Ararath Andreu Gaxiola Puebla
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ararath Andreu Gaxiola Puebla
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, SE ORDENA AL ARCHIVO EL EXPEDIENTE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, constancias de notificación a las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada. Sin embargo, no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que obran en el presente sumario; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, así como la presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas referidas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon manifestación alguna. El juez acuerda: con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se les tiene por perdido el derecho para expresar alegatos. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 621/2021. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Mediante demanda de amparo presentada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y recibida en este juzgado de distrito al día siguiente hábil, Ararath Andreu Gaxiola Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de esta ciudad. El cuatro de junio siguiente, este juzgado federal ordenó formar el expediente y registrarlo en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo"; se admitió a trámite la demanda; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del escrito de demanda, así como con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión por parte de la autoridad responsable de dictar resolución incidental de conformidad con el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 2881/2012. Existencia del acto reclamado La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de esta ciudad, al rendir su informe justificado no admitió ni negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, en el particular se tiene como cierto el reclamo constitucional, dado que del contenido del propio informe y de la documental que anexa, se evidencia que ante dicha junta se encuentra registrado el juicio laboral 2881/2012 y que éste se encuentra extraviado, además, que se hicieron actuaciones de certificaciones al respecto para aperturar un incidente de reposición de autos; de ahí, que se tenga como cierto el reclamo del quejoso. Asimismo, de las pruebas documentales que ofreció la responsable relativas al juicio laboral 2881/2012 de su índice, se advierte que el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de la presente anualidad, para que se llevara a cabo la audiencia incidental de pruebas y alegatos relativas a la reposición mencionada. V. Análisis de causales de improcedencia Consideración de causal de improcedencia actualizada. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se encuentra actualizada la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XVII párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción y precepto invocados en lo que a este estudio interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Como se advierte, el numeral transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder pronunciarse sobre tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. La regla general para actualización de la causa de improcedencia en estudio, es la siguiente: a) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal, laboral,) o administrativo (en strictu sensu, puramente administrativo, y/o fiscal y/o agrario); o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; c) Que en el mismo juicio de origen o procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; d) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. Sirve de apoyo, tesis aislada 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 219, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199808, cuyo rubro y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En ese contexto, y en razón de que la responsable acredita que el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, señaló fecha para efecto de llevar a cabo el incidente de reposición de constancias en el referido juicio laboral, en virtud de que el aludido expediente se encuentra extraviado, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que al emitirse el incidente de reposición de constancias del citado juicio laboral del cual deriva el acto reclamado, se produjo un cambio de situación jurídica, cuenta habida que para ello se cumplen los requisitos que exige la actualización de la causal de improcedencia que nos ocupa. Se afirma lo anterior, pues el acto omisivo reclamado emanó de un procedimiento jurisdiccional; asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda la responsable emitió una resolución que cambia la situación en la que se encuentra el quejoso en relación con el reclamo; y, respecto de dicha resolución este juzgador no puede decidir sobre la constitucional del acto, pues afectaría la nueva situación jurídica (tramitación del incidente de reposición); igualmente, es evidente que esa nueva resolución cuenta con autonomía o independencia respecto del acto que se reclamó en el juicio de garantías, pues subsiste con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, el cambio de situación jurídica expuesto hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se pudieran atribuir a la omisión de la junta laboral, consistente en no haber señalado fecha para la audiencia de ley en el juicio de origen a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que no es posible decidir sobre lo reclamado sin afectar la situación del incidente de reposición de autos del juicio de origen. Cobra aplicación por analogía, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, número XII.1o.34 C, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, Registro 189784, publicada a foja 1096, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia." (lo subrayado añade énfasis). Se cita como apoyo a la presente determinación, la tesis I.11o.C.28 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1065, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro de localización 2018570, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." Asimismo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página ciento noventa y nueve, Tomo VIII, Septiembre de 1991, octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Por lo concluido, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, a la luz del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la Jurisprudencia 509, visible a foja 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federal, Materia Común, Tomo VI, 1917-1995, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar las violaciones de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del mismo." VI. Decisión: En ese contexto, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se VII.- R e s u e l v e : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Ararath Andreu Gaxiola Puebla, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el apartado IV, por las consideraciones, argumentos y fundamentos expuestos en los diversos V y VI, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con sus contenidos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
se admite la demanda y se señalan las nueve horas con cuarenta y un minutos del doce de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional.
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