Arcadio Gilberto Macías Torrentera
Expediente 898/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Arcadio Gilberto Macías Torrentera
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés se acordó el escrito reservado, presentado por el quejoso Arcadio Gilberto Macías Torrentera el catorce de abril de dos mil veintitrés, -con sello de recepción el mismo día-; dentro del expediente 823/2018, del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; y, que el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés el Diligenciario Non adscrito al referido juzgado notificó ese proveído. Ahora, del escrito de demanda se advierte que el promovente del amparo Arcadio Gilberto Macías Torrentera señaló como acto reclamado la falta de proveer la petición que formuló por escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés y la falta de notificar a las partes la resolución en la que se dé respuesta a sus peticiones formuladas en el citado escrito, dentro del expediente 823/2018, del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Arcadio Gilberto Macías Torrentera, hizo consistir el acto reclamado en 1) la omisión de proveer respecto al escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente 823/2018, del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; y, 2) la falta de notificación del proveído en el que se acuerde lo conducente al citado escrito; y, el Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés pronunció el acuerdo correspondiente, dentro del citado expediente; y el Diligenciario adscrito al citado juzgado notificó ese proveído mediante correo electrónico el diecisiete de mayo siguiente; lo que se acredita con las constancias recibidas, mismas que se adjuntaron al informe justificado respectivo. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar: 1) la omisión de proveer respecto al escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente 823/2018, del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; y, 2) la falta de notificación del proveído en el que se acuerde lo conducente al citado escrito. Sin embargo, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, pronunció el acuerdo correspondiente al citado escrito dentro del referido expediente; y el Diligenciario adscrito al citado juzgado notificó ese proveído mediante correo electrónico el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (recibida vía electrónica el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que transcribe el proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, del cual se advierte que se desechó el recurso de queja interpuesto por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el cual radicó bajo el registro ********************, de su índice. Atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibo el oficio de cuenta signado por el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, por medio del cual en pretendido cumplimiento al requerimiento de uno de junio de dos mil veintitrés, manifiesta que la dirección a su cargo, si bien tiene la facultad y atribución de dirigir el trámite y pago de las remuneraciones de los trabajadores de la Administración Pública Centralizada del Estado de Puebla, es un ente globalizador y no así ejecutor del gasto del personal de la Secretaría de Seguridad Publica, por lo que está supeditado a las solicitudes de pago del personal que conforma la Administración Centralizada del Gobierno del Estado de Puebla, lo cual no se ha sustentado. En este punto, es necesario precisar a la autoridad oficiante en primer lugar, que con relación a la concesión del amparo a favor de la quejosa, todas aquellas autoridades competentes que aun cuando no hayan sido designadas como responsables en el juicio, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de esa competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia protectora, para que logre vigencia real y eficacia práctica. Así lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 172605 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Bajo esa óptica, la competencia del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, se surte -como su Director lo reconoce en el oficio que se acuerda- a partir de la atribución de dirigir el trámite y el pago de las remuneraciones a que tienen derecho las personas servidoras públicas de las dependencias de la administración pública estatal, así como establecer los mecanismos por los cuales se deben realizar los pagos a las personas servidoras públicas que por orden de autoridad competente deban realizarse. Ello deriva de la interpretación correlacionada de las fracciones XVIII y XIX, del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla. Entonces, al día de hoy, materialmente no se ha cumplido con la ejecutoria porque las medidas de dirección y de establecimiento de mecanismos para realizar el pago, que ha desplegado el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, no han resultado eficaces para tal fin. Sino que por el contrario, argumenta que la Dirección a su cargo de trata de un ente globalizador mas no ejecutor, dejando de lado las facultades legales que marcan las porciones normativas invocadas. Ello tiende a configurar una conducta evasiva por parte de la autoridad en cita para desarrollar las obligaciones que le resultan con motivo de la concesión de amparo. Lo anterior -se insiste- dado que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, hace depender el desarrollo de sus obligaciones de diversas autoridades, soslayando las atribuciones que le son encomendadas, en concreto, dirigir el trámite y el pago de las remuneraciones a que tienen derecho las personas servidoras públicas de las dependencias de la administración pública estatal (por virtud de un amparo a su favor, como en el caso), así como establecer los mecanismos por los cuales se deben realizar los pagos a las personas servidoras públicas que por orden de autoridad competente deban realizarse (han sido múltiples los requerimientos por parte de este juzgado para hacer cumplir el fallo). Por tales razones, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en autos de ocho, dieciséis de mayo y uno de junio de dos mil veintitrés, y se impone a Erick Fernando Ramos Soriano, persona física que actualmente ocupa el cargo de Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Conforme a lo anterior, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla "1" y "2" del Servicio de Administración Tributaria, para que por su conducto se haga efectiva la multa de referencia a Erick Fernando Ramos Soriano, persona física que actualmente ocupa el cargo de Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla. En tales condiciones y a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento con apoyo en el artículo 192 se requiere a la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes, informe a este juzgado la tramitación que le correspondió al pago a que tiene derecho la quejosa bajo las facultades de dirección a que se ha hecho referencia. Desde la perspectiva de que como ente globalizador está facultado para dirigir el trámite y el pago de las remuneraciones a que tienen derecho las personas servidoras públicas de las dependencias de la administración pública estatal, así como establecer los mecanismos por los cuales se deben realizar los pagos a las personas servidoras públicas que por orden de autoridad competente deban realizarse. Sin olvidar que el pago a que tiene derecho la quejosa deriva de una ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento es de orden público y todas aquellas autoridades competentes que aun cuando no hayan sido designadas como responsables en el juicio, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de esa competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia protectora, para que logre vigencia real y eficacia práctica. Es por lo que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, se encuentra directamente obligado a lograr la materialización del pago a la quejosa y remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con independencia de que su naturaleza jurídica no se inscriba en la de un ente ejecutor, sino "globalizador" del gasto, ni hacer depender su actividad de la conducta que asuman las autoridades responsables, pues como ya se analizó, sus facultades abarcan la materialización del pago a la quejosa, que es uno de los efectos que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, le imprimió a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la mencionada autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa, a cada uno, de doscientas unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad, es decir, al Secretario de Administración del Gobierno de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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