Areli Alejandre Cortés
Expediente 1762/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1762/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2023
Partes del expediente
- Areli Alejandre Cortés
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado por la Apoderada Legal del Instituto Univer, Asociación Civil, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, remite diversas constancias. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que dichas autoridades anexan al comunicado de cuenta, las que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Con lo anterior dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en la inteligencia de que los autos quedan a disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Ahora, si bien la autoridad oficiante remitió copia certificada de la constancia que acompañó al oficio recibido en auto de catorce de agosto del año en curso, lo cierto es que fue omisa en remitir las constancias de los actos posteriores al trece de julio de dos mil veintitrés, que refirió en el oficio de catorce de agosto en comento, como se requirió, o bien, señalar su inexistencia. En ese contexto, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto Univer, Asociación Civil, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita fotocopia CERTIFICADA LEGIBLE (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de existir, de los actos posteriores al trece de julio de dos mil veintitrés, o bien, manifieste la inexistencia de ello. Lo anterior, en el entendido que sigue vigente el apercibimiento formulado en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en caso de incumplimiento. Notifíquese
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 634/2023, promovido por ***, contra actos de las autoridades que denominó 1 Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 2 Secretario Ejecutor del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al juicio de amparo y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas. Tercero Interesado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercera interesada a: ****, quien tiene domicilio en la ***** o en su defecto, ******. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, emplace a la tercera interesada en el primer domicilio mencionado en líneas que anteceden, a quien deberá entregarle copia autorizada de la demanda, escrito aclaratorio y copia del presente acuerdo. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicha tercera. Respecto del restante domicilio se proveerá lo conducente una vez se tenga noticia del éxito o no del emplazamiento encomendado. Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.2 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X,3 permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,4 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo supuestos de artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).5 La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados consistente, en síntesis, en: - La orden de lanzamiento decretada en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y la reiteración de dicha orden, emitida en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, respecto de la finca marcada con el número *****, en cumplimiento a la sentencia de desahucio emitida en el expediente 501/2020, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como la actuación de tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que negó la admisión del incidente de inejecución de sentencia, lo anterior en el juicio en cita y su ejecución. Asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados, por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional (artículos 131 y 139 Ley de Amparo).6 De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las documentales que exhibió y a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que es parte demandada en el juicio de origen, y que se dictó una orden de lanzamiento del inmueble que refiere tiene la posesión y que es copropietario, pues en este momento son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Así, para obtener la suspensión, se debe acreditar de manera directa e inmediata, aún de manera indiciaria, que cuenta con interés para la obtención de la medida cautelar; por lo que se traduce que con la medida cautelar no se pueden constituir derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Orienta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas."7 Todo lo cual crea indicio para que este juzgador, en este momento procesal, considere que la parte quejosa acredita el interés suspensional, como segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, toda vez que la quejosa se ostenta como demandada en el juicio de origen. iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, el suscrito interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las documentales que exhibió y a las manifestaciones que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad formuló en la demanda de amparo en el sentido de que es parte en el juicio de origen, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Sirve de fundamento a lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.".8 Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).9 Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En la especie, solicita la suspensión, en esencia, para que no se ejecute en su contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, reiterado en acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio de origen, lo cual, sin duda, es suspendible. Así, se tiene por acreditado el cuarto presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado10 que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al Juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003-SS,11 de la siguiente manera: "() Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación ()". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."12 En el caso concreto, la parte quejosa acredita la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 13 Se sostiene que se acredita la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), consistente en la existencia de un derecho "posible" y, por ende, "cautelable", así como una "probabilidad cualificada" de obtener sentencia favorable, porque la parte quejosa demostró indiciariamente su interés suspensional; y dado que a falta de mayores datos en el expediente el (los) acto (s) reclamado (s) debe (n) tenerse por presuntivamente cierto (s) para los efectos de la suspensión provisional, consecuentemente existe una probabilidad cualificada de que, eventualmente, obtenga sentencia favorable pues de concretarse los actos reclamados, estos serían de difícil reparación. En cuanto al peligro en la demora (periculum in mora), es decir, el riesgo de que se transgredan de manera grave o irreparablemente los derechos de la parte quejosa a falta del dictado de la medida cautelar, se considera que también se acredita pues, en la demanda de amparo, la promovente da a entender que de no concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría de forma irreparable, su derecho de posesión, que la Constitución Federal prevé a su favor. Además, en el caso particular, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la presente medida no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, pues de concederse la medida cautelar no se materializará ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Tampoco se configurará ningún caso análogo a los previstos en tal precepto que implique transgresión a disposiciones de orden público, pues la presente medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos a efecto de analizar en el expediente principal del que deriva este incidente el acto de que se duele la parte quejosa, ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable estará en aptitud de ejecutar el acto en contra de la parte peticionaria; circunstancia que de manera alguna es susceptible de vulnerar el orden público. Lo mismo ocurre en cuanto a la no afectación del interés social, ya que del análisis del acto reclamado se tiene que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. Conclusión y efectos de la suspensión (artículos 138 y 146 Ley de Amparo). Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que: - No ejecute los autos de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictados en el juicio de origen *****, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, esto es, no ejecute la orden de lanzamiento de la finca marcada con el ****, si es que lo anterior, a la fecha, no ha ocurrido, en el entendido de que la presente medida no tiene efectos restitutorios, ni surtirá efectos si los actos provienen de autoridades o antecedentes distintos a los narrados en la demanda de amparo. Vigencia de la medida suspensional. Lo que tendrá vigencia hasta el momento en que se resuelva en definitiva la presente incidencia, y siempre y cuando la quejosa cumpla con los requisitos que más adelante se precisarán con relación al otorgamiento de la garantía correspondiente. Requisito de efectividad (artículo 132 de la Ley de Amparo). La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a quien le reviste el carácter de tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, para el caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo. Máxime que dicho monto representa una cantidad asequible para la gobernada y el ejercicio de la facultad decisoria de este juzgador no puede llevarlo al extremo de fijar un importe que resulte excesivo o que materialmente haga imposible su cumplimiento. Además, este órgano jurisdiccional fija la garantía en comento, observando el contenido de los artículos 132 y 146, ambos de la Ley de Amparo. Así, en principio, debe tenerse presente que los actos reclamados consistentes, en síntesis, en la orden de lanzamiento y la reiteración de dicha orden, en cumplimiento a la sentencia de desahucio emitida en el expediente ****, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como la actuación de tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que negó la admisión del incidente de inejecución de sentencia, lo anterior en el juicio en cita y su ejecución. Por tanto, analizadas las circunstancias particulares del presente asunto, atendiendo la naturaleza de los actos reclamados, así como los pretendidos derechos que pudieran afectar a quien se reconozca como tercero interesado con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa, se insiste, en el caso, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por las razones en ella contenida, la jurisprudencia 1a./J.55/200814, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo." Así como la jurisprudencia III.1º.C. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA GARANTÍA DEBE CONSIDERARSE EL TÉRMINO DE SEIS MESES COMO EL TIEMPO PROBABLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 299, visible en la página 858, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, consideró el término de un año como el tiempo probable para la resolución de un amparo directo; sin embargo, para razonar en tal sentido, tomó en cuenta las circunstancias que eran inherentes a tal cuerpo colegiado en el tiempo en que formó ese criterio, las cuales estaban constituidas, básicamente, por el número de juicios de amparo y recursos en trámite ante ella, así como por la posibilidad que había de resolverlos. Ahora bien, en la actualidad esas circunstancias variaron, porque en Jalisco hay un número determinado de Tribunales Colegiados en Materia Civil y Juzgados de Distrito en esa materia, que manejan, cada uno, un número menor de asuntos al que conocía el más Alto Tribunal del país. Por ende, resulta lógico inferir que el plazo que se debe estimar como probable para que se resuelva un juicio de amparo, es el de seis meses, con lo cual no se contraviene la jurisprudencia en cita, sino que se procede a su cabal observancia, pues su espíritu es el de imponer una garantía acorde a las circunstancias que, como ya se vio, pueden cambiar."15 Ahora bien, la parte quejosa podrá exhibir el monto de la garantía en cualquiera de las formas previstas por la ley; pero si opta por exhibir póliza de fianza, en este caso, la compañía afianzadora en forma clara y precisa deberá indicar en el texto del documento que expida, que se somete a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si es billete de depósito, deberá ser expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), a nombre del directo promovente; y la institución crediticia depositaria deberá incluir en el texto de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo a la Administración de Justicia Federal, para que solicite y reciba información que le permita el control de ese depósito; así como el texto de que el depósito no genera interés, redimiendo o contraprestación alguna a favor del depositante, todo lo anterior de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, y que abrogó el Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Cualquiera que sea la forma por la que opte la parte quejosa a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado, el documento que exhiba para tal fin deberá señalar expresamente que se hace para garantizar además de lo anterior, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 634/2023. Autorizados y domicilio. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa designando como autorizados en amplios términos a ****, toda vez que sí cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que en términos restringidos a *** por no encontrarse registrado en el sistema de referencia, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse en autos,; por otra parte, se tiene como domicilio procesal del accionante constitucional el señalado en el escrito inicial. En el entendido de que si la parte quejosa solicitó que las notificaciones personales se efectúen electrónicamente, aquellas se diligenciarán por ese medio, siempre y cuando el usuario proporcionado se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".16 Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, no serán digitalizados los documentos, públicos o privados, ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, así como los acuses de los oficios que se giren, debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Aplicaciones del sistema electrónico. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia, por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", este Juzgado de Distrito adopta, como eje rector de su actividad, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se exhorta a las partes para que, en la medida de lo posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. Notifíquese; así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s), y personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada.
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