Arcadio Gilberto Macías Torrentera

Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
931/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Arcadio Gilberto Macías Torrentera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que contiene inserto acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, se tiene a la citada autoridad acusando recibo e informando a este órgano jurisdiccional que se admite a trámite el recurso de revisión hecho valer en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número R-471/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido vía electrónica el oficio 4399/2023 de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que comunica que dicho Tribunal radicó el recurso de revisión hecho valer en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; asimismo, que a efecto de determinar lo conducente con relación al aludido medio de impugnación, solicita que se le remita el original del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se tiene a la citada autoridad informando a este órgano jurisdiccional que radicó el recurso de revisión hecho valer en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número R-471/2023, de su índice. Por otro lado, como lo solicita la autoridad oficiante, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, haciendo de su conocimiento que de conformidad al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, así como a la respuesta emitida el tres de abril de dos mil veintitrés por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de la consulta realizada con motivo del citado Acuerdo General, únicamente obran agregadas en el expediente físico del presente juicio de amparo las constancias físicas, no así la totalidad de los acuerdos, ya que éstos obran en el expediente electrónico. En virtud de lo anterior, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 931/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado del Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en línea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el veintinueve de mayo siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: ... Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable precisados en el considerando segundo del presente fallo, por los motivos señalados en el diverso considerando sexto de esta sentencia. ..

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos los acuses de recepción correspondiente a los oficios 19713/2023 y 20332/2023 dirigidos a las autoridades responsables Registro Público de Minería y al Director General de Minas de la Secretaría de Economía, por medio de los cuales se les solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Director General de Minas de la Secretaría de Economía, deje sin efectos el oficio SE/610/1190/2023 de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el cual remitió a este juzgado de Distrito en auto de ocho de junio de dos mil veintitrés. En concordancia con lo anterior, con fundamento en el artículo invocado, se ordena dejar sin efectos la orden que giró al Registro Público de Minería a efecto de que llevara a cabo la cancelación de las inscripciones de libros de los títulos de las concesiones mineras de explotación números 219298, 221609 y, 208799, así como a la Dirección de Cartografía y Concesiones Minera, respecto de la actualización correspondiente. Además, se requiere a la citada autoridad, para que en el término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en específico en su numeral 2, el cual se transcribe a continuación. ".(.) 2. Emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la procedencia de su expedición, pero antes de adoptar esa decisión, debe ordenar una consulta al pueblo masehual o nahua de la Sierra Norte de Puebla, cumpliendo con los siguientes parámetros: 2.1 debe ser previa; 2.2 culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; 2.3 informada; y, 2.4 de buena fe. Asimismo, fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada. Para llevar a cabo la consulta, se deberá auxiliar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conforme lo marca la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, tesis: 2a. XXVIII/2016 (10a.), página 1211; que se transcribe para mayor claridad: (.) En el entendido, que para estar en posibilidad de realizar la consulta conforme a los lineamientos establecidos, la autoridad responsable deberá cerciorarse quiénes son los representantes legítimos de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena auxiliándose de dicha Comisión o bien, en cualquier otro medio que permita acreditar fehacientemente quiénes son los sujetos designados y reconocidos para representarlos, pudiendo bien ser los que ahora promueven este juicio de amparo, o en su caso aquellos que ostenten los cargos de representación correspondiente al momento de realizar la consulta, atento con lo determinen los miembros de la misma. Con relación a los efectos de esta sentencia de amparo, resultan obligadas todas aquellas autoridades competentes pertenecientes a la estructura de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues aun cuando no hayan sido designadas como responsables en el juicio, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia protectora, para que logre vigencia real y eficacia práctica. Sin que la concesión de amparo, llegue al extremo de obtener un consentimiento previo del pueblo masehual o nahua para llevar a cabo sus atribuciones, pues el derecho que se analizó en esta sentencia, es el de consulta a los pueblos y comunidades indígenas reconocido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo..." A efecto de acreditar lo requerido, deberán remitir copia certificada de las constancias conducentes. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, se requiere al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Secretario de Economía; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

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