Arcenio Patrón Baños
Expediente 888/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 888/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Arcenio Patrón Baños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
V-Por lo expuesto; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a Arcenio Patrón Baños, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos que reclama de las autoridades que señaló como responsables, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Arcenio Patrón Baños, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los efectos y consecuencias de los actos que reclama de las autoridades que señaló como responsables, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Incidental
V-Formación de cuaderno incidental Con una copia de la demanda y escrito aclaratorio, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 888/2023-V-A de donde deriva este incidente de suspensión, promovido por Arcenio Patrón Baños, contra los actos que reclama del juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, último párrafo, 130, 131, 136, párrafo primero, y 138 de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se forma y tramita por cuerda separada el cuaderno único de la medida cautelar. En el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, aquellos recepcionados de forma electrónica no se incorporarán al expediente físico. Al respecto, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Informe previo Con apoyo en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendir preferentemente por medios electrónicos y dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de este acuerdo; de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año 2023, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rindan su informes correspondientes. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a la autoridad responsable al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garantice que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia incidental Con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las 9:58 del 13 de noviembre de 2023 la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Precisión del acto reclamado Jurisprudencialmente se ha establecido que para fijar los actos en materia de amparo debe realizarse una interpretación integral de la demanda. También se ha establecido que al analizar los alcances de la intención del promovente no deben atenderse los calificativos o enunciación que se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda inicial interpretada en comunión con sus argumentos de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, en relación con el 157, de la Ley de Amparo, se advierte como acto reclamado: Las notificaciones realizadas con posterioridad al emplazamiento incluyendo la de sentencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 211/2018, así como las realizada en la etapa de ejecución. Pronunciamiento sobre la suspensión. Para efectuar un análisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, conforme a los artículos 107, fracción X, Constitucional, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, deben colmarse los requisitos siguientes: 1. Petición de parte. 2. Existencia del acto reclamado. 3. Naturaleza del acto reclamado. 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo. 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." En cuanto a la actualización de dichos requisitos, se precisa lo siguiente: El primero [1], para este punto basta realizar una lectura del escrito de demanda, para determinar que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado. Con esto se colma el requisito previsto en la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo. El segundo [2]; debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, en las cuales manifestó que la autoridad responsable realizó diversas notificaciones de manera indebida, posterior a su emplazamiento e incluso en la etapa de ejecución; de modo que en esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1993, de rubro "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". El tercero [3], este juzgado federal estima que el acto reclamado es susceptible de ser paralizado, en virtud que para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada resulta necesario analizar, en cada caso concreto, la naturaleza del acto que se reclama, para determinar si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse. En la especie, se trata de actos consumados que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que ya fueron emitidos, por lo que en su contra resulta improcedente conceder la suspensión peticionada, pues proceder de manera distinta implicaría otorgarle efectos restitutorios plenos a la presente medida cautelar, los cuales son propios de la sentencia de fondo que se emita en el expediente principal del que deriva este incidente. Ahora, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que, en materia de suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria. En ese orden, los artículos 107, fracción X, constitucional y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que los justiciables sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se pronunció sobre ese tema -y en lo que aquí interesa-, determinó que lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensivos puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Como se observa, la naturaleza de los actos [ya sea omisiva, positiva, declarativa o negativa] no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar; sin embargo, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Ante esas premisas, en el caso, como se ha mencionado el promovente señala como acto reclamado las notificaciones realizadas dentro del juicio ejecutivo mercantil número 211/2018, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, así como las realizadas posterior a éste, incluyendo la etapa de ejecución de, lo que evidentemente implica que la ejecución de los actos que se combate se ejecute de momento a momento; por tanto, los efectos y consecuencias de esas reclamaciones son de carácter positivo, es así porque se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, ya que implica el despliegue de actos en vía de acción tendentes a ejecutar las órdenes dictadas para lograr la ejecución de dichos actos. Por ende, en el particular respecto de los efectos y consecuencias de tales reclamaciones sí procede la suspensión. Así, para el punto cuarto [4] el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo. Sobre lo cual, la parte quejosa aduce una afectación a su interés jurídico, el cual se tiene por colmado en atención a sus manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las notificaciones realizadas de manera indebida, traen como consecuencia una falta al debido proceso, dado que no fue notificado en todas y cada una de las etapas procesales del juicio mercantil de origen. Lo que se encuentra acreditado, al menos para este momento, con la manifestación que bajo protesta de decir verdad se narra en el escrito que nos atañe; lo cual, resulta suficiente para efectos del pronunciamiento de la suspensión provisional, para establecer de modo presuntivo la posibilidad de su afectación a su esfera jurídica de derechos con motivo de los actos reclamados y, con ello, su interés