Aracely Valenzuela Moncada
Expediente 237/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aracely Valenzuela Moncada y Otros.
- Aracely Valenzuela Moncada
- Titular de la Fiscalía General de la República
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Luego, el presente expediente es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, aplicado por analogía, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá transferir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. En la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con diez minutos del trece de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 237/2023-VII-A, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se da cuenta con los medios de convicción que ofrecieron las partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, asimismo, se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que el Agente del Ministerio Público de la Federación si realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.Visto para resolver el juicio de amparo 237/2023-VII-A, promovido por el Licenciado Irving Octavio Aranda Anchondo en favor de Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada, contra actos que reclamaron al Titular de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el mismo en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; se remitió la demanda de amparo presentada por el Licenciado Irving Octavio Aranda Anchondo en favor de Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada, contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes reclamó la detención, retención incomunicación e ingreso al domicilio de los directos quejosos Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de febrero de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el expediente número 237/2023-VII-A; decretó la suspensión de plano a favor de los directos quejosos. TERCERO. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a los directos quejosos ratificando la demanda interpuesta a su favor, se admitió a trámite dicha demanda y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien si presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades con residencia dentro de la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la detención, retención incomunicación e ingreso al domicilio de los directos quejosos Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Director de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado conviene únicamente la existencia de la detención reclamada e hizo manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo, respecto a la detención de los directos quejosos, quienes se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía General de la República a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I del Equipo de Investigación y Litigación I en esta ciudad. En cuanto al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en su carácter de Juez de control niega en su totalidad los actos reclamados, sin embargo, realiza manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Por su parte, el Licenciado Julio Cesar Miranda Morales Agente del Ministerio Público Titular de la Célula I del Equipo de Investigación y Litigación I en esta ciudad, niega en su totalidad los actos reclamados, sin embargo, realiza manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las constancias conducentes al acto reclamado, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió el el Licenciado Julio César Miranda Morales, Agente del Ministerio Público Titular de la Célula I del Equipo de Investigación y Litigación I, en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, se dictó acuerdo por el cual se decretó la inmediata libertad de los directos quejosos Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, los directos quejosos Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada, se encontraban detenidos y a disposición de la autoridad responsable, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del acto reclamado. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, se dictó acuerdo por el cual se decretó la inmediata libertad de los directos quejosos Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque la autoridad responsable al dictar el acuerdo por el cual se decretó la inmediata libertad de los aquí quejosos, restableció así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Licenciado Irving Octavio Aranda Anchondo en favor de Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada, contra los actos que reclamaron al Titular de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.
- Principal
se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-1, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte del informe justificado rendido por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, que al momento de la presentación de la demanda de amparo ante el este órgano jurisdiccional, los quejosos se encontraban detenidos en las instalaciones de la Unidad Administrativa a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Julio César Miranda Morales, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I, del Equipo de Investigación y Litigación I, en esta ciudad, bajo la Carpeta de Investigación FED/CHIH/NCG/0000245/2023. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Licenciado Julio César Miranda Morales, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I, del Equipo de Investigación y Litigación I, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación que se le haga del presente proveído, remita las constancias conducentes al acto reclamado en este asunto e informe la situación jurídica de los ahora quejosos Alonso Loya Moncada y Aracely Valenzuela Moncada; apercibida que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del trece de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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