Arcadio Gilberto Macias Torrentera

Expediente 918/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
918/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Arcadio Gilberto Macias Torrentera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de once de junio del año en curso Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, devuélvase al Juez responsable, las copias certificadas que adjuntó al rendir el informe justificado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Arcadio Gilberto Macias Torrentera, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra del Juez segundo de lo civil del Distrito Judicial de Puebla y diligenciario encargado de los expedientes par adscrito, de quienes reclama la "falta de acordar dentro de los tres días siguientes a la fecha de presentación del escrito, mediante el cual le pedí que señale nuevo día y hora para que se llevara a cabo la segunda audiencia de remate" así como la notificación de dicho acuerdo. Al respecto, la autoridad responsable Juez Segundo Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla en su informe justificado confesó la existencia del acto omiso reclamado. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la falta de acuerdo del escrito, mediante el cual el quejoso Arcadio Gilberto Macias Torrentera solicitó que se señalara nuevo día y hora para que se llevara a cabo la segunda audiencia de remate; así como la notificación de dicho acuerdo. Por su parte, de las constancias remitidas por la Juez Segundo Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, medularmente manifestó lo siguiente cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se proveyó el escrito presentado ante la Oficialía Mayor de este Juzgado el veintiséis de abril de esta anualidad por ARCADIO GILBERTO MACIAS TORRENTERA (acto reclamado), en donde se le hizo saber que mediante proveído de dieciséis de febrero del año en curso se señaló las doce horas del día veintiséis de abril de dos mil dieciocho, para la audiencia de remate que debería practicarse en los términos ordenados en el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, esto es en primera y publica almoneda, en la cual no consta que haya comparecido las partes en el procedimiento, ni postor alguno, por lo que, no se llevó a cabo la misma, en consecuencia no era posible señalar nuevo día y hora para la segunda y publica almoneda. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Juez Segundo Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, con fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, se hizo del conocimiento al quejoso el acuerdo dictado el cuatro de referido mes y año, dictado dentro del expediente 442/13, se le hizo saber que, se proveyó el escrito presentado ante la Oficialía Mayor de este Juzgado el veintiséis de abril de esta anualidad por el aquí quejoso Arcadio Gilberto Macias Torrentera (acto reclamado), en donde por diverso acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, fueron señaladas las doce horas del día veintiséis de abril de dos mil dieciocho, para la audiencia de remate que debería practicarse en los términos ordenados en el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete; esto es, en primera y publica almoneda, en la cual no consta que haya comparecido las partes en el procedimiento, ni postor alguno, por lo que, no se llevó a cabo la misma, en consecuencia no era posible señalar nuevo día y hora para la segunda y publica almoneda; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con trece minutos del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso Arcadio Gilberto Macias Torrentera, en el escrito de demanda solicitó hacer uso de medio electrónicos para obtener imágenes o fotografías; por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígasele que se le permite hacer uso de medios electrónicos, teniendo por autorizadas para obtener el contenido de los autos que integran el presente sumario a las personas autorizó para tal efecto.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por José Noel Herrera Luna, en su carácter de apoderado legal de Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado el uno de junio del año en curso, y acusa de recibo de la póliza de fianza 10069-01197-4, expedida por la referida Afianzadora, por la cantidad de veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que no existe nada pendiente por acordar en el presente juicio, archívese como total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de respectivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó no amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Asimismo, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN dado que se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Finalmente, glósese al cuaderno original del incidente copia autorizada de este acuerdo para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto de que dictara el correspondiente laudo dentro del expediente laboral 991/2017. Asimismo, mediante oficios recibidos el dos y diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el veintisiete del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copia certificada de la resolución dictada en forma de laudo de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 991/2017 y las constancias de notificación a las partes. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

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