Arcelia del Rosario Montuy Valdez

Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
280/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Arcelia del Rosario Montuy Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, transcurrió 27/04/24 19:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 del siete al veinte de julio de dos mil veintitrés, con exclusión de los días ocho, nueve, quince y dieciséis de julio de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. 27/04/24 19:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 280/2023-II 3 ??????????????? Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PARTE QUEJOSA ARCELIA DEL ROSARIO MONTUY VALDEZ, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 280/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR ES DEL TENOR SIGUIENTE. MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio **** de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, remite copias certificadas de las constancias conducentes del expediente laboral ****. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, ****, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche y de otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de emplazar a juicio a los demandados ***, **** y ****. Ahora bien, la Presidenta y Actuario de la Junta responsable, en sus informes justificados manifestaron que son parcialmente ciertos los actos reclamados por el quejoso. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ***, de cuyo análisis se advierte que remitieron la audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno; de la que se desprende la comparecencia del demandado ****. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, si el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la quejosa ****, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche y de otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de emplazar al demandado ****, al expediente laboral ****. Y, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte de forma clara y manifiesta que el José Antonio Ortiz Arjona, compareció en audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral ****. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la omisión reclamada a las autoridades responsables no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar al demandado **** al expediente laboral ****, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a los demandados **** y ****, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, de las constancias que integran el expediente laboral ****, se advierte en diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, se emplazó a juicio al demandado ****; mientras que en diligencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la actora **** por desistida a su más entero perjuicio de la demanda promovida en contra del demandado ****. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, en razón de que ya fue emplazado el demandado ****; en cambio, respecto al demandado ****, se tuvo a ****, por desistida, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con quince minutos del tres de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio **** de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, remite copias certificadas de las constancias conducentes del expediente laboral ****. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, ****, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche y de otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de emplazar a juicio a los demandados ***, **** y ****. Ahora bien, la Presidenta y Actuario de la Junta responsable, en sus informes justificados manifestaron que son parcialmente ciertos los actos reclamados por el quejoso. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ***, de cuyo análisis se advierte que remitieron la audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno; de la que se desprende la comparecencia del demandado ****. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, si el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la quejosa ****, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche y de otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de emplazar al demandado ****, al expediente laboral ****. Y, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte de forma clara y manifiesta que el José Antonio Ortiz Arjona, compareció en audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral ****. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la omisión reclamada a las autoridades responsables no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar al demandado **** al expediente laboral ****, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a los demandados **** y ****, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, de las constancias que integran el expediente laboral ****, se advierte en diligencia de doce de junio de dos mil veintitrés, se emplazó a juicio al demandado ****; mientras que en diligencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la actora **** por desistida a su más entero perjuicio de la demanda promovida en contra del demandado ****. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, en razón de que ya fue emplazado el demandado ****; en cambio, respecto al demandado ****, se tuvo a ****, por desistida, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con quince minutos del tres de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, por medio del cual, en atención al requerimiento de siete de junio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de los acuses de recibo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Campeche, la razón de imposibilidad de entrega de oficio dirigido al Servicio de Administración Tributaria, así como la contestación de la Secretaría de Finanzas de fecha cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que informa que no se localizó domicilio a nombre de José Luis Pérez Delgado, y finalmente citatorio y emplazamiento realizado a Oscar Román Rosas González el día doce de junio de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjuntó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, es dable precisar que, para un estudio completo del fondo del asunto, resulta necesario contar con la respuesta que se le dio a los oficios recordatorios dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Campeche, Instituto Mexicano del Seguro Social y Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, esto es, si las instituciones requeridas proporcionaron el domicilio del demandado ***, en su caso, si ya fue emplazado del citado demandado; así como el acuerdo que recayó sobre la imposibilidad de diligenciar el oficio dirigido al Servicio de Administración Tributaria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de las actuaciones realizadas en cuanto a la gestión de los oficios recordatorios, es decir, si le dieron respuesta en cuanto al domicilio del demandado *** y en su caso si ya fue emplazado al juicio, para lo cual deberá remitir las constancias conducentes. Se apercibe a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano