Aranza zu de la Rosa Rodríguez
Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Aranza zu de la Rosa Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, y carecer de relevancia documental.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Aranza Zu de la Rosa Rodríguez, a través del cual señala domicilio y solicita la devolución de documentos. Ahora bien, en atención a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el indicado en el ocurso de cuenta. Por otra parte, por cuanto a su petición respecto de la devolución de documentos que anexo a su escrito inicial de demanda, dígase a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en auto de veinticinco de febrero del año en curso, toda vez que en el mismo se acordó lo conducente.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa para la devolución de documentos Finalmente se ordena remitir constancias a la autoridad correspondiente.
- Principal
AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SÍNTESIS DICE: V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 886/2021, promovido por **********, contra actos del Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y otra autoridad; y,. . Este Juzgador considera que en relación con los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa omitió acreditar su interés para acudir a juicio de amparo. El artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal prevé que quien accione el juicio de amparo debe contar con un interés jurídicamente relevante sobre el acto reclamado, según se observa de la reproducción siguiente: Sobre ese aspecto, la misma exigencia está reiterada por el artículo 5°., fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: En términos de esas normas, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo que, se distinguen tres hipótesis: Por tanto, en caso de no contar con un interés sobre el acto reclamado -jurídico o legítimo-, el juicio de amparo es improcedente, al tenor del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prevé:... . En el caso, la parte quejosa impugna la orden de lanzamiento y desposesión del inmueble identificado **************, decretada en los autos del juicio especial hipotecario **********, así como su ejecución. De lo anterior se advierte que los actos que se controvierten en esta instancia constitucional se pronunciaron por un tribunal judicial, de ahí que sea necesario que la parte quejosa acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la calidad de tercero extraño le resulta a quienes materialmente no han figurado en un juicio como partes, pero sufren un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí dictadas, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño en estricto sentido); concepto en el que se ha incluido a aquellos sujetos que en una controversia judicial no fueron emplazados; o bien, fueron defectuosamente llamados al mismo, dado que tal omisión les impide conocer datos necesarios para defenderse (tercero extraño por equiparación). En el caso, la parte quejosa alega, en esencia, que se vulnera en su perjuicio el derecho de previa audiencia consagrados en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo al acto de desposesión, toda vez que es arrendataria del inmueble ubicado en *************. Para acreditar tal aseveración, exhibió el original del contrato de arrendamiento celebrado el primero de diciembre del dos mil veinte, por *********, en su calidad de arrendador y ************, en su carácter de arrendataria, respecto del inmueble citado en el párrafo anterior. También ofreció ocho recibos fechados el uno de abril, tres de mayo, siete de junio y dos de julio, del dos mil veintiuno, uno de diciembre del dos mil veinte, cuatro de enero, primero de febrero y uno de marzo, del dos mil veintiuno, por la cantidad de $******** (**********), por concepto de renta y $*********** (**************), por concepto de renta y depósito, en efectivo y pagado. Los anteriores elementos de prueba revelan que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional en defensa de la posesión derivada que dice ostentar sobre el bien señalado en auto de veintinueve de junio del dos mil veintiuno, que ordenó requerir la desocupación y entrega del bien materia de garantía en el juicio especial hipotecario ***********, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Puntualizado lo anterior, es conveniente tener presente que el Código Civil en el Estado distingue entre la posesión originaria y la posesión derivada, como se advierte del artículo 966 del Código Civil para el Estado de Morelos, que prevé lo siguiente: En este aspecto, debe señalarse que para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como extraño al juicio, es necesario acreditar: 1. Su condición de tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. 2. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión. 3. Que efectivamente detente el inmueble respectivo; y, 4. La afectación de la posesión aducida, a través de la ejecución de los actos reclamados. En ese contexto, la falta de alguno de los requisitos enumerados tiene como consecuencia que la posesión aducida en un juicio de amparo, por quien se ostenta como tercero extraño a juicio, no sea susceptible de defenderse a través de esta vía constitucional. En el caso, de las constancias que la autoridad ordenadora responsable adjuntó a su informe con justificación, se advierte que mediante escrito presentado el treinta y uno de enero del dos mil trece, *************, celebró contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado con ***********, cuyo objeto fue el bien inmueble identificado como lote *****************.5 Seguido que fue el juicio por todas sus fases, el tres de julio del dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario ***********, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, promovido por ************, contra *************, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas.6 Ante el