Aracely Santiago Landa y Otros.
Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aracely Santiago Landa y Otros.
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término... para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...
- Principal
... anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 610/2021... se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, debido a no se actualizan los supuestos a los que hace referencia el artículo 7 de la Ley de Amparo, esto es, los actos reclamados no afectan el patrimonio de la parte quejosa respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con particulares, aunado a que se encuentra en una relación de coordinación y no de supra a subordinación con las autoridades señaladas como responsables, por lo que en el caso, la parte quejosa no pierde su facultad de autoridad, por ende, no se le puede equiparar como cualquier particular. No pasa inadvertido que la parte quejosa reclame la omisión de entrega de participaciones federales, pues ello lo hace en atención a que refiere que tales omisiones afectan su posibilidad de desarrollar sus funciones públicas; de ahí que debido a que en el caso las participaciones de que se trata, son relativas a recursos públicos que el municipio pretende utilizar para cumplir con sus planes de gobierno, no se trata de su patrimonio... se destaca que cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales se trata de una afectación a bienes de dominio público, diferente a los casos en los que se acude a defender bienes de dominio privado. Tampoco pasa inadvertido que quienes promuevan este juicio aduzcan acudir en defensa el interés colectivo de la población del municipio de Tlacolulan Veracruz... debido a que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse, que, a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) quien promueva el juicio pertenezca a esa colectividad... Máxime que en el caso de que quienes promueven este juicio consideren que en el caso existe una afectación constitucional hacia el municipio que representan, derivado de una controversia entre dicho municipio y la federación, puede acudir al medio de defensa contemplado en el artículo 105, fracción I de la Constitución, relativo a la controversias constitucionales que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza a... para efectos de que intervenga en nombre de la parte quejosa en este juicio, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** y ***, en sus caracteres de *** y *** promueven juicio de amparo contra actos del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 610/2021 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial, es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por otro lado, el artículo 1, párrafo primero, de la Ley de amparo dispone entre otras cosas, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 7 de la Ley de Amparo prevé que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten e su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con particulares. De dichos artículos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que, en tal caso, son las personas gobernadas quienes pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales que estimen fueron violados por una norma general o un acto concreto de autoridad, sean personas físicas o jurídicas, en términos de lo dispuesto en los artículos 103 Constitucional y 1 de la Ley de Amparo. De igual modo, de conformidad con el diverso artículo 7 de la Ley de Amparo existe una limitante en el sentido de que las personas jurídicas oficiales pueden promover el amparo cuando la norma general, acto u omisión las afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con particulares, de lo contrario dicho juicio será improcedente en términos del último de los artículos citados. Por otra parte, el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece lo siguiente: "Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Cuando en esta Ley se utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a los Estados y al Distrito Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental." Tienen aplicación las tesis siguientes: Localización: Época: Décima Época Registro: 2015321 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.) Página: 1022 "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". Localización: Época: Décima Época Registro: 2005501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: III.3o.T.6 K (10a.) Página: 2475 "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir. HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: 1. Del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad: a) La omisión de dar cumplimiento a la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, número extraordinario 042, en la cual se publicó: "EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ENTRE LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS", el cual establecía la entrega de recursos del FISMDF del Estado a los municipios, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. b) La omisión de dar cumplimiento a la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número 487, de siete de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se publicó el acuerdo por el que se autorizó a diversos ayuntamientos, entre ellos el de Tlacolulan, a celebrar el convenio de coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales con cargo al fondo de fortalecimiento financiero para InversiónA, ejercicio dos mil dieciséis. c) La omisión de dar cumplimiento a la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número 501 de dieciséis de diciembre de dos dieciséis, en el cual se publicó el acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a disponer lo conducente para que se entreguen a los doscientos doce ayuntamientos de la entidad, los recursos transferidos por la federación. 2. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México, lo siguiente: La omisión de realizar las gestiones necesarias a fin de hacer entrega de forma directa al Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, del total de las aportaciones federales denominadas: I. Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del año dos mil dieciséis. II. Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión-A (FORTAFIN-A-2016). CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, debido a no se actualizan los supuestos a los que hace referencia el artículo 7 de la Ley de Amparo, esto es, los actos reclamados no afectan el patrimonio de la parte quejosa respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con particulares, aunado a que se encuentra en una relación de coordinación y no de supra a subordinación con las autoridades señaladas como responsables, por lo que en el caso, la parte quejosa no pierde su facultad de autoridad, por ende, no se le puede equiparar como cualquier particular. No pasa inadvertido que la parte quejosa reclame la omisión de entrega de participaciones federales, pues ello lo hace en atención a que refiere que tales omisiones afectan su posibilidad de desarrollar sus funciones públicas; de ahí que debido a que en el caso las participaciones de que se trata, son relativas a recursos públicos que el municipio pretende utilizar para cumplir con sus planes de gobierno, no se trata de su patrimonio. En ese contexto, se destaca que cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales se trata de una afectación a bienes de dominio público, diferente a los casos en los que se acude a defender bienes de dominio privado. Tampoco pasa inadvertido que quienes promuevan este juicio aduzcan acudir en defensa el interés colectivo de la población del municipio de Tlacolulan Veracruz. Lo anterior debido a que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse, que, a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) quien promueva el juicio pertenezca a esa colectividad. Es aplicable la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Lo anterior debido a que como se estableció previamente, las omisiones que se reclaman en este asunto implican una afectación a bienes de dominio público y no una afectación de un interés difuso exclusivo de la colectividad que la parte quejosa aduce representar. Máxime que en el caso de que quienes promueven este juicio consideren que en el caso existe una afectación constitucional hacia el municipio que representan, derivado de una controversia entre dicho municipio y la federación, puede acudir al medio de defensa contemplado en el artículo 105, fracción I de la Constitución, relativo a la controversias constitucionales que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación Similares criterios fueron utilizados por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al desechar la demanda que dio origen al juicio de amparo 589/2020 de su índice; determinación que quedó firme al resolverse como infundado el recurso de queja interpuesto en su contra, radicado como queja 145/2020 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza a ***, para efectos de que intervenga en nombre de la parte quejosa en este juicio, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.
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