suspensional. Así, para resolver la presente medida cautelar con las manifestaciones de la parte quejosa, basta para que indiciariamente se justifique su interés alegado, pues en términos de lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar aunque sea indiciariamente, que los actos combatidos causan un agravio a la parte quejosa. Finalmente, respecto del quinto [5], consistente en la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Al respecto, resulta pertinente establecer que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece una serie de supuestos, en los que, invariablemente se causaría afectación al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; máxime que conforme al ordinal 138 de la Ley de Amparo, debe realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. Ahora, en cuanto a los requisitos esenciales, el juzgador deberá realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias; en esta etapa, debe considerarse que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar implica el estudio de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia de rubro y texto que se citan a continuación: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Por último, tendrá que determinarse la pertinencia de la medida en orden al nivel de afectación respecto de la colectividad. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que establecen que para conceder la suspensión deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, de la no afectación del interés social y del peligro en la demora, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se lesiona el orden público. En efecto, debe tenerse en cuenta que como se ha establecido, la naturaleza de la determinación reclamada, tiene consecuencias que pueden ser susceptibles de suspenderse, pues se trata de conductas activas de las autoridades señaladas como responsables, de modo que simultáneamente debe ponderarse la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Sobre lo cual, tratándose de un juicio donde no fue notificado legalmente el quejoso, se concede la suspensión provisional si quien acude al juicio afirma no haber sido legalmente notificado de cada una de las etapas procesales y la ejecución de la sentencia, por tanto, también es procedente la medida solicitada por existir en ambos casos las mismas razones tales como el respeto a la garantía de audiencia que es de orden público y a la necesidad de preservar la materia del amparo, no permitiendo que se ejecuten actos que tiendan a cumplimentar la sentencia dictada en un juicio en la que el quejoso no fue parte, o que habiéndose señalado como demandada afirma no habérsele emplazado conforme a la ley. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio que dice: "EMPLAZAMIENTO LEGAL EN EL JUICIO, FALTA DE. SUSPENSIÓN PROCEDENTE CONTRA LA CUMPLIMENTACIÓN DE UNA SENTENCIA EJECUTORIA. Así como es procedente conceder la suspensión tratándose de la ejecución de la sentencia definitiva cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio, en la misma forma debe concederse la medida cautelar si quien acude al juicio afirma no haber sido emplazado legalmente ya que en este caso su situación se equipara a la de un tercero extraño y, por tanto, también es procedente la medida solicitada por existir en ambos casos las mismas razones tales como el respeto a la garantía de audiencia que es de orden público y a la necesidad de preservar la materia del amparo, no permitiendo que se ejecuten actos que tiendan a cumplimentar la sentencia dictada en un juicio en el que el quejoso no fue parte, o que habiéndose señalado como demandado afirma no habérsele emplazado conforme a la ley." Así, en el caso, se estiman satisfechos ambos aspectos, pues la condicionante de apariencia del buen derecho, está satisfecha indiciariamente en este juicio de amparo con las manifestaciones realizadas por el promovente, bajo protesta de decir verdad; en virtud de que en fecha 20 de junio de 2023, fue enterado por su codemandada que el juicio estaba en la etapa e ejecución de sentencia. De tal manera que, por el momento, al tratarse de la suspensión provisional y no contar con mayores datos que los expresados en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, en apariencia del buen derecho, se estima que el acto reclamado pudiera causarle un perjuicio en sus derechos fundamentales, por lo que hasta el momento se acredita el interés suspensional que tiene en relación con el acto reclamado, por lo que a dicha orden judicial se refiere. Lo antes considerado guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte; razón por la cual constituye una obligación del juzgador el dirigir el proceso de tal forma que no haya dilaciones o entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad. De igual forma se considera colmado el segundo de los indicados elementos, es decir, el peligro en la demora, pues las autoridades responsables al ejecutar la orden judicial de embargo que refiere la parte promovente, puede traer como consecuencia un perjuicio irreparable en su patrimonio, por el menoscabo del mismo, ello, en claro detrimento de los intereses de la parte quejosa. Tiene apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción que a la letra establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Por lo que, tampoco se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en términos del precepto 129 de la Ley de Amparo. Concesión de la suspensión En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder al quejoso la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del acto combatido únicamente para el efecto siguiente: - Que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que, sin suspender el procedimiento, que es de orden público, para el caso de que se hayan embargado bienes a nombre del quejoso, si se trata de inmuebles, no se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario; en cambio, si se trata de muebles, no se entreguen al adjudicatario. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Amparo. Ello, hasta en tanto, se decida en definitiva la presente medida cautelar. Resulta aplicable al presente caso, la tesis jurisprudencial que es del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SUS ALCANCES.- Una de las finalidades que se persigue con la promoción del juicio de amparo, es que los Tribunales de control constitucional examinen si la determinación de las autoridades responsables cumple con los supuestos constitucionales reguladores de las garantías individuales de los gobernados; por tanto, la actuación de la autoridad responsable, debe quedar paralizada hasta conocer la ejecutoria que al efecto emitan dichos Órganos de Control Constitucional, por medio de la cual se conozca si la determinación de aquélla es o no infractora de las garantías individuales del quejoso; permitir que las autoridades responsables actúen sin conocer si sus actos son o no constitucionales, implica que el particular sufra una afectación, muchas veces irreparable, en sus derechos e intereses legítimamente tutelados, y, para el caso de que se resolviera que el acto reclamado en el juicio de amparo es inconstitucional, impediría posteriormente restituir al quejoso en el goce de la garantía violada". Garantía La medida cautelar antes decretada surte sus efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe ante este órgano jurisdiccional, dentro del término de cinco días legalmente computados, una garantía por la cantidad de $5,000.00 [cinco mil pesos 00/100, moneda nacional], en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley; cantidad que se fija de manera discrecional, pues únicamente se cuenta con lo narrado en la demanda. De modo que la garantía se fija de manera discrecional, pues probablemente se verían afectados los derechos de la contraparte en el juicio de origen, esto encuentra su justificación en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Apoya a las anteriores consideraciones la tesis en cuyo rubro y texto se sostiene lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA. ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito goza de facultad discrecional para fijar el monto de la garantía en los casos en que procede la suspensión provisional, también resulta cierto que la discrecionalidad de su actuar, en ese aspecto, no debe hacerse en forma caprichosa o arbitraria, sino que debe razonar por qué consideró prudente la imposición de dicha garantía, lo cual debe atender a las constancias de autos, la naturaleza del asunto y el tiempo probable de duración del juicio, con la finalidad de no vulnerar la igualdad procesal de las partes." La garantía deberá estar dirigida al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad, en su texto debe indicarse el propósito, por lo que la parte quejosa, deberá cerciorarse que los datos sean claros y precisos; apercibida que en caso de contener datos erróneos se tendrá por no exhibida; asimismo, cabe aclarar que para recibir valores, las personas deben estar expresamente autorizadas para tal efecto. En la inteligencia de que si la parte quejosa para garantizar la presente medida cautelar exhibe billete de depósito o póliza de fianza, éste debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de conformidad con el artículo 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre del quejoso. 2. Número de expediente dentro de que se gestiona la garantía. 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Ahora, toda vez que se le otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa, una vez que se emplace al tercero interesado en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia, notifíquese personalmente la presente determinación, para los efectos a que haya lugar. Lo anterior, tal y como lo establece la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, del rubro y texto: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión.". Debe señalarse que la medida cautelar concedida, surte sus efectos desde luego, pero dejara de surtirlos si los actos reclamados derivan del cumplimiento de una sentencia ejecutoria. Esto es así, pues la suspensión en el amparo tiene como propósito preservar la materia del juicio, ante la posibilidad de que el quejoso obtenga una sentencia favorable; sin embargo, esa regla admite como excepción, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; lo cual acontece cuando el acto reclamado consiste en el cumplimiento de una sentencia ejecutoria, en virtud de que ésta adquirió la calidad de verdad legal y, por ende, su eficacia e inmediata ejecución prevalecen sobre el cumplimiento de una "posible" sentencia favorable para quien la solicita, por encontrarse sub júdice la tramitación del juicio respectivo. La razón de esa prevalencia estriba en que, tanto la sociedad como el Estado, tienen vivo interés en que se acate ese fallo. Copias Con fundamento en el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, por conducto de la persona que autoriza para tal efecto, previa constancia de recibo que se deje en la constancia de notificación que al efecto se levante. En el entendido que, atendiendo al contenido de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Cabe precisar que, únicamente, en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para el actuario A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito ******************** como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional A fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo de la secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, vía electrónica al agente del ministerio público de la federación adscrito a este Juzgado, personalmente al tercero interesado y por oficio a las autoridades señaladas como responsables.
- Principal
V-Agréguese el escrito de cuenta firmado por Arcenio Patrón Baños, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada el 28 de septiembre de 2023. Admisión Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Intervención de la agente del Ministerio Público de la adscripción y acceso al expediente electrónico Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en atención a lo solicitado por la agente del ministerio público de la federación adscrita a este juzgado, con el oficio 02/2023, de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a la referida representante social. En ese sentido, toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la fiscal de la Federación adscrita, se encuentra registrada en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario......; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "REBECA.MEJIA", al presente juicio de amparo, a efecto de que la representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal y ser notificada por ese mismo conducto. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Apertura del cuaderno único del incidente de suspensión Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión que solicita el quejoso; en consecuencia, con copia de la demanda de amparo, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la apertura del cuaderno único de la medida cautelar. Solicitud de informe justificado Sin que sea necesario solicitar los correspondientes informes justificados a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, en virtud de que los mismos fueron remitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al declinar competencia a favor de un Juzgado de Distrito de esta ciudad Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las 10:55 del 30 de noviembre de 2023, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Tercero interesado De la lectura de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado a Jorge Alejandro Canche Valdez, en su carácter de cesionario de los derechos del juicio ejecutivo mercantil 211/2018, promovido por María Teresa Negrín Souza; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a Jorge Alejandro Canche Valdez; por lo que, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que lo emplace en el domicilio siguiente: Avenida Venustiano Carranza, número 491, del fraccionamiento Flamboyanes, en esta ciudad. Asimismo, le corra traslado con copia simple de la demanda y del auto de admisión, indicándole que con tal carácter puede comparecer al presente juicio si así lo estima conveniente para hacer valer sus derechos; de igual forma, de así considerarlo señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en este asunto. Notifíquese por lista a la parte quejosa, vía electrónica a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, por oficio a la autoridad señalada como responsable.
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