incumplimiento de la condena se siguió el procedimiento de ejecución de sentencia; siendo que el uno de febrero del dos mil diecinueve, se resolvió interlocutoriamente la aprobación del remate y adjudicación en los autos del juicio especial hipotecario ***********. En auto de diez de mayo del dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la parte actora, y ordenó turnar los autos a la Notaria Número Dos de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria.8 Por escrito presentado en el Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el veintiocho de junio del dos mil veintiuno, la parte actora, solicitó que se ordenara la desocupación del bien rematado a su favor.9 Por auto de veintinueve de junio del dos mil veintiuno, la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, decretó la desocupación y entrega a la parte actora del inmueble lote ****************.10 La relación que antecede, pone de manifiesto que los actos reclamados por la parte quejosa emitidos en el juicio especial hipotecario **********, promovido por *********, contra de ***********, acreditan su condición de tercero extraña al juicio. En cuanto al requisito consistente en la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión, del análisis de las constancias se advierte que la parte quejosa no aportó al presente juicio constitucional prueba alguna que acreditara este extremo, ya que el contrato de arrendamiento que adjuntó a su demanda de amparo carece de fecha cierta. Lo anterior es así, toda vez que para que un particular pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es persona extraña a un procedimiento es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos que conforma su patrimonio; entendiéndose por fecha cierta, la relacionada con algún documento privado, así será 'fecha cierta' cualquiera de las siguientes: De manera que, si no se actualiza alguno de esos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. Como ya se precisó, la solicitante del amparo adjuntó como prueba de su interés jurídico contrato de arrendamiento de primero de diciembre del dos mil veinte, sin que se advierta de éste alguna de las características citadas que lo confieran de fecha cierta; de manera que tal documento no es idóneo para considerar demostrado el interés jurídico del promovente, pues únicamente surte efectos entre los suscriptores. Tratándose de documentos traslativos de la posesión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la exigencia de la fecha cierta en éstos, garantiza la legalidad y certeza jurídica evitando que el juicio de amparo se utilice para fines desleales. Señaló que, aun cuando la legislación secundaria no exija a este tipo de contratos que se celebren o ratifiquen ante fedatario o bien se inscriban ante algún registro, ello no implica que dichas operaciones per se adquieran autenticidad y eficacia frente a terceros, pues pudieran contener una fecha no verdadera en perjuicio de terceros. Por lo anterior, concluyó que en los contratos traslativos de posesión, como el que presentó la parte quejosa para acreditar su interés en esta instancia, debe prevalecer la exigencia de la "fecha cierta", pues de lo contrario resultaría imposible determinar con certeza si el contrato es anterior o posterior al reclamo. Cabe precisar que si bien de la legislación civil de la Entidad, no se advierte que el legislador haya previsto como requisito de eficacia del contrato de arrendamiento que éste sea ratificado ante fedatario público o ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cierto es que las partes tuvieron a su alcance la posibilidad de ratificar ante Notario Público las firmas que calzan el documento de mérito o inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a fin de que pudiera surtir efectos frente a terceros. Al respecto, la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en su artículo 67,11 dispone la posibilidad de inscribir en la sección inmobiliaria los títulos por los que se transfiera la posesión de bienes inmuebles. Conforme a lo anterior, se concluye que el contrato privado de arrendamiento ofrecido por la solicitante de amparo resulta ineficaz para tener por acreditada la afectación al interés jurídico en el presente asunto, al no generar un derecho oponible a terceros, por carecer de fecha cierta. La decisión adoptada no desconoce los derechos que pudiera tener la parte quejosa respecto del bien materia de litis, aun cuando no hayan sido demostrados en esta instancia, toda vez que no es el juicio constitucional la vía idónea para defender los mismos, ya que, en todo caso, son las autoridades del fuero común las competentes para decidir la prevalencia de sus derechos sobre los del aquí tercero interesado, a través de las figuras jurídicas previstas en la legislación común. Tampoco es suficiente para acreditar el interés jurídico los recibos de pago exhibidos por la parte quejosa, ya que no existe certeza respecto de la identidad del inmueble arrendado, ni la copia fotostática simple de su Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, es idónea, ya que dicho documento en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, carece de valor probatorio pleno, al exhibirse en copia fotostática simple. Y es que la copia fotostática simples descrita no puede constituir prueba plena debido a la naturaleza con que fue confeccionada y que los hechos que con ella se pretende acreditar no se encuentra corroborado o adminiculado con otro medios de convicción. Consecuentemente, no habiéndose acreditado que los actos reclamados causaron o pueden causar daños o perjuicios a la parte quejosa, ni que le afecten de manera real y material en sus bienes o derechos jurídicamente amparados; procede sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado al actuario adscrito, Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 61, 62, 63, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
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