Arandi Alvarado Lagos

Expediente 413/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
413/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Arandi Alvarado Lagos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que en términos del artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, que el presente incidente no es de relevancia documental. Asimismo, se establece que el original y duplicado son destruibles por ubicarse en los supuestos del contenido en el punto Vigésimo fracción III, y Vigésimo Primero, fracción III, del multicitado Acuerdo General. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en las carátulas correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. NEMM/abgo "En el mismo lugar y fecha en que se actúa, se certifica; que la digitalización del presente acuerdo y la(s) promoción(es) que se atendieron en él, fueron integrados al expediente electrónico; asimismo, se generó (aron) el(los) oficio(s) correspondiente(s). Doy fe" "En el mismo lugar y fecha en que se actúa, se hace constar que bajo mi responsabilidad la(s) promoción(es) y el acuerdo que obra físicamente, coincide con el expediente electrónico que se generó a través de wordsise. Doy fe" 26671 y 26672 Firma del oficial administrativo que integra. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que en términos del artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, que el presente incidente no es de relevancia documental. Asimismo, se establece que el original y duplicado son destruibles por ubicarse en los supuestos del contenido en el punto Vigésimo fracción III, y Vigésimo Primero, fracción III, del multicitado Acuerdo General. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en las carátulas correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Procédase a la devolución de las copias certificadas del expediente 593/2002 en dos tomos, al Juzgado Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, mismo que enviará como anexos a su correspondiente informe justificado, sin que haya lugar a acusar recibo, debido a que se trata de copias certificadas y no de constancias originales. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    En Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las doce horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 413/2022-6, promovido por ****, estando en audiencia pública de derecho la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con el Secretario Néstor Edgar Magos Mera, que autoriza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, la declara legalmente abierta sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario da cuenta a la Jueza con el estado que guardan los autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de abril de este año, se difirió anticipadamente la audiencia constitucional para esta fecha, no obstante ello, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena regularizar el presente procedimiento a fin de dejar sin efectos la audiencia y sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan la demanda de amparo; escrito inicial de demanda, auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, emplazamiento del tercero interesado, e informe justificado rendido por la autoridad responsable: AUTORIDAD SENTIDO INFORME JUSTIFICADO FOJA JUEZA PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO. CIERTO 16-17 ACTUARIA ADSCRITAS AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO CIERTO 18 Acto seguido la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido y reproducido en todas y cada una de sus partes el informe justificado emitido por la autoridad señalada como responsable. Abierto el periodo de pruebas: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de pruebas, en el que se hace constar las ofrecidas por la autoridad responsable Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, consistente en copias certificadas del expediente 593/2002. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló, por lo que se cierra este periodo. Se da por concluida la audiencia y se procede a dictarla resolución correspondiente V I S T O S para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 413/2022-6 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, que por razón de competencia correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, en la que Arandi Alvarado Lagos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES: JUEZA PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO ACTO RECLAMADO: El peticionario señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata bajo el número 413/2022-6, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención que legalmente le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de ley y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado.. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". Se precisa que el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es: El auto que ordena la desocupación y/o desalojo y entrega material del inmueble ubicado en Lote tres (3), de la manzana cinco (5), zona uno (1), Poblado de Tepeapulco, Estado de Hidalgo y/o calle Josefa Ortiz de Domínguez 67, colonia del Trabajo, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, del cual declara la quejosa ser la legitima posesionaria, bajo el amparo de un contrato de arrendamiento. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificaron, aceptaron el acto que se les reclama: AUTORIDAD SENTIDO INFORME JUSTIFICADO FOJA JUEZA PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO. CIERTO 16-17 ACTUARIA ADSCRITAS AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, HIDALGO CIERTO 18 Certeza que se acredita con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 593/2002, documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Oportunidad de la demanda. La promoción del juicio de amparo fue oportuna, en virtud de que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, tal como lo manifiesta en su demanda. Por lo que, el plazo de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a computarse a partir del día siguiente, por lo que el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecisiete de marzo al siete de abril de dos mil veintidós, descontando del cómputo anterior los sábados y domingos, así como el veintiuno de marzo de este año por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la ley de la materia. En consecuencia, si el escrito de demanda se presentó el veintidós de marzo de dos mil veintidós, dicha presentación ocurrió dentro del plazo otorgado en la ley de la materia para tal efecto; por lo que, dicha presentación fue oportuna. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el juzgador, previo al estudio del fondo del asunto. En el entendido que una causa de improcedencia es una circunstancia de orden procesal que impide al órgano jurisdiccional el estudio de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, en razón de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así la Ley de Amparo en su artículo 63, fracción V, al surtirse en el proceso alguna de las hipótesis normativas descritas en el artículo 61 de la propia ley de cita, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano de control constitucional, previamente estudiará las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia y en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo VI, Parte TCC, Página 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El citado dispositivo, en su fracción invocada, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (Énfasis añadido) De la transcripción se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Sobre el tema del interés jurídico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, luego, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, con número de registro 170500, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, que literalmente dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Luego, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas. Concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, con número de registro 206338, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Número 82, Octubre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el presente caso, la accionante constitucional se ostenta como persona extraña al juicio de origen y refiere que tiene la legítima posesión del bien inmueble controvertido bajo el amparo de dos constancias de residencia de veintidós de marzo del año en curso, expeditadas por la Delegada de la Colonia del Trabajo del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo y Secretario General del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, respectivamente, las cuales narran que la aquí quejosa tiene su domicilio en calle Josefa Ortiz de Domínguez 67, colonia del Trabajo, Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, código postal 43976. Sin embargo, esas documentales no acredita el interés jurídico en relación con el bien inmueble materia de la litis, toda vez que las mismas no demuestra tener un derecho o titularidad sobre el inmueble ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez 67, colonia del Trabajo, Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, código postal 43976 y/o Lote tres (3), de la manzana cinco (5), zona uno (1), Poblado de Tepeapulco, Estado de Hidalgo, mismo que defiende por esta vía constitucional, sino que únicamente se presenta dos constancias que expiden personas carentes de fe pública, que narran que la aquí quejosa tiene su domicilio ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez número sesenta y siete (67), colonia del Trabajo, Municipio de Tepeapulco, Hidalgo; de manera que no provoca ninguna convicción de que lo que asevera ser verídico. Sin que pase desapercibido, que la quejosa en su capítulo de antecedentes haya manifestado que tiene la posesión del inmueble en comento debido a que lo tiene en arrendamiento, bajo el amparo del contrato de arrendamiento de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que celebró con María Esther Fragoso López; sin embargo, dicha documental no fue exhibida; por tanto, la quejosa carece de interés jurídico. Es ilustrativa por analogía la tesis con número de registro 807725, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1432, Tomo LXXXI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expone: "POSESION, NO SE ACREDITA CON LOS RECIBOS DE CONTRIBUCIONES. No es de tomarse en consideración el agravio hecho valer en el sentido de que la documentación que se aportó a los autos proviene la autoridad competente y que, por tanto, hace prueba plena de que el quejoso es poseedor y propietario de un solar; porque los recibos de pago de contribuciones no acreditan que el quejoso hubiera estado en posesión del inmueble, sino solamente que pagó las referidas contribuciones. Y porque el certificado del director y secretario del Registro Público de la Propiedad, en el que asienta que según datos tomados de una inscripción de cierto legajo y determinada sección, aparece que el quejoso se encuentra en posesión del predio en cuestión, no hace prueba plena, porque de los términos en que está concebida dicha certificación, se desprende que en realidad su materia es una apreciación de los funcionarios mencionados, y es claro que la opinión que éstos se hayan formado sobre si de la inscripción a que se refieren, se desprenden o no datos suficientes para comprobar que el quejoso es poseedor del lote, no tiene ningún valor probatorio en el juicio, máxime que no se sabe en qué consiste la inscripción, ni sus términos." Finalmente, este órgano de control constitucional no desatiende que a la fecha no se encuentra emplazado el tercero interesado; sin embargo, dado el sentido del presente asunto, no existe perjuicio alguno contra él debido a que la parte actora no acredito el interés jurídico para promover el presente asunto, motivo por el cual se considera innecesario su emplazamiento. En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del numeral 61, de la legislación en cita. SEXTO. Publicación. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que el quejoso de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. En términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arandi Alvarado Lagos, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las 0mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las 0mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.

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