Arehli Gabriela Torres Torres
Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arehli Gabriela Torres Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el doce de enero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de constancias Finalmente, este Juzgado Federal requiere a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional (********************con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL) a recoger acta de nacimiento que anexó a la demanda de amparo. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que, de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger los documentos exhibidos por dicha parte procesal, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Everardo Manuel Betanzos Campuzano, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; mediante el cual, exhibe los comprobantes de vacunación del menor quejoso de iniciales P.B.T. Por otra parte, cabe destacar que en el presente juicio de amparo se tuvo como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: 1.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 2.- Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; 3.- Director del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; 4.- Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; 5.- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; 6.- Secretario de Salud del Estado de Morelos; 7.- Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos: y, 8.- Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos y/o del Operativo Correcaminos. a). La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, al menor quejoso de iniciales P.B.T., en sus dos dosis, ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022, para la prevención de la COVID-19 en México respecto a los menores de 12 a 14 años. Ahora bien, de las documentales que exhibe la parte quejosa, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, como ya se vio, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, el cual hizo consistir en la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, al menor quejoso de iniciales P.B.T., en sus dos dosis, ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Ahora bien, de las constancias que exhibe la parte quejosa, se advierte que el veinte de enero y diecisiete de febrero, ambos de dos mil veintidós, se aplicó la vacuna Pfizer-BioNTech, en sus dos dosis, al menor quejoso de iniciales P.B.T. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, al menor quejoso de iniciales P.B.T., en sus dos dosis, ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022, y el veinte de enero y diecisiete de febrero, ambos de dos mil veintidós, fueron aplicadas las mismas, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se menciona, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación de las partes de la llegada de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se autoriza a la autoridad responsable, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Finalmente, por lo que respecta al señalamiento realizado por la autoridad oficiante, respecto de los delegados, no ha lugar a dictar mayor acuerdo, en virtud de que mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente. Notifíquese.
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