Areli Avila Ugarte
Expediente 1890/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1890/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Areli Avila Ugarte
- Secretario de Movilidad Y Transporte del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente asunto, con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en la cual se determinó por una parte sobreseer y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 113 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado, y que en su momento sólo quedara la demanda y la sentencia, destruyéndose el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a la depuración. En consecuencia, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1890/2016, promovido por Areli Ávila Ugarte; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio.- Abierto el mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental exhibida por la parte quejosa como anexo a su demanda, así como instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Por consiguiente, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la audiencia, levantándose la presente acta, por lo que, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 1890/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Areli Ávila Ugarte solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, y Director de Supervisión Operativa de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; actos que hizo consistir: "IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal orden de detención de la unidad de transporte público que tengo concesionado así como la cancelación de la citada concesión.". SEGUNDO. Actos que estima violatorios en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 6, 7, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó registrar el juicio de amparo con el número de expediente 1890/2016, y se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Areli Ávila Ugarte; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que en caso de atender una solicitud de información, al elaborar la versión pública de la sentencia, se testaran las partes o secciones clasificadas, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista por la ley. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos en materia administrativa respecto de autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir: * La orden de detención de la unidad de transporte público que dice la parte quejosa, tiene en concesión así como la cancelación de esta. TERCERO. Al respecto, las autoridades responsables Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, y Director de Supervisión Operativa de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; al rendir su informe con justificación, manifestaron que NO son ciertos los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna que desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, respecto de los actos consistentes en: La orden de detención de la unidad de transporte público que dice el quejoso, tiene en concesión así como la cancelación de esta. En las anteriores condiciones, si la parte quejosa, reclama: La orden de detención de la unidad de transporte público que dice el quejoso, tiene en concesión así como la cancelación de esta, si las responsables resulta incuestionable que los actos reclamados son inexistentes, tal como lo adujó la autoridad responsable, actualizándose así, la causal de sobreseimiento que contempla la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se considera de esta manera, ya que, la documental consistente en copias certificada del tarjetón de autorización para prestar servicio de transporte público, exhibido por el justiciable, expedido a su nombre, valorado en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles del aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, resulta insuficiente para desvirtuar la negativa de los actos por parte de las responsables, ya que con ello se llega acreditar únicamente, que en el año de dos mil quince le fue expedido dicho documento, pero no que las autoridades señaladas como responsables hubieran ordenado su cancelación y la detención del vehículo que afirma, es de su propiedad. Consecuentemente, al no quedar acreditada la existencia de los actos que combate la parte quejosa mediante esta vía constitucional, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: La orden de detención de la unidad de transporte público, que dice el quejoso, tiene en concesión, así como la cancelación de esta. No se desatiende, que las responsables al rendir su informe justificado, hacen valer una diversa causal de improcedencia, contenida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, empero, no resulta indispensable el análisis de dicha caudal de improcedencia, en razón de que, en nada cambiaría el sentido del presente fallo. CUARTO. La Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, fue omisa en rendir informe justificado, lo que genera la presunción de certeza de los actos que se le atribuyen, empero, debe analizarse si en la especie el acto reclamado, es inconstitucional en si mismo. Como se precisó en el párrafo que antecede, la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, fue omiso en rendir su informe justificado y se tuvo por cierto, pero cabe señalar que el acto de que se trata no puede reputarse inconstitucional en sí mismo y, por tanto, no puede eximirse a la quejosa de la carga de la prueba de su inconstitucionalidad. En efecto, el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado si éste no es inconstitucional en sí mismo, esto es, si la autoridad tiene facultades legales para emitirlo, queda a cargo del quejoso probar su inconstitucionalidad, la que dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el acto. En este orden de ideas, como la orden de detención de vehículo impugnada no es inconstitucional en sí mismo, dado que la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, es autoridad competente con facultades para para verificar el servicio de transporte público que se preste en el Estado de Morelos, acorde lo establecido en las fracciones XVI, XX, XXIX y XXXVI, del artículo 14 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, por tanto, es a la quejosa a quien correspondía probar los hechos en que se basa para estimar que, en la especie, se trata de un acto contrario a alguna de las normas de la Ley Fundamental. Máxime que la quejosa en los términos del artículo 121 de la Ley de Amparo tuvo la oportunidad de solicitar a la autoridad judicial copia certificada de los documentos que pudieron dar lugar a la actualización del acto reclamado para que de esa manera, el órgano de control constitucional pudiera determinar si dicho acto o mandamiento de la autoridad responsable es contrario a alguno de los derechos fundamentales del justiciable. En consecuencia, al no ser la orden de detención de un vehículo un acto en si mismo inconstitucional y que la parte agraviada no probó dicha circunstancia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. También apoya a lo anterior, por analogía, identidad de razón y por su contenido, la tesis de jurisprudencia de número 2a./J. 50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo VI, octubre de 1997, en la página 304, la que por rubro y texto dice: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo". Sirve de apoyo a lo anterior únicamente por su contenido y normar el criterio del sentido de la presente resolución, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/16, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la novena época, visible Semanario Judicial de la Federación, en el tomo IX, febrero de 1992, en la página 69, la que por rubro y texto dice: ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme". QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Areli Ávila Ugarte, contra de los actos del Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, y Director de Supervisión Operativa de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, en términos del considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a Areli Ávila Ugarte, contra los actos atribuidos a la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, por los motivos y consideraciones vertidas en el cuarto considerando de la misma. TERCERO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales conducentes, los INFORMES JUSTIFICADOS que rinden el Director de Supervisión Operativa de la Secretaría de Movilidad de Supervisión Operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Director de Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; con su contenido, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables, a las personas que indica en su oficio de cuenta y por señalado el domicilio que refieren, siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que las autoridades responsables Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Dirección de Supervisión Operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, no han rendido su informe con justificación, no obstante estar debidamente notificados para ello, lo que en su oportunidad haría presumir cierto el acto que se le atribuye, tal como se acredita del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas autoridades, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación, en su caso, se sirva remitir en copia certificada las constancias que acrediten el acto reclamado, lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal esté en aptitud de emprender el estudio respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se le reclama. En el entendido que en caso de que no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, se les impondrá a cada uno de los omisos, una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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