. ?MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES? Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA TERCERA INTERESADA ASÍ COMO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintidós. REGISTRO. Visto; la demanda de amparo promovida por Areli Concepción Sánchez Martínez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 338/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO. De la respectiva demanda se advierte como tal, el siguiente: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 182/2020. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el numeral 115, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES Y CONSTANCIAS Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. PREVENCIONES Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de las autoridades a las que se dirigen los oficios hayan cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que las responsables al rendir el respectivo informe deberán hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 1/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. PRUEBAS No fueron ofrecidas en el escrito de demanda ni adjuntadas al mismo. TERCERO INTERESADO En términos de lo expuesto en el 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida la calidad de tercero interesado en este juicio de amparo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad, en ese tenor, con copia simple de la demanda, emplácese por medio de oficio que al efecto se le envíe, conforme al numeral 26, fracción II, de la citada ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones de la parte quejosa, el inmueble ubicado en calle Primera Norte y Primera Oriente, Palacio Federal, Segundo Piso, colonia Centro, en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a Cesar Augusto García Rodríguez y Cristina Isela Méndez Vilaseca, aunado a que se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen; de ahí que resulte innecesario realizar la búsqueda de la cédula profesional relativa en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE O TERCERO INTERESADO Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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