Aram Ramiro Montoya González

Expediente 1288/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1288/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
12/01/2017

Partes del expediente

  • Aram Ramiro Montoya González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En doce de enero de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, fue notificado por lista a la parte quejosa el dos del mes y año en curso, por lo que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al diez de enero actual, sin que haya interpuesto recurso de queja en su contra. DOY FE. En la misma fecha el Secretario doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Aram Ramiro Montoya González. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la ley de la materia, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Virtud a lo anterior, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito; el juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; y en virtud que en el mismo tampoco existen documentos originales por devolver, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del referido acuerdo, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. /manuelcc

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Dentro del incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia con su menor hija Sofía Ximena Montoya Ibarra, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el diligenciario adscrito a dicho juzgado, se constituyó en el domicilio de María Guadalupe Ibarra Velázquez, a efecto de supervisar la entrega de la menor Sofía Ximena Montoya Ibarra a su padre Aram Ramiro Montoya González y derivado de ello, se levantó el acta respectiva, en la que se hizo constar que no se permitió la convivencia porque no salió nadie de la casa. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el padre de la menor hizo del conocimiento tal circunstancia al juez de origen, por lo que, mediante proveído de cuatro de noviembre del año actual, se apercibió a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, que en caso de no permitir la convivencia se haría acreedora a una multa de quinientos pesos. A su vez, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se hizo efectiva la multa por la suma de quinientos pesos y se ordenó girar atento oficio al Recaudador de Rentas; comunicado que se giró el veintinueve de noviembre del año en curso. Con los acuerdos emitidos en el procedimiento de ejecución de la interlocutoria de convivencia, se ordenó dar vista a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, pero a pesar de ser notificada por conducto de su abogado patrono, nunca evacua la vista. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas Acto reclamado: La falta de ejecución de la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de convivencia, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, el quejoso bajo protesta de decir verdad, reclama la falta de ejecución de la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de convivencia, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte el promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." En esa línea, la falta de ejecución de la resolución interlocutoria para que se aumentaran los días de convivencia, por sí sola, únicamente tienen efectos procesales, por lo que se advierte que dicho acto no resultan ser de imposible reparación, toda vez que éste no producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasionan una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender en el resultado del fallo de donde emana el acto que aquí se reclama. A la luz del marco transcrito, esta Juzgadora sostiene que la falta de cumplimiento reclamada por el quejoso, no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la omisión de continuar con el procedimiento de ejecución de la resolución de convivencia no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, toda vez que se presenta dentro de éste. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Décima Época, visible en la página 1086 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Además, este juzgado considera que no se advierte que exista una dilación del procedimiento de ejecución de la resolución interlocutoria de convivencia, que implique la paralización total de éste, ya que el quejoso en sus escritos aclaratorios recibidos el diecinueve y veintiséis de diciembre del año en curso, complementó los antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir expuso que: Dentro del incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia con su menor hija Sofía Ximena Montoya Ibarra, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el diligenciario adscrito a dicho juzgado, se constituyó en el domicilio de María Guadalupe Ibarra Velázquez, a efecto de supervisar la entrega de la menor Sofía Ximena Montoya Ibarra a su padre Aram Ramiro Montoya González y derivado de ello, se levantó el acta respectiva, en la que se hizo constar que no se permitió la convivencia porque no salió nadie de la casa. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el padre de la menor hizo del conocimiento tal circunstancia al juez de origen, por lo que, mediante proveído de cuatro de noviembre del año actual, se apercibió a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, que en caso de no permitir la convivencia se haría acreedora a una multa de quinientos pesos. A su vez, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se hizo efectiva la multa por la suma de quinientos pesos y se ordenó girar atento oficio al Recaudador de Rentas; comunicado que se giró el veintinueve de noviembre del año en curso. Con los acuerdos emitidos en el procedimiento de ejecución de la interlocutoria de convivencia, se ordenó dar vista a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, pero a pesar de ser notificada por conducto de su abogado patrono, nunca evacua la vista. Circunstancias que de manera evidente demuestran que hasta ese momento procesal, no existían datos que pudieran demostrar demora en el cumplimiento de la interlocutoria que decretó la convivencia con su menor hija, es decir, solo han trascurrido siete días desde que se giró el oficio para que se aplicará el medio de apremio (veintiocho de noviembre del año que transcurre) y la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que lo fue el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que no se considera que exista una demora trascendental, tomando en consideración las cargas de trabajo con las que cuenta la autoridad responsable. En síntesis, la multicitada omisión de impulsar el procedimiento de ejecución que constituye el acto reclamado, no tiene en el solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia interlocutoria respectiva. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada en sentido contrario, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Aran Ramiro Montoya González."

  3. Principal

    21338 veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis CUENTA. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la secretaria encargada del despacho con un escrito con registro 21338 y tres copias. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Aram Ramiro Montoya González, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de veinte de diciembre del año en curso y al respecto, expone que: Dentro del incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia con su menor hija Sofía Ximena Montoya Ibarra, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el diligenciario adscrito a dicho juzgado, se constituyó en el domicilio de María Guadalupe Ibarra Velázquez, a efecto de supervisar la entrega de la menor Sofía Ximena Montoya Ibarra a su padre Aram Ramiro Montoya González y derivado de ello, se levantó el acta respectiva, en la que se hizo constar que no se permitió la convivencia porque no salió nadie de la casa. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el padre de la menor hizo del conocimiento tal circunstancia al juez de origen, por lo que, mediante proveído de cuatro de noviembre del año actual, se apercibió a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, que en caso de no permitir la convivencia se haría acreedora a una multa de quinientos pesos. A su vez, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se hizo efectiva la multa por la suma de quinientos pesos y se ordenó girar atento oficio al Recaudador de Rentas; comunicado que se giró el veintinueve de noviembre del año en curso. Con los acuerdos emitidos en el procedimiento de ejecución de la interlocutoria de convivencia, se ordenó dar vista a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, pero a pesar de ser notificada por conducto de su abogado patrono, nunca evacua la vista. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas Acto reclamado: La falta de ejecución de la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de convivencia, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, el quejoso bajo protesta de decir verdad, reclama la falta de ejecución de la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de convivencia, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte el promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." En esa línea, la falta de ejecución de la resolución interlocutoria para que se aumentaran los días de convivencia, por sí sola, únicamente tienen efectos procesales, por lo que se advierte que dicho acto no resultan ser de imposible reparación, toda vez que éste no producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasionan una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender en el resultado del fallo de donde emana el acto que aquí se reclama. A la luz del marco transcrito, esta Juzgadora sostiene que la falta de cumplimiento reclamada por el quejoso, no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la omisión de continuar con el procedimiento de ejecución de la resolución de convivencia no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, toda vez que se presenta dentro de éste. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Décima Época, visible en la página 1086 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Además, este juzgado considera que no se advierte que exista una dilación del procedimiento de ejecución de la resolución interlocutoria de convivencia, que implique la paralización total de éste, ya que el quejoso en sus escritos aclaratorios recibidos el diecinueve y veintiséis de diciembre del año en curso, complementó los antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir expuso que: Dentro del incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia con su menor hija Sofía Ximena Montoya Ibarra, derivado del juicio de divorcio necesario número 7/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el diligenciario adscrito a dicho juzgado, se constituyó en el domicilio de María Guadalupe Ibarra Velázquez, a efecto de supervisar la entrega de la menor Sofía Ximena Montoya Ibarra a su padre Aram Ramiro Montoya González y derivado de ello, se levantó el acta respectiva, en la que se hizo constar que no se permitió la convivencia porque no salió nadie de la casa. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el padre de la menor hizo del conocimiento tal circunstancia al juez de origen, por lo que, mediante proveído de cuatro de noviembre del año actual, se apercibió a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, que en caso de no permitir la convivencia se haría acreedora a una multa de quinientos pesos. A su vez, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se hizo efectiva la multa por la suma de quinientos pesos y se ordenó girar atento oficio al Recaudador de Rentas; comunicado que se giró el veintinueve de noviembre del año en curso. Con los acuerdos emitidos en el procedimiento de ejecución de la interlocutoria de convivencia, se ordenó dar vista a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez, pero a pesar de ser notificada por conducto de su abogado patrono, nunca evacua la vista. Circunstancias que de manera evidente demuestran que hasta ese momento procesal, no existían datos que pudieran demostrar demora en el cumplimiento de la interlocutoria que decretó la convivencia con su menor hija, es decir, solo han trascurrido siete días desde que se giró el oficio para que se aplicará el medio de apremio (veintiocho de noviembre del año que transcurre) y la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que lo fue el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que no se considera que exista una demora trascendental, tomando en consideración las cargas de trabajo con las que cuenta la autoridad responsable. En síntesis, la multicitada omisión de impulsar el procedimiento de ejecución que constituye el acto reclamado, no tiene en el solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia interlocutoria respectiva. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada en sentido contrario, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Aran Ramiro Montoya González. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. L'JMZG. 48674

