Arcelia Cristina Urtuzuastegui Ledezma

Expediente 2254/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2254/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Arcelia Cristina Urtuzuastegui Ledezma
  • Arcelia Cristina Urtuzuastegui Ledezma y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, con residencia en esta ciudad, en acatamiento al requerimiento de este juzgado, remitiendo copia certificada de constancia relativa al juicio laboral 649/5/2015; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de la constancia que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Lo que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...].". La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y, ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de emitir resolución interlocutoria de liquidación de laudo, dentro del expediente laboral 649/5/2015. En ese contexto, de la constancia allegada a los autos, se advierte que la autoridad responsable, dentro del juicio laboral de origen, el cuatro de noviembre del año en curso, emitió la resolución interlocutoria de liquidación respectiva. Documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo [veinte de septiembre de dos mil veintidós], la autoridad responsable, Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, había sido omisa en emitir la resolución señalada en párrafos precedentes; sin embargo, una vez atendida la petición de la representación legal de la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral de origen, lo procedente es determinar que en el caso, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber conseguido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la autoridad responsable que en cumplimiento a la misma, emitiera la resolución correspondiente; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Asimismo, apoya la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto de veintidós de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, el expediente principal deberá conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como prueba documental la constancia que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada junta, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita la constancia que acredite la resolución del incidente de liquidación, relativo a la audiencia celebrada en el juicio de origen, desde el treinta y uno de mayo del presente año.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que la autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante autos de quince de junio, uno y veintitrés de agosto del año en curso, que le fueron comunicados a través de los oficios 10986/2022, 15894/2022 y 17868/2022, girados por este órgano jurisdiccional, no obstante de haber quedado legamente notificada de los mismos, como se aprecia de las constancias que obran en autos, causando con ello un notorio retraso en el trámite del juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad responsable, para que dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, haga del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a los quejosos Isaac Guevara Bueso y Edwin Alejandro Ramírez Orellana, fueron puestos en libertad, o bien, informe si se encuentra pendiente de que cumplan con algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fueron exentos en el auto en que se le concedió la suspensión de plano; en la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Así también se le requiere nuevamente para que remita copias certificadas con las que acredite que ordenó el traslado del quejoso Mario Alejandro Medrano Juárez y/o Mario Alexander Medrano Juárez, a las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, como lo informó mediante oficio INM/ORLREY/DAJ/0541/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, por el cual rindió su informe de suspensión de plano, toda vez que el Sub Representante Local, en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en Villahermosa, comunicó a este juzgado que dicho quejoso nunca estuvo a disposición de esa autoridad migratoria.

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