Arcadio Sabido Mendez
Expediente 1723/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1723/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arcadio Sabido Mendez
Actuaciones
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". - - - Notifíquese.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Promoción Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Conkál, Yucatán. Radicación Con el original de la demanda, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1723/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procedencia de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La omisión de dar contestación a su escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, recibido el diecisiete de septiembre del año en curso, en el cual solicitó permiso o licencia de construcción para la extensión de su casa habitación. De la documental que aporta a su demanda de amparo se desprende que el escrito cuya falta de respuesta reclama es de fecha veintiséis de agosto del año en curso y la recepción de dicho ocurso es de fecha diecisiete de septiembre de esta anualidad, pues así se deprende de la firma de recepción que obra al calce del mismo. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracciones II y V, de la propia ley de la materia, interpretados a contrario imperio, mismos que establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." De los preceptos anteriores se colige, a contrario sensu, que el amparo indirecto no es procedente cuando se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, de autoridades formal y materialmente administrativas que no sean de imposible reparación. Lo anterior, se estima así, pues, si bien lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se encuentra dirigido a actuaciones realizados dentro de juicio, la amplitud de lo así establecido, sirve de referencia para interpretar lo dispuesto en la fracción II, de ese numeral 107, a modo de definir y delimitar contra qué actos u omisiones de autoridades administrativas procede el juicio de amparo. Lo así considerando encuentra poyo en las directrices fijadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Por tanto, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues en estos últimos la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos - sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En efecto, el legislador definió a los actos de imposible reparación como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, se concluya que el juicio de amparo es procedente cuando se promueva contra actos u omisiones de autoridades administrativas, si éstos tienen sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, lo que no acontece cuando solamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Al respecto, se invoca, por su sentido y alcance, la tesis II.1o.4 A (10a.), de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de título siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos u omisiones provenientes de autoridades formal y materialmente administrativas susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS." Ahora, es importante traer a colación el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la interpretación del precepto legal citado, se desprende que para que exista un derecho de petición en favor de un ciudadano deben actualizarse los siguientes supuestos: a) La petición debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Atento a lo anterior, en la especie la parte quejosa reclama la afectación a su derecho fundamental consagrado en el artículo 8º constitucional, pues aduce que lo que le causa perjuicio es la omisión de dar contestación a su escrito de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, presentado el diecisiete de septiembre del año en curso ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. Con lo anterior, resulta claro que el peticionario de amparo cumplió con los supuestos marcados en los incisos a) y b), en el momento de analizar el contenido del artículo 8° Constitucional, en líneas anteriores. Respecto de lo anterior, la parte quejosa quien bajo protesta de decir verdad sostiene que la autoridad responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ha sido omisa en dar contestación a su petición, lo que contraviene en su perjuicio lo establecido en el artículo 8° constitucional. Sin embargo, la expresión breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional, debe ser interpretada con relación directa a la naturaleza y características de la petición planteada, por lo que su análisis deberá ser casuístico y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, ello, con la intención de adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con dicho fundamento. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto. Consecuentemente, no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. Cobra aplicación también, la tesis I.4o.A.68 K, publicada en la página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1994, tomo XIII, Octava Época, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Así como, la tesis publicada en la página 167, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, tomo XII, Octava Época, que refiere: "BREVE TERMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si bien es verdad que el artículo 8o. constitucional habla expresa y claramente de "breve término" para dar a conocer al quejoso sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o características de la misma, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis deba ser casuista y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía." Se expone tal aserto, pues atendiendo al caso concreto, como se advierte de la constancia que se adjuntó a la demanda de amparo, la petición que aduce no le ha sido contestada, fue presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del escrito de fecha veintiséis de agosto del año en curso, en el que obra la firma de recibido por parte del ingeniero Gilmer Espínola Ek. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran los autos se obtiene que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a este juzgado, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, de lo anterior, se colige que apenas han mediado 5 cinco días hábiles, a fin de que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, de respuesta a la solicitud realizada por el aquí impetrante de amparo. En ese sentido, se torna patente que el quejoso no resiente hasta este momento vulneración alguna al artículo 8° constitucional como pretende hacer valer en esta instancia constitucional, pues, la autoridad responsable no ha excedido en demasía en dar una respuesta congruente, fundada y motivada a su solicitud, situación que regula el citado precepto constitucional, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas sea en "breve término". Por tal motivo, se estima que hasta el momento en que el quejoso presentó su demanda de amparo, no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional; pues tan solo mediaron cinco días hábiles entre la fecha en que el quejoso realizó su solicitud a la autoridad responsable y la data en que se presentó su demanda de amparo, por lo que se estima innecesario de allegarse de mayores constancias; ello es así, cuenta habida que tal proceder no abonaría a formar una convicción diferente, de ahí que se estime manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en 'breve término', guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de 'plazo razonable' descrito." Además, dado que tan solo mediaron cinco días hábiles entre la fecha en que el quejoso realizó su solicitud a la autoridad responsable y la data en que se presentó su demanda de amparo, por lo que se estima innecesario de allegarse de mayores constancias; ello es así, cuenta habida que tal proceder no abonaría a formar una convicción diferente, de ahí que se estime manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada. Ello se estima, pues se reitera, de la documental que aporta se desprende que el escrito cuya falta de respuesta reclama es de fecha veintiséis de agosto del año en curso y la recepción del mismo es de fecha diecisiete de septiembre de esta anualidad, dado que así se deprende de la firma de recepción que obra al calce del mismo. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa promovida por Arcadio Sabido Méndez, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Conkál, Yucatán; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracciones II y V, de la propia ley de la materia. Apoya tal determinación la tesis de Jurisprudencia I.1o.A. J/4 (9a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página ochocientos noventa y nueve del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Domicilio Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, asimismo, aun cuando la ley de amparo, no prevé la notificación a través de correo electrónico, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19) se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria mediante el correo electrónico gabrielcabreraaraujo2@gmail.com, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte quejosa, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía; asimismo, se le tiene como medio de contacto el número celular 99-92-79-37-53, proporcionado en el escrito de cuenta. Autorizados Se tiene como autorizado de la parte quejosa a Gabriel Humberto Cabrera Araujo, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presente demanda versa en materia Administrativa y acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, al estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos Por otra parte, respecto de la solicitud que se faculte a las personas autorizadas en el presente juicio el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales que emanen del presente asunto; al respecto se acuerda: tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de garantías, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico. Conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. NOTIFÍQUESE personalmente.
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