Aracely Elizabeth Rivera Cruz
Expediente 1011/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aracely Elizabeth Rivera Cruz
- ARACELY ELIZABETH RIVERA CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Feliciano Humberto Santos Rojas, con quien actúa y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1011/2019. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo y las documentales que se adjuntan a ésta, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al órgano jurisdiccional la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por . . ., pues de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se considera que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. Ahora, del estudio integral de la demanda se advierte que . . ., plantea como actos reclamados los siguientes: De la C. Directora de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, De la Autoridad responsable como ordenadora, reclamo el acuerdo de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve y del cual tuve conocimiento en fecha veintiocho de octubre del año en curso, por conducto de persona diversa y al no haberme notificado personalmente. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). . . Si bien es cierto que la promovente aduce que el acto reclamado deriva de lo estipulado en la Ley General de Salud, relativo a un dictamen de condiciones sanitarias del establecimiento ubicado en la calle . . . ; también lo es que en el artículo 58 del reglamento interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, se mencionan las facultades que la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario tiene como autoridad administrativa, por lo que, es un hecho notorio que dicha autoridad forma parte de la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Oaxaca, y su actuación está supeditada a lo reglamentado en la Ley Estatal de Salud y la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En ese orden, contra el acto reclamado que según la quejosa afecta su esfera jurídica, procede el recurso de inconformidad previsto en los artículos 341 a 352 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca y/o a consideración de la interesada, el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 98 a 117 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por así estar establecido en el artículo 153, de la misma Ley, que a la letra dice: ARTÍCULO 153.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante este último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Ante tales circunstancias, el acto reclamado, carece de definitividad para los efectos del amparo, toda vez que la impetrante tiene a su alcance un medio administrativo de impugnación y un juicio ordinario para defender los derechos que considere afectados con motivo del acto reclamado, previo a acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, porque el acuerdo del que se duele, no carece de fundamentación (ya que la promovente indica expresamente la aplicación del artículo 61 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca), no se alegan violaciones directas a la constitución y los citados medios de impugnación sí están previstos en las leyes de la materia. En razón de lo antes expuesto, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Domicilio y autorizados. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones y por autorizados a las personas que indica en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo debido a que no están dados de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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