Aracely Vega Méndez

Expediente 588/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
588/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Aracely Vega Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE 3 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s]. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE 16 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa por el cual cumple con la prevención realizada por auto de radicación. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos jurídicos que a continuación se expresan: El citado artículo refiere, en lo conducente, lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo debe estar en trámite un recurso o medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) Que por virtud de dicho medio, pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En efecto, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, correspondiendo al juzgador determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se solicita amparo. Así, es evidente que la causa de improcedencia, exige la concurrencia de dichos requisitos; de manera que los supuestos que previene requieren para su actualización, en principio, que esté en trámite el medio de defensa intentado y que éste pueda conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad combatido. Tal supuesto trata de evadir la coexistencia de un medio ordinario de defensa con la instancia constitucional, en contra de un mismo acto, que traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive, podrían ser contradictorias. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo3, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución incidental dictada el veinticinco de enero de dos mil veinte, en el juicio sumario 757/1996, a través del cual el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar en el estado de Tamaulipas, con sede en Altamira declaró procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que [1] tiene el carácter de parte en el juicio sumario 757/1996, radicado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar en el estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, por lo que no es persona extraña al procedimiento; [2] que antes de acudir a esta instancia constitucional, interpuso el recurso de apelación en contra de la DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Registro: 192097. resolución incidental dictada el veinticinco de enero de dos mil veinte, el cual se admitió en el efecto devolutivo. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para reunir mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que se está tramitando un medio ordinario de defensa idóneo a través del cual es jurídicamente posible que la parte quejosa obtenga la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, por lo que ya no está en la factibilidad jurídica de solicitar, antes de que se resuelva dicho medio ordinario de defensa, el juicio de amparo indirecto, en virtud de que la resolución incidental dictada el veinticinco de enero de dos mil veinte fue impugnada por la parte quejosa a través del recurso de apelación, tal como fue expresado bajo protesta de decir verdad por la quejosa en el escrito de cuenta. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo promovida por Aracely Vega Méndez, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que realiza respecto a que el recurso de apelación no suspende la ejecución de la resolución reclamada, tal circunstancia no es suficiente para desvirtuar la causa de improcedencia invocada, ni es una a excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, dado que dicha excepción como la plantea la parte quejosa, esta prevista únicamente para actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como en ciertos casos específicos tratándose de menores de edad determinados por la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Robustece lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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