Aracely Montoya Campos
Expediente 721/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aracely Montoya Campos
- Ma Guadalupe Montoya Campos (Representante Comun)
- ARACELY MONTOYA CAMPOS y Otros.
- MA GUADALUPE MONTOYA CAMPOS (REPRESENTANTE COMUN) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
... Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia por la que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: No se allegaron documentos por las partes. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
......TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial de Pénjamo, Guanajuato, toda vez así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el diverso oficio *** dentro del cual obra el oficio *** de diez de septiembre de dos mil veinte juicio, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, esta juzgadora advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, de la citada legislación, por las razones que se expondrán. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos en mención, así como por el diverso 107, fracción I, Constitucional se aprecia que la aptitud para promover el juicio de amparo se limitó, tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen idénticas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Por tanto, para promover el juicio de amparo en esta hipótesis debe acreditarse el interés jurídico. Asimismo, de dichos artículos se advierte que la facultad de promover el juicio de amparo en contra de actos distintos a los provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, existirá: Cuando el acto reclamado afecte directamente la esfera jurídica del quejoso -noción que se equipara a lo que tradicionalmente se había entendido como interés jurídico-; o bien, Si el acto reclamado afecta al peticionario del amparo "en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", también llamado interés legítimo, sea individual o colectivo. Entonces, en primer lugar, conforme a la redacción del texto constitucional, la potestad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía-, sino que ahora se ha contemplado que también pueda realizarse por quien resiente afectación en sus intereses legítimos. En consecuencia, debe entenderse que a partir de los cambios acaecidos al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sólo operará si el quejoso no acredita una afectación a sus intereses jurídicos tratándose de actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, o bien, legítimos respecto de actos de autoridades administrativas. En este caso, atendiendo al acto que el solicitante de amparo acude a esta instancia constitucional a reclamar la procedencia de la acción de amparo, está condicionada a acreditar el interés legítimo, pues se trata de un acto que no proviene de un procedimiento judicial y no es un acto administrativo dirigido al quejoso, pero que puede generarle perjuicio en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar, que por interés legítimo se entiende aquel interés individual o colectivo, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, esto es, la situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Luego, en el caso que nos ocupa, los quejosos acuden con el carácter de terceros extraños y se duelen en esencia del oficio *** de diez de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, otorgó permiso de construcción a la tercera interesada *** respecto de un muro perimetral en el predio ubicado en *** acto en el que no se les tomó en cuenta, y con su construcción se les impedirá el acceso a su domicilio, mismos que se encuentran en *** Sin embargo, no justifican alguna afectación a su esfera de derechos con el acto que señalan como reclamado, pues no ofrecieron ningún medio de prueba para acreditar su interés en la presente instancia constitucional, que haga procedente el juicio de amparo, esto es, no acreditaron la posesión o algún derecho que tengan respecto de algún bien inmueble respecto de los cuales dicen se ven afectado por el acto de autoridad, esto es en la *** y que, por tanto, la afectación a ese bien les perjudica. En ese sentido, los promoventes del amparo no acreditaron su interés legítimo en el presente juicio de amparo, el cual, es definido como una situación jurídica activa que permite la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo (interés jurídico), una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se deriven. En otras palabras, el interés legítimo faculta al gobernado cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que se imponga otra distinta, pero sí a exigir de la administración el respeto y debido cumplimiento de la norma jurídica. Es así, debido a que, el interés legítimo es la facultad que tienen todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen interés en que determinados actos de autoridad, se ajusten a la legalidad, cuyo objeto es que al ejercerlo les sea reparado el derecho violado; es decir, es aquella circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea aquella persona que resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o bien, que se violen derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Circunstancia que, se insiste, no acreditaron los quejosos en el presente juicio de amparo, pues no ofrecieron ningún medio de prueba, pues si bien por conducto de su autorizado mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, ofertaron una inspección judicial, la misma fue desechada al resulta extemporánea su presentación. De ahí que no se haya demostrado por parte de los quejosos algún derecho que proteger, y por consiguiente, evidenciada la afectación real y actual a su esfera jurídica, que dicen sufrir con motivo del citado acto, y por ende, que hayan acreditado su interés legítimo en esta instancia. En ese sentido, esta juzgadora se encuentra impedida para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, pues, como se tiene dicho, la transgresión a la esfera de derechos debe comprobarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, para el efecto de que de resultar procedente, se conceda la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por el interés que hayan demostrado, lo que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo. En consecuencia, al no haber acreditado los peticionarios del amparo la afectación a su esfera de derechos, necesario para ocurrir a la instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; razón por la cual procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo...
- Principal
... Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Administración pública municipal de Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, y al efecto, remite copia certificada de las constancias que integran el oficio PMP/DDUE/5325/2020, que se advierte, corresponden a la documentación que tomó en consideración para la emisión de los actos reclamados. En atención a lo anterior, ténganse las citadas documentales como pruebas de la referida autoridad en apoyo a su informe justificado, con las cuales se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Al respecto, no se inadvierte que en la demanda la parte quejosa señala como acto destacado el permiso otorgado a través de la diversa misiva PMP/DDUE/5326/2020, emitida por la responsable; sin embargo, se precisa que dicha documental obra agregada en el legajo en cuestión. REQUERIMIENTO Por otra parte, de la revisión del oficio correspondiente al acto reclamado, se advierte que contó con una vigencia de tres meses a partir de su emisión, que aconteció el diez de septiembre de dos mil veinte. En ese sentido, dado que a la presente fecha ha transcurrido dicha temporalidad, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se requiere a la Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial, con sede Pénjamo, Guanajuato, para que en el término de tres días, contado a partir de la recepción del respectivo oficio, informe si la parte interesada solicitó prórroga respecto del permiso de construcción contenido en el oficio PMP/DDUE/5326/2020, o bien, realizó la solicitud para el aviso de terminación de obra, debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias que así lo acrediten, por ser necesarias para resolver el presente asunto; las cuales deberán remitir debidamente fotocopiadas, foliadas, rubricadas y legibles en su totalidad. Se apercibe que de no hacerlo, se le impondrá una MULTA de CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Notifíquese.
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En ese orden, no pudo llevarse a cabo la audiencia constitucional del presente juicio, al encontrarse programada dentro de ese período. Reanudación del trámite Ahora bien, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales referidos, por lo que se reanuda el trámite del presente asunto, en el entendido que la reanudación de plazos operará hasta que se notifique el presente proveído. Se acuerda informe Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico por la Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial, con sede Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe de ley. El cual se pone a la vista de las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación en la audiencia de ley. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene designando como sus delegados a las personas que menciona, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Así también, se tiene a dicha autoridad proporcionando las cuentas de correo electrónico que indica en tal misiva, las cuales serán consideradas para efecto de que el personal del juzgado pueda establecer contacto por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Se requieren constancias Ahora, como se aprecia del citado informe, la responsable aceptó la existencia del acto reclamado, sin embargo, fue omisa en acompañar constancias para su apoyo, por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial, con sede Pénjamo, Guanajuato, para que, en el término de tres días, contado a partir de la recepción del respectivo oficio, remita a este juzgado copia certificada de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado; por ser necesarias para resolver el presente asunto; las cuales deberán remitir debidamente fotocopiadas, foliadas, rubricadas y legibles en su totalidad. Con el apercibimiento que de no hacerlo y no justificar el impedimento legal o material que tuviera, se le impondrá una MULTA de CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Se acuerda promoción Se tiene por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual ofrece prueba de inspección judicial; en atención a su contenido, se reserva proveer lo conducente a dicho medio de convicción hasta el momento procesal oportuno. Fecha de audiencia En consecuencia, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional...
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