Aracely Moreno Izaguirre
Expediente 403/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Aracely Moreno Izaguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya certificado el término a la autoridad responsable y al tercero interesado para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente sumario; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio procesal de la autoridad responsable de mérito el que señala en el oficio que se provee y como delegados a las personas que menciona en términos del artículo 9 del citado ordenamiento legal. Por otra parte, la citada responsable en apoyo de su informe con justificación acompaña copia certificada del acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 448/2015/M-4 de su índice, del exhorto 101/2021 dirigido al Juez Primero Civil, con sede en esa ciudad, del escrito de la parte quejosa de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las actuaciones que integran el exhorto 02160/2015/CON enviado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de proveer sobre la ejecución del laudo emitido en los autos del expediente laboral 448/2015/M-4 del índice de la responsable, lo cual solicitó a través del escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por otro lado, se observa que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante oficio que se provee el Tribunal responsable rinde su informe justificado, negando la certeza del acto reclamado y remite en su apoyo copia certificada del acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 448/2015/M-4 de su índice, del exhorto 101/2021 dirigido al Juzgado Primero Civil, con sede en esa ciudad, del escrito de la parte quejosa de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las actuaciones que integran el exhorto 02160/2015/CON enviado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, del contenido de dicho proveído, se desprende que la Presidenta del Tribunal responsable, ante la fe del Secretario General de Acuerdos, proveyó lo relativo al contenido del escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que tuvo por recibido el exhorto 02160/2015/CON enviado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, en el que se requirió a la demandada Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, aquí tercera interesada, por el cumplimiento del laudo, sin que lo haya hecho, por lo que hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de siete de octubre de dos mil veinte y le impuso una multa, girando oficio para tal efecto a la Secretaría de Finanzas; asimismo, libró el exhorto 101/2021 dirigido al Juez Primero Civil, con sede en esa ciudad, para que requiriera al Ayuntamiento demandado por la inmediata reinstalación de la quejosa como Secretaria del Departamento de Proyectos Productivos de dicho municipio, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se turnarían los autos al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para los efectos correspondientes. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer lo conducente respecto al escrito recibido por la responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el apoderado legal de la quejosa Aracely Moreno Izaguirre; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por ausencia temporal del Titular derivado del segundo periodo vacacional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la autorización aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/3083/2020, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial de dicho Consejo, asistida de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 403/2020 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio procesal de la autoridad responsable de mérito el que señala en el oficio que se provee y como delegados a las personas que menciona en términos del artículo 9 del citado ordenamiento legal. Por otra parte, la citada responsable en apoyo de su informe con justificación acompaña copia certificada del acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 448/2015/M-4 de su índice, del exhorto 101/2021 dirigido al Juez Primero Civil, con sede en esa ciudad, del escrito de la parte quejosa de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las actuaciones que integran el exhorto 02160/2015/CON enviado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de proveer sobre la ejecución del laudo emitido en los autos del expediente laboral 448/2015/M-4 del índice de la responsable, lo cual solicitó a través del escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por otro lado, se observa que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante oficio que se provee el Tribunal responsable rinde su informe justificado, negando la certeza del acto reclamado y remite en su apoyo copia certificada del acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 448/2015/M-4 de su índice, del exhorto 101/2021 dirigido al Juzgado Primero Civil, con sede en esa ciudad, del escrito de la parte quejosa de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las actuaciones que integran el exhorto 02160/2015/CON enviado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, del contenido de dicho proveído, se desprende que la Presidenta del Tribunal responsable, ante la fe del Secretario General de Acuerdos, proveyó lo relativo al contenido del escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que tuvo por recibido el exhorto 02160/2015/CON enviado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, en el que se requirió a la demandada Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, aquí tercera interesada, por el cumplimiento del laudo, sin que lo haya hecho, por lo que hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de siete de octubre de dos mil veinte y le impuso una multa, girando oficio para tal efecto a la Secretaría de Finanzas; asimismo, libró el exhorto 101/2021 dirigido al Juez Primero Civil, con sede en esa ciudad, para que requiriera al Ayuntamiento demandado por la inmediata reinstalación de la quejosa como Secretaria del Departamento de Proyectos Productivos de dicho municipio, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se turnarían los autos al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para los efectos correspondientes. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer lo conducente respecto al escrito recibido por la responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el apoderado legal de la quejosa Aracely Moreno Izaguirre; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por ausencia temporal del Titular derivado del segundo periodo vacacional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la autorización aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/3083/2020, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial de dicho Consejo, asistida de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 157/2020 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa -Adán González Otero-, mediante proveído de diez de diciembre de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo cual la parte quejosa realizó manifestaciones; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Así, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se terminó de engrosar la sentencia, en la que se concedió al quejoso Adán González Otero, el amparo y protección de la justicia federal solicitado para el siguiente efecto: "(.) El suplente del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, deje insubsistente el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinte, por medio del cual dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario CHJ/PAD/003/2020, del índice de dicha comisión; y en vía de consecuencia las actuaciones posteriores a dicho acuerdo -en virtud de que si la determinación inicial atribuida a la autoridad responsable citada resultó ilegal, en vía de consecuencia, los actos posteriores se encuentran viciados de inicio-; y, Con plenitud de jurisdicción, emita otro acuerdo, debidamente fundado y motivado; en el que determine lo conducente en relación con la consignación de la queja DSPTM/UEAI/002/2019 y se citen los ordenamientos legales en su denominación correcta. (...)" Igualmente, resulta conveniente precisar que, en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se proveyó sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia concesoria de amparo y se determinó que no estaba cumplida, en razón que si bien en auto de seis de noviembre de esta anualidad, la autoridad responsable dejó insubsistente el diverso acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinte, por medio del cual inició el procedimiento administrativo disciplinario CHJ/PAD/003/2020; lo cierto era que, de las manifestaciones y de las constancias que adjuntó la parte quejosa con el desahogo de la vista otorgada en esa ocasión, se advirtió que no dejó insubsistente en su totalidad las actuaciones posteriores al referido proveído de veinte de mayo del año actual; por lo que se requirió nuevamente a la autoridad señalada como responsable para que dejara insubsistentes las actuaciones posteriores al acuerdo de veinte de mayo del año actual, por medio del cual dio inicio al mencionado procedimiento administrativo disciplinario. En acatamiento a lo anterior y como complemento al cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo, la autoridad responsable remite copia certificada del oficio DSPTM/CHJ/3956/2020 de siete de diciembre de dos mil veinte, librado a efecto de reintegrar las retenciones salariales realizadas al quejoso Adán González Otero, un recibo de nómina a nombre de éste y reporte de transmisión de archivo de pagos en el banco "Grupo Financiero Banorte", respecto de dicha persona. En consecuencia, de acuerdo a lo que prevé el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se ha dado cumplimiento al fallo protector, y que no existe exceso o defecto en ello; toda vez que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos, pues dejó insubsistente el diverso acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinte, por medio del cual inició el procedimiento administrativo disciplinario CHJ/PAD/003/2020 y sus consecuencias, ya que reintegró las retenciones salariales realizadas al quejoso Adán González Otero, un recibo de nómina a nombre de éste y reporte de transmisión de archivo de pagos en el banco "Grupo Financiero Banorte", respecto de dicha persona. Por otra parte, en cuanto al escrito de cuenta, dígasele al quejoso que se esté a lo acordado en esta resolución, dado que es coincidente con su manifestación. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. ...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Araceli Mayorga Carranza229/2020
- Araceli Mayorga Carranza250/2020
- Araceli Tello Ramírez17/2019
- Araceli Tello Ramírez417/2021
- Aracely Annelis García Chavero394/2023
- Aracely Hernández Lule93/2023
- Aracely Moreno Izaguirre73/2018
- Aracely Moreno Izaguirre298/2021
- Aracely Moreno Izaguirre352/2021
- Aracely Moreno Izaguirre244/2020
- Aracely Moreno Izaguirre428/2019
- Aracely Moreno Izaguirre240/2020