Arcadia Guadalupe Castillo García

Expediente 1938/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1938/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
12/01/2016

Partes del expediente

  • Arcadia Guadalupe Castillo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1938/2015-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de diciembre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 906/2015-PI signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el Recurso de Queja 177/2015 de su índice, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO.- Se declara fundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad en vía de acuse de recibo, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que el Tribunal de Alzada determinó, que con fundamento en el numeral 103 de la Ley de Amparo, la responsable deberá reintegrar a la quejosa la cantidad que resulte de los descuentos que realizó a las pensiones 793149 y 793584 que se pagan por jubilación y viudez de los conceptos 48 y 54, realizados por motivo de la aplicación del precepto 51 de ley que lo rige, vigente hasta dos mil siete, declarado inconstitucional, tal como fue efecto de la ejecutoria de amparo que así lo determinó, desde el mes de agosto de dos mil doce, en que consta iniciaron, hasta el mes de noviembre de dos mil trece, en que consta cesaron; lo anterior, con base en los valores que la misma responsable allegó a los autos a través de constancias de percepciones y retenciones y de los propios recibos de pago que también obran en autos. Cantidades resultantes que deberán ser actualizadas en los términos que disponen los artículos 17-A.2 y 22.3 del Código Fiscal de la Federación al traducirse las cantidades descontadas a los haberes pensionarios de la recurrente en un pago indebido al haberse fundado en un precepto declarado inconstitucional. Bajo ese contexto, a juicio del suscrito, es necesaria la apertura de un incidente para determinar el monto y las prestaciones que la autoridad responsable debe pagar al quejoso en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El trámite de ese incidente persigue a la vez, lograr la plena ejecución del fallo dictado por este juzgador. A mayor abundamiento, la necesidad de abrir un incidente de liquidación descansa en el hecho de que el cumplimiento de la sentencia de amparo, requiere el pago de una cantidad cuyo monto no fue determinado en ella. Así, para dilucidar el debate que existe en torno al monto y las prestaciones que la autoridad responsable debe cubrir al quejoso; con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del INCIDENTE DE CUANTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN SENTENCIA, el que será substanciado en términos de los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º y en la misma pieza de autos, pues tiene por objeto resolver una cuestión que debe quedar establecida para poder continuar la secuela en lo principal. Son aplicables las siguientes tesis: Tesis: 2a. CVII/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005151 1 de 1 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pág. 733 Tesis Aislada(Común) Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS UNILATERALMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El recurso de inconformidad previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo se circunscribe a resolver si el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo se efectuó en términos de lo establecido en el diverso artículo 196; es decir, que esté debidamente acatada sin defectos ni excesos. En tal virtud, si al momento de resolverlo se advierte que el quejoso manifestó su desacuerdo con la cantidad que fijó unilateralmente la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector es necesario que los órganos de amparo antes de pronunciarse sobre su ejecución ordenen la apertura del incidente innominado previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, puesto que, de otra manera provocaría la ilegalidad de su pronunciamiento al no contar con los elementos suficientes para determinar si se encuentra totalmente cumplida o si existe un defecto o exceso con el acto exhibido por la autoridad responsable. Tesis: 2a. LXIV/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 191600 1 de 1 Segunda Sala Tomo XII, Julio de 2000 Pág. 166 Tesis Aislada(Común) Tomo XII, Julio de 2000 SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO. Hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional se tiene que pagar al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia respectiva, como acontece, entre otros casos, cuando el peticionario del juicio de garantías deba ser indemnizado por la afectación que sufrió el predio de su propiedad en virtud del acto reclamado; cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ordena incrementar la pensión jubilatoria del quejoso; cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada, y cuando en acatamiento de la protección constitucional se deba reinstalar al servidor público en su empleo y pagarle las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separado de él. En estos casos puede suceder que exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto. En tales circunstancias, dicho juzgador, ciñéndose a los lineamientos señalados por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., debe abrir un incidente de liquidación, en el que las partes interesadas estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y además aleguen lo que a sus intereses convenga, el Juez precitado debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que se deba entregar al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo. Tesis: I.8o.A.55 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 177287 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXII, Septiembre de 2005 Pág. 1475 Tesis Aislada(Administrativa) Tomo XXII, Septiembre de 2005 INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES A DEVOLVER CON MOTIVO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA TRIBUTARIA. ES IMPROCEDENTE SU APERTURA SI EN LA SENTENCIA DE AMPARO SE ESTABLECIÓ EL ALCANCE MATERIAL Y CONCRETO DEL FALLO Y NO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE EL MONTO. En la tesis número 2a. LXIV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de julio de 2000, página 166, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional tiene que pagarse al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia, para lo cual debe abrirse un incidente de liquidación, entre ellos, cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada. Sin embargo, también se sostiene que dicho incidente de liquidación se abrirá cuando exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto, caso en el cual mediante ese incidente las partes estarán en aptitud de probar y alegar lo que a sus intereses convenga, respecto del monto de las cantidades que estiman deben pagarse al quejoso en acatamiento del fallo protector, hecho lo anterior, el Juez de Distrito debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que deberá entregarse al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora bien, si al quejoso que acudió en vía de amparo por estimar inconstitucional una norma tributaria, se le concede la protección constitucional, estableciéndose en la ejecutoria correspondiente el alcance material y concreto del fallo, esto es, la devolución por parte de la responsable de las cantidades que las autoridades responsables deben devolverle, es inconcuso que si éste acude ante el juzgador con el fin de que se tramite el incidente de mérito, y se advierta que las cantidades determinadas ya fueron devueltas, sin que haya existido inconformidad al respecto; que no existe controversia sobre el monto que deba pagarse, o que exista retraso en la devolución de las cantidades correspondientes por causas imputables al propio quejoso, en virtud de no exhibir ante las autoridades fiscales el formato 32 (solicitud de devolución) y demás documentación que conforme a la legislación tributaria sea necesaria para tales efectos, aquél resulta infundado, máxime, si se toma en consideración que el derecho a la apertura del incidente en cuestión deriva de la necesidad que se contempla en la referida tesis, respecto a que exista controversia sobre el monto que deba pagarse, y el Juez de Distrito carezca de elementos para determinarlo con certeza, la que debe contemplarse en el caso concreto; además de que no se refiere a tal evento como un derecho procesal en todos los casos en que exista una dación de pago, sino que el principio de economía procesal implica que el juzgador no está obligado a llevar trámites cuando no es necesario; dado que los procedimientos de cumplimiento de amparo no deben prestarse para realizar trámites que no están previstos en la ley, y que sean innecesarios para el acatamiento a la sentencia protectora, cuyo cumplimiento debe obtenerse en el menor tiempo posible. La tesis con registro 177287, se interpreta a contrario imperio. Con motivo de la apertura del incidente, dése vista a las partes por el término de tres días hábiles que será computado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo (fracciones I y II según corresponda), la notificación que se les practique de este auto, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que en desahogo de esa vista pueden ofrecer pruebas, sin perjuicio que realicen tal ofrecimiento en el posterior término probatorio. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Jfcc

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de primero de diciembre de dos mil quince, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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