Arantxa Jiménez Mena

Expediente 1782/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1782/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Arantxa Jiménez Mena

Actuaciones

  1. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado auto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se concedió la protección constitucional, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de octubre de dos mil veintidós. Valoración del cumplimiento de la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto del trece de septiembre de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Por lo anterior, considerando los conceptos de violación de la parte quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla deje insubsistente todo lo actuado en el juicio privilegiado de visitas y convivencias 1124/2021, a partir del emplazamiento reclamado y ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. (.) 102. Por otra parte, dado que la reposición del procedimiento implica dejar insubsistente el régimen de convivencias decretado en la sentencia definitiva emitida en ese juicio, una vez que quede firme la presente resolución, el juez responsable de manera oficiosa deberá decretar un régimen provisional de convivencias entre las menores y su padre no custodio, el cual deberá desarrollarse de manera conjunta con terapias de integración familiar, a fin de que la convivencia de las menores con su padre constituya un elemento efectivo, beneficioso y esencial para el desarrollo de su personalidad, cuidando además que dicha convivencia se realice en un entorno que beneficie a las niñas." Ejecutoria. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. En ese sentido, el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, mediante oficio 5433 recibido en este órgano jurisdiccional el doce de septiembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto dictado el cinco de septiembre de dos mil veintidós en el expediente 1124/2021, relativo al juicio de visitas y convivencias, del que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento efectuado a la parte demandada María Gabriela Sosa Sánchez, ordenando nuevamente su emplazamiento, el cual se llevó a cabo el ocho de septiembre pasado. Asimismo, de las constancias remitidas por dicha autoridad, se desprende que en acuerdo de cinco de septiembre citado, se decretó un régimen provisional de convivencias entre las menores y su padre no custodio, el cual se realizaría de manera personal y supervisada los días sábados, en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, en un horario comprendido de las trece a las catorce horas, las cuales serían asistidas por un perito en psicología quien llevaría a cabo terapias de integración familiar. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que dejó sin efectos todo lo actuado a partir del emplazamiento de la parte demandada y decretó un régimen provisional de convivencias entre las menores y su padre no custodio Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto de las manifestaciones realizadas por la quejosa en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, de su análisis se advierte que no le asiste la razón, porque precisamente uno de los efectos de la concesión de amparo consistió en que la autoridad responsable decretara un régimen provisional de convivencias entre las menores y el padre no custodio, por lo que si no estaba de acuerdo con esa situación debió interponer el recurso de revisión respectivo contra el fallo amparador. En el entendido de que si la quejosa pretende exponer que no está de acuerdo con la modalidad en que se decretaron las visitas y convivencias, eso es un tema que no puede ventilarse en esta instancia constitucional, ya que en la sentencia de amparo solo se determinó que se debía establecer un régimen de visitas provisional con terapias de integración familiar, quedando a criterio del Juez responsable la forma en que se harían, por lo que, en su caso, la justiciable queda en aptitud de combatir esa situación a través de los medios legales correspondientes. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, y vía electrónica al representante especial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano