Aracely Sánchez Ruiz
Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aracely Sánchez Ruiz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el dieciséis de noviembre del actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós a través del que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
III. Con esta fecha se notifica por esta vía a la parte promovente el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por ARACELY SÁNCHEZ RUIZ, contra actos de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Boca del Río. Fórmese expediente bajo el número 983/2022, y provéase lo conducente. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, el suscrito juzgador procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza una causa de improcedencia y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Ello es así, pues en el caso se configura la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 172, fracciones III, VII y XII, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; (.)." XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte, no puedan ser reparados en la sentencia que se dicte en el juicio respectivo. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo indirecto son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos protegidos por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V, del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley." Así, dado que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama ".no permitirme ofrecer mi escrito de pruebas, además admitir las de la parte actora, sin antes correrme traslado de las mismas, dejándome en un estado de indefensión, al haberme privado de mis derechos dentro de la audiencia de ofrecimiento y admisión de las Pruebas, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, esto dentro del ACTA LEVANTADA DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, DEL EXPEDIENTE LABORAL 1340/IX/2021." es patente que el acto reclamado no es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que incide en el ofrecimiento y desahogo de unas pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio natural, violación que puede ser reparada si obtiene laudo favorable a sus intereses, en razón de que no origina desde luego un ataque a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior es así, porque la circunstancia de que la Junta responsable no haya admitido las pruebas ofrecidas por la ahora quejosa para su valoración al momento de resolver en definitiva el juicio laboral de origen, bajo la consideración que según refiere la propia promovente, no significa que dicha determinación final, necesariamente vaya ser desfavorable a los intereses de la impetrante y, en caso de que así fuera, estará en condiciones de hacer valer tal violación procesal a través del juicio de amparo directo, en los términos del artículo 172, fracción III de la Ley en la Materia, y obtener por ese medio, que se subsane la infracción procesal y las que se lleguen a cometer durante el procedimiento. Por todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, interpretado en contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Se le tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita en su demanda de amparo, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su respectiva cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSULTA Y NOTIFICACIONES Por otra parte, de conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario GGF1304, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe.
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