Aralia Martínez Vargas

Expediente 1020/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1020/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Aralia Martínez Vargas
  • Aris Paniagua Martínez
  • Aralia Martínez Vargas y Otros.
  • Aris Paniagua Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y, de destrucción el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, dado que en el presente asunto al día de la fecha aún obran las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado; devuélvanse, solicitándo el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite el escrito signado por la parte tercero interesada, por medio del cual se apersona, señala domicilio para recibir notificaciones y nombra autorizados. En consecuencia, acúsese recibo; se le tiene por apersonada y de conformidad con los artículos 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo en relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, la razón actuarial de cuenta, por la cual la funcionaria judicial adscrita hace constar que no le fue posible notificar la instauración del presente sumario, a la tercera interesada Paulina Martínez Vargas; toda vez que por auto de veinticinco de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario.

  4. Principal

    Agréguese el oficio y las constancias enviadas por la autoridad oficiante, por el cual da cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete e informa que el toca 517/2017 se resolvió el veintidós siguiente, el cual determinó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de catorce de junio de dos mil diecisiete, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba las documentales que anexa la autoridad oficiante y fórmese el anexo I. En la especie, se advierte que contra el acto tildado de inconstitucional, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de las copias certificadas de las constancias relativas al toca 517/2017, que remitió el Juez responsable, la cual fue valorada con antelación, se advierte que: El catorce de junio de dos mil diecisiete, el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, emitió interlocutoria relativa al Incidente de Remoción de Albacea deducido del juicio 277/2017. Inconforme con la determinación ahí tomada, la aquí quejosa Aralia Martínez Vargas interpuso recurso de apelación, el cual dio origen al toca de apelación 517/207 del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México. Por diverso escrito, Aralia Martínez Vargas formuló agravio en alcance a su escrito de interposición de recurso de apelación; petición a la cual recayó el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete en el que el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, acordó ".no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación promovido por Aralia Martínez Vargas, hasta en tanto obre el expediente se encuentre en el local de este juzgado (Sic).", inconforme con ello, la ahora quejosa hizo valer recurso de queja, mismo que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete fue inadmitido -constituyendo éste el acto reclamado en el presente juicio de amparo-. Mediante determinación de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, resolvió los autos del toca de apelación 517/207, en el que declaró fundados los agravios expresados por la recurrente Aralia Martínez Vargas, y ordenó revocar la sentencia interlocutoria de catorce de junio de dos mil diecisiete, relativa al Incidente de Remoción de Albacea deducido del juicio 277/2017. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir a la imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete que inadmitido el recurso de queja interpuesto por la quejosa contra el diverso que no aceptó la ampliación de agravios de su recurso de apelación), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de a través de la determinación de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, declaró fundados los agravios expresados por la recurrente Aralia Martínez Vargas, y ordenó revocar la sentencia interlocutoria de catorce de junio de dos mil diecisiete, la cual constituía la materia principal de inconformidad por parte de la recurrente. De ahí que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse declarado fundado el recurso de apelación hecho valer por la aquí quejosa contra la interlocutoria de catorce de junio de dos mil diecisiete, relativa al Incidente de Remoción de Albacea deducido del juicio 277/2017, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. Así, atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas.

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