  4. Principal

    En veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el escrito registrado con el número de folio 20967, anexo que se acompaña al mismo, así como con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso ARAM RAMIRO MONTOYA GONZÁLEZ, por medio del cual pretende cumplir con el requerimiento de nueve del presente mes y año, en el cual este juzgado requirió al promovente del amparo para que cumpliera con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, ampliara los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo a lo actuado en el juicio de divorcio necesario número 7/2014, en especial, lo relativo al incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia Señalará si el juez de origen, había procedido a realizar apercibimientos a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez o bien, si se había ordenado dar vista a dicha parte procesal, con el contenido de las constancias que integraban dicho sumario. Ahora bien, con el comunicado de cuenta el ocursante en cumplimiento a la prevención, expuso que: a). El treinta de septiembre de dos mil catorce, se dictó sentencia de divorcio, en la que se le otorgó la convivencia de su menor hija los días sábados y domingos. b). La madre de la menor se negó a dar cumplimiento al plan de convivencia. c). El catorce de abril de dos mil quince, se promovió incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia con su menor hija Sofía Ximena Montoya Ibarra. d). La sentencia no había llegado a ejecutarse bajo los medios más indicados para su pronta ejecución. Acorde a lo anterior, es de indicarse que del análisis del escrito aclaratorio presentado por el quejoso Aram Ramiro Montoya González, se advierte que incumplió con lo siguiente: Explicar de manera detallada cuáles son los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo a lo actuado en el juicio de divorcio, en especial, lo relativo al incidente para que se aumentara el tiempo de convivencia, pues de la manera en que se relataron, no se desprende dato alguno de cuáles fueron las actuaciones existentes durante el trámite de ese incidente y sobre todo en su etapa de ejecución, por parte del juez responsable. Señalar si el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Loreto, Zacatecas, había procedido a realizar apercibimientos a la señora María Guadalupe Ibarra Velázquez o bien, si se había dado vista a dicha parte procesal, con el contenido de las constancias que integraban dicho sumario. Aunado a lo anterior, es de indicarse que en el proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se destacó que del estudio integral de las copias fotostáticas simples que forman parte del expediente 7/2014, se advertía que desde el catorce de octubre al cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se habían emitido acuerdos tendentes a lograr el cumplimiento de la sentencia de convivencia, por lo que, era necesario que se complementaran los antecedentes del acto reclamado, al existir incongruencia entre lo relatado por el quejoso y las constancias que exhibió con su escrito inicial de demanda. En tal virtud, subsiste en sus términos el apercibimiento contenido en el auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Cobra vigencia a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 133, tomo XVIIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO". Ahora bien, toda vez que el escrito aclaratorio de cuenta fue presentado el día en que surtió efectos a la parte quejosa el proveído de mérito, la presentación del comunicado de cuenta interrumpió el computo, por lo que éste se reanudará hasta en tanto surta efectos la notificación personal que se practique al impetrante del amparo respecto de este acuerdo. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 1ª/J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo 2012, Tomo 1, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. L'JMZG